Los Palacios y Villafranca - Sevilla

FRAUDE EN EL EMPLEO: 48 HORAS

Ultimátum de la juez a la Junta para que le envíe los papeles

Detecta más intrusos que Empleo en Surcolor, Saldauto e Hytemasa y acusa al Ejecutivo de «falta de colaboración»

MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA

Día 24/03/2011 - 07.45h

A la tercera va la vencida. Eso ha debdo pensar la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya que, tal y como anunció ABC. después de pedir a la Junta de Andalucía en dos ocasiones que le enviara los papeles de los ERE fraudulentos, ahora le ha dado «un plazo de 48 horas» para que le remita los papeles. Y es que pese a que la Junta de Andalucía presumía de colaboración «proactiva», la instructora le acusa en un auto firmado el lunes de «falta de colaboración». Y ordena librar «nuevo mandamiento» a la Intervención General de la Consejería de Hacienda para que en 48 horas como máximo le remita los documentos solicitados. Y también para que abandone «la mera actitud pasiva» que ha mantenido.

Pero los papeles que quiere la juez no son cualquier cosa sino toda una batería de documentos. Le pide copia compulsada de las actas de los consejos de dirección de las Consejería de Empleo, de Economía, de Hacienda y de la de Presidencia así como las actas de los consejos de gobierno celebrados desde 2001 a la actualidad.

También le pide al interventor que informe sobre la procedencia de los informes de actuación durante la etapa investigada. Y que explique por qué las transferencias efectuadas a través del IFA por la Consejería de Empleo, bajo la fórmula de transferencias de financiación se realizaron «prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo» previsto en la ley de Hacienda. Que es el procedimiento de subvención excepcional tal y como recoge el informe de la Intervención General.

También pide que se informe en caso de no haber existido informes de implantación por el IFA o IDEA de «las verdaderas razones que se conozcan para no haberlos emitido».Y eso porque, dice, es «un incumplimiento flagrante» del decreto que establece para la emisión del informe un plazo de seis meses como máximo desde el informe de cumplimiento de la Intervención General. Y también pide que la Intervención justifique por qué no requirió esos informes y no emitió un informe de actuación.

Además pide un «pronunciamiento expreso» de las consejerías y en su caso del Consejo de Gobierno sobre los informes de la Intervención. y qué se explique detalladamente porque no se emitieron al constatarse año tras año por la Intervención que las transferencias a través del IFA o IDEA por la Consejería se realizaron incumpliendo un decreto y pese a que se trata de una empresa pública sometida al control financiero permanente por la Intervención General de la Junta.

La juez también pide el informe emitido por la Intervención General de reparos al pago de la subvención a la empresa Hijos de Andrés Molina. Y al IFA los informes de cuentas anuales, auditorías externas, programas de actuación, inversión y financiación y sobre el grado de implantación de las recomendaciones de la Intervención así como los traslados de dichos informes al titular de la Consejería de Innovación desde 2001 al 2004 y a IDEA desde 2005 hasta 2009. Pero, en otro auto emitido hace algunos días y en el que también calificaba de «incompleta e insuficiente» la información remitida por la Junta, le pide explicaciones de por qué admite la existencia de menos intruso de los que hay. Así en relación a Saldauto «se señala a tres intrusos, cuando en realidad de la documentación recibida el número de intrusos indiciariamente se elevaría a ocho».

También requiere a la Junta que explique «por qué en Surocolor se señalara dos falsos trabajadores, cuando en realidad son once». Y con respecto a Hitemasa que explique por qué señala a Estrella Blanco como beneficiaria de una póliza suscrita pese a que no tenía relación con el ERE de dicha empresa, cuando en el atestado policial aparecen otros tres como beneficiarios: Cesar Braña (fallecido), Nieves Ruiz y Josefa Martínez Elvira. También le pide que explique por qué incluye como intruso en Germans a Luis Vega cuando consta como trabajador desde 1979 teniendo en cuenta que para esa empresa se realizó una póliza junto a Bonpunt, Auxiliares de Bonpunt, Cydeplast y Ros Fotocolor.

Otra petición de explicaciones hace referencia a por qué el ex director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero se comprometió a pagar 1.981.000 euros para una póliza de 18 trabajadores en Bonpunt mientras que en Cydeplast dio 292.548 euros para 34. O en Springer Arteferro otorgó para doce trabajadores 2.015.247 euros y luego le dio 796.978 euros. Y le pregunta por «las razones que puedan motivar la diferencia económica en tales prestaciones».

La juez unifica la causa de los ERE de la Junta con la de las irregularidades en los ERE de Mercasevilla, porque ambas apuntan a «la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE y Planes de Jubilación Anticipada con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral». Pero, dada la complejidad de la causa, acuerda formar una pieza separada para cada una de las empresas con ERE fraudulentos: Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Calderinox, Cydeplast, Hitemasa, Springer Arteferro 2006, Sur Color, Sos Cuetara, Germans y Cash Lepe.

https://ww.abcdesevilla.es/20110324/andalucia/sevi-ultimatum-juez-junta-para-201103232357.html

y eso que la junta dice que esta colaborando,yo creo que lo que esta es ganando tiempo para maquillar el fraude.ojala hubiese mas jueces como esta,entonces podriamos decir que la democracia y la justicia funciona.poner un juez o dos en cada pueblo evitaria todo esto pero claro eso no le conviene a los politicos.esta gentuza se ha creido que el cortijo es suyo y sabra dios lo que queda por descubrir.