Los Palacios y Villafranca - Sevilla

La Junta culpa al Gobierno del PP por pagar los ERE que ella preparaba

Intenta inculpar a Zoido y Zaplana por tramitar los expedientes de Río Tinto. Pese a acusar al PP, se niega de nuevo a facilitar la investigación de los hechos

Día 23/02/2011 - 11.17h

La Junta de Andalucía y el PSOE cambiaron ayer de estrategia respecto al presunto fraude de los ERE en Andalucía e iontentaron inculpar al PP en los hechos, particularmente con las prejubilaciones de la empresa Minas de Rio Tinto.

El hoy vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, parece decidido a sacudirse el escándalo de los ERE irregulares en esta Comunidad, que se aprobaron cuando él era máximo responsable del Gobierno andaluz. El único camino que encontró ayer en el Senado, cuando trataba de zafarse del acoso al que le sometió el senador del PP, Rafael Salas, para que explicara los hechos en la sesión de control al Gobierno, fue apuntar directamente a los ex ministros de Trabajo del PP, Javier Arenas y Eduardo Zaplana, y al ex delegado del Gobierno y hoy candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, por haber aprobado los ERE de la empresa Riotinto y de haber conocido la lista de los prejubilados.

La misma teoría fue sostenida horas antes en Sevilla por la Junta de Andalucía, cuya titular de Presidencia, Mar Moreno, quien señaló a Zoido como «responsable político» del expediente porque «validó, a instancias del Ministerio, la lista de los prejubilados y trabajadores que aportaban los sindicatos». Tal y como ha informado ABC en los últimos días, la lista de incluidos en el plan y sus vidas laborales eran determinadas por los sindicatos y la Junta, y el Gobierno se limitaba a aplicar los coeficientes correspondientes al cargo. La propia empresa se negó a firmar el acuerdo ante la alteración en las vidas laborales presentadas al Ministerio por la Junta y los sindicatos.

La nueva teoría del PSOE provocó ayer en el Senado un vibrante y tenso debate lleno de gritos cruzados entre la bancada socialista y popular. Chaves llegó a decir que «la elección de las personas prejubiladas era competencia del Ministerio de Trabajo, cuyo titular era Zaplana. Él aprobó los coeficientes reductores de la edad de jubilación y 34 millones de ayudas extraordinarias para financiar la prejubilación».

La respuesta del vicepresidente de Zapatero provocó la hilaridad de los senadores populares, que llegaron a aplaudir su intervención. Chaves reaccionó intentando repartir la responsabilidad con los ex altos cargos del PP, después de haber escuchado las palabras del senador popular, que le había advertido que «la trama es suya enterita». Salas le echó en cara que este escándalo es reflejo de las «malas prácticas del Régimen (en alusión a Andalucía)» y que ha sido «un festival de acólitos del Régimen que se llevaron el dinero de los parados andaluces». Además, le advirtió que «no presuman que van a llegar hasta el fondo. Primero hay que llegar al principio, y ahí está usted, y los consejeros de Empleo, el consejero de Hacienda, que era José Antonio Griñán y el director general de Empleo, al que ahora llaman sinvergüenza».

Finalmente, el senador popular comparó el escándalo de los ERE con el «Faisán, es similar. Todo vale. No saben donde poner el cortafuegos, la vieja guardia culpa a la nueva y ésta no quiere comerse el marrón. Asuma su responsabilidad y dimita».

Las «graves acusaciones, patética intervención y nerviosismo» de Chaves en el hemiciclo, a juicio de la senadora y portavoz del Trabajo del PP, Alicia Sánchez Camacho, provocó que esta compareciera ante los medios de comunicación para anunciar una serie de medidas para desmontar las acusaciones del vicepresidente. Así, asegura que, de forma urgente y aplicando el artículo 20 del Reglamento del Senado solicitarán al Gobierno toda la documentación sobre los expedientes autorizados por la Junta de Andalucía. Por último, recordó que la aprobación de los ERE es competencia de la Junta de Andalucía y que el Ministerio lo único que hace es ratificarlos.

Bloqueo en el Congreso

Mientras tanto, y a pesar de señalar al PP como responsable de las irregularidades, el PSOE sigue obstaculizando la investigación del escándalo. Ayer en el Congreso, los socialistas vetaron en la Mesa la propuesta del Grupo Popular para que compareciera el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y explicara la actuación de la Fiscalía Anticorrupción ante las irregularidades de los ERE. Los tres representantes socialistas, con José Bono a la cabeza, contaron con el apoyo de CiU y el PNV para devolver la iniciativa al PP, al que invitaron a «reformularla» para que fuera aceptada.

La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció la actitud «obstruccionista» de los socialistas y criticó que el PSOE y el Gobierno «en lo único en que se coordinan es en evitar que los ciudadanos conozcan la verdad».
La Junta ve en desuso la comisión de investigación
Mar Moreno, consejera de la Presidencia, manifestó ayer que la posibilidad de suprimir las comisiones de investigación en las instituciones, después de haberse opuesto el presidente de la Junta a crear una sobre el caso de los ERE, es una reflexión que se podría hacer en muchos parlamentos autonómicos donde «es una figura francamente en desuso, pero desde luego no es una iniciativa ni nada que nosotros vayamos a plantear, desde luego, ya que entendemos que no se trata de la figura, sino del uso que se hace de esa figura». Según Mar Moreno, la comisión de investigación no está justificada cuando el caso está «sub júdice».

https://ww.abcdesevilla.es/20110223/andalucia/sevi-junta-culpa-gobierno-pagar-201102222306.html