Los Palacios y Villafranca - Sevilla

La Fiscalía elude pedir pena de cárcel para los acusados de Mercasevilla

07:04 (24-02-2011) | 28

Se limita a solicitar una multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación a los cuatro imputados. Uno de los encausados es el ex delegado de la Junta de Andalucía.

E. M. A. Madrid

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha eludido pedir una pena de cárcel para los cuatro imputados en el caso Mercasevilla, a los que se acusa de supuesto intento de cobro de comisiones ilegales: el ex director de la lonja, Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; la coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla en el momento en el que ocurrieron los hechos, María Regla Pereira; y el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo de la Junta autonómica, Antonio Rivas.

El fiscal Juan Enrique Egoecheaga se limitó a aplicar el artículo 425.1 del Código Penal, por el que el cohecho sólo se castiga con multas e inhabilitación profesional, que en este caso se ha traducido en 21 meses de suspensión y 900.000 euros para cada uno de los acusados. Sin embargo, el mismo Código Penal sí prevé, para algunos casos, penas de cárcel por delitos de soborno. Por el contrario, el PSOE de la Comunidad Valenciana no escatimó el lunes en sus peticiones en el denominado caso de los trajes y pidió hasta tres años de cárcel para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuando el delito de cohecho impropio, según la ley, no acarrea castigos de prisión.

Según el relato del fiscal, el Servicio Andaluz de Empleo, la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y la compañía Alazar firmaron en diciembre de 2007 un acuerdo para la creación de un centro de formación de hostelería en los terrenos de Mercasevilla.

En agosto del año siguiente, el propio Mellet pidió al Servicio Andaluz de Empleo una subvención para poner en marcha esta escuela y seis meses después, en diciembre de 2008, se le concedían para tal efecto 900.000 euros. Es en ese momento cuando entra en juego el ex delegado provincial de la Junta, que se alió con el ex director de Mercasevilla para proponer a los gerentes del grupo Alazar que, a cambio de una comisión de 300.000 euros, le encargarían la gestión y explotación de dicho centro de formación.

Según prosigue el escrito de la acusación, tanto Daniel Ponce como María Regla Pereira consintieron tal acuerdo.
Sin embargo, los empresarios del grupo Alazar grabaron una conversación con los acusados en la que Ponce y Mellet insistieron en el soborno bajo el falso argumento de que el dinero era para una “colaboración con la Junta”, que más tarde podría traducirse en otras subvenciones. Esta grabación fue entregada por los propios empresarios en la consejería de Empleo y esta elevó la denuncia a la Fiscalía. Finalmente, el maletín nunca llegó a manos de los acusados, según se desprende del escrito del Ministerio Público.

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