Los Palacios y Villafranca - Sevilla

Sevilla
Antes empresaria, ahora en la miseria

La rescisión de un contrato a su empresa la arruinó y desde noviembre protesta cada día ante Obras Públicas

GLORIA GAMITO / SEVILLA

Día 15/01/2011

FELIPE GUZMÁN

María Jesús y su padre, Vicente Horcas, a las puertas de la Consejería de Obras Públicas.

María Jesús Horcas, de Córdoba, tiene 27 años y es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. De dueña de la empresa Procasur 2005 S.L., con 30 trabajadores y 20 autónomos contratados, ha pasado a tener todo embargado y a recibir alimentos de ayuda humanitaria para poder subsistir. Desde el pasado 4 de noviembre protesta diariamente a las puertas de la Consejería de Obras Públicas en la calle Diego Martínez Barrios. Lo ha perdido todo y lo único que pretende es que la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, la reciba y explicarle su caso ya que las obras en las que trabajaba su empresa como subcontrata de la UTE Santa Ana son las del AVE Sevilla-Granada. Hasta ayer eran 71 días los que lleva allí y tiene acumuladas 35 solicitudes de entrevista con la consejera, sin recibir respuesta.
Con su padre Vicente y su hermano Ángel David, viene todos los días desde Córdoba para que su protesta sea visible. Hay veces que hasta duerme en su furgoneta. Sólo exigen que les paguen lo que han trabajado: «Parece que estamos aquí como pidiendo limosna, cuando pedimos lo trabajado, sólo lo que nos deben».
Procasur 2005 S.L. comenzó a trabajar el 25 de 2009 como subcontrata de la UTE Santa Ana, formada por Bruesa y Corsan Corvián, en el tramo del Ave Sevilla Granada de Fuente Piedra a Santa Ana, cerca de Antequera. Su trabajo consistía en movimientos de tierras. Según María Jesús, la UTE Santa Ana, rescindió el 15 de octubre de 2009 el contrato. Antes dice, querían que firmara un documento como «que ambas partes estábamos de acuerdo en parar las excavaciones y nos negamos. Nos debe los meses de septiembre y octubre de 2009 y el suplemento de transporte desde ma-yo de ese año, 779.746,77 euros». María Jesús señala que intentaron cobrar y siguieron sus trabajos en otras obras: «Hasta que empezaron a llegar los embargos, ya que algunos de mis acreedores me denunciaron. Tengo embargada la maquinaria y las facturaciones y no puedo trabajar».
Por su parte, Corsan Corvián señala que rescindió el contrato por desatender las indicaciones del jefe de obras en cuanto a los movimientos de tierra y por temores de seguridad. Esta empresa ha señalado a ABC «que la UTE es perfectamente solvente y que no hay ni una sola reclamación de ninguna otra subcontrata ni de proveedores».
Piensa María Jesús que la Junta de Andalucía como propietaria, debe intervenir como responsable civil subsidiaria. Cuando era consejera Rosa Aguilar le pidió una entrevista. Sólo pudo hablar con su secretaria, Fátima Peña: «Nos dijeron que no podían hacer nada si no había una demanda. En marzo de 2010 interpusimos la denuncia y la Junta nos dijo que ya no podían hacer nada porque eso era ya cosa de la Justicia». El próximo abril será la audiencia previa al juicio. Mientras, seguirá con su pancarta.

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