Los Palacios y Villafranca - Sevilla

Funcionarios andaluces, al margen de UGT y CCOO, se querellan contra Griñán por prevaricación

Actualidad General

Martes, 26 de Octubre de 2010 08:27

Escrito por Por Andalucía LIbre

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El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, se ha querellado por prevaricación contra Griñán y sus trece consejeros por «abusar» de su cargo y aprobar un decreto-ley para «colar por la puerta de atrás a todo el personal no funcionario que, sin oposición, concurso o competencia presta sus servicios» en el entramado de empresas públicas, fundaciones y otros entes de la conocida como «administración paralela» de la Junta. La querella ha sido interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No es la primera vez que SAFJA toma las riendas del conflicto contra la reordenación al margen de CCOO y UGT que aspiran a que se les tenga en cuenta en la reordenación ya que tiene muchos afiliados en las empresas públicas y fundaciones afectadas. En Egmasa, po ejemplo, El País informó de que el nivel de afiliación a UGT era del 80 por ciento, lo que da una idea del interés que tiene para la UGT que los "enchufados" en la Junta no sufran perjuicios.

SAFJA cree que se ha podido cometer un delito de prevaricación regulado en los artículos 404 y 405 del Código Penal, que hacen referencia a «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo» o «propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello». El intento de integración en la función pública de los más de 20.000 trabajadores de los entes instrumentales de la Junta es, dice la querella, «un nombramiento masivo de personas en las que no se dan los requisitos mínimos contemplados en la legislación aplicable, dado que su acceso no se ha realizado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, consagrados en el artículo 23.2 de la Constitución». O sea, que se ha podido prevaricar.

Además, se apunta a la alevosía de Griñán y sus consejeros por aprobar en «plena canícula veraniega» el Decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público, que «vulnera los más elementales derechos fundamentales, quebrando, entre otros, el principio de igualdad en el acceso a la función pública». Y sigue diciendo que Griñán y sus consejeros eran «plenamente conscientes de sus actos» y con un «propósito claro y determinado, en orden a conculcar las más elementales normas de justicia y equidad», aprobaron el decreto-ley para «recolocar» a los trabajadores de la administración paralela, «revistiéndolos con el carácter de funcionarios públicos y por tanto ejerciendo potestades solamente reservadas a éstos», recoge la querella.

Añaden que la forma de aprobarse la norma indica premeditación ya que se evitó toda discusión parlamentaria sobre su fondo por haberse aprobado de manera casi instantánea sin trámite parlamentario.
La existencia "de las numerosas sentencias» que han condenado a la Administración por utilizar su entramado de empresas públicas parece ir en la línea de la abundancia en la prevaricación. «Entendemos que la arbitrariedad o la situación injusta se ha producido» y que el gobierno andaluz «ha actuado abusivamente dentro de sus competencias, ya que prevaricar es aplicar el Derecho contrariando su sentido, finalidad y alcance», añade la querella.

Más amenazas y coacciones

Pedro Ruiz, portavoz de la 'Asociación defiendo mi derecho y la gestión pública', formada por personal laboral y funcionarios de la Junta al margen de los sindicatos, explicó a El Mundo que en la Consejería de Medio Ambiente, en la que él trabaja, se han dado instrucciones a los trabajadores para que tengan «mucho cuidado con los papeles que puedan salir de la mesa». Esta advertencia iba dirigida a los trabajadores que gestionan asuntos económicos dentro de la Consejería, lo que da idea de «la preocupación» de los altos cargos. «Están metiendo miedo a los funcionarios porque están preocupados de que los cocineros digan cómo se cocina», señaló Ruiz.

Las amenazas más o menos claras se están extendiendo por todas las provincias. En la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba se está haciendo un «seguimiento estricto», según Ruiz, de los empleados públicos que participan en las concentraciones que, de manera espontánea, se están repitiendo a la hora del desayuno para expresar el rechazo al decreto ley de reordenación del sector público.

En la Delegación Provincial de Málaga, están poniendo todo tipo de «trabas» para evitar que los trabajadores convoquen asambleas y se reúnan para discutir sobre este asunto. En un escrito remitido a los funcionarios, advierten que la asamblea se podrá autorizar o no en función «de las necesidades del servicio», a pesar de que nunca se había exigido esto, según explicó el portavoz de la asociación.

La semana pasada, como contó LD, durante el encierro en la Consejería de Agricultura, también se hizo un exhaustivo seguimiento de las personas que protestaron y de quienes fueron a apoyarlos. Una alto cargo llegó a advertirles que estaban incurriendo en una «falta disciplinaria muy grave», por salir del recinto de la Consejería de Agricultura por la zona del aparcamiento, en vez de por los tornos que hay en la entrada. Y hubo cámaras.

En la Agencia del Agua en Jaén intentaron evitarle a Griñán el abucheo de la semana pasada, negando permisos a los funcionarios, aunque luego dieron marcha atrás y autorizaron los días solicitados.

El nerviosismo dentro de la Junta de Andalucía crece a la vez que se intensifican las protestas de los empleados públicos contra el decreto de reordenación del sector público que prevé hacer fijos a unos 20.000 trabajadores del entramados de empresas públicas, muchos de ellos «enchufados del PSOE».

Diversos altos cargos y puestos intermedios de la Junta están intimidando y presionando a los funcionarios que trabajan a sus órdenes para rebajar la intensidad de las protestas y también para evitar que pueda salir a la luz cualquier documento comprometedor sobre cómo se gasta el dinero público.

SAFJA, otro motor de la oposición a la Junta

Recordemos que SAFJA está llevando a cabo muchas acciones legales posibles, y desde todas las vías, contra el Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz. Actualmente, el Defensor del Pueblo está estudiando su solicitud, presentada en un escrito el pasado 12 de agosto de 2010 a través del Defensor del Pueblo Andaluz, de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público. Este escrito se presentó tras una reunión mantenida con el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, Francisco Gutiérrez Rodríguez, que apoyó nuestra propuesta y que recientemente ha afirmado públicamente que algunas disposiciones de la reforma que plantea el Gobierno andaluz, en el Decretazo, son inconstitucionales. Gutiérrez reconoce que en la junta de coordinación pidió que "de manera clara se instara por parte de la Defensoría andaluza la intervención del Defensor del Pueblo nacional".

A mediados de octubre SAFJA llevó ante los Tribunales a la primera sociedad mercantil del sector público andaluz interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Acuerdo de 27 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se autorizaba la creación de la sociedad mercantil del sector público andaluz "Empresa pública para la gestión de turismo y del deporte de Andalucía S.A." mediante la fusión de las entidades "Turismo andaluz S.A." y "Empresa Pública de deporte andaluz S.A." (Ver recurso) (Ver en prensa).

Ya consiguieron en agosto que el PP se sumara al recurso ante el Constitucional contra el Decreto-Ley de las Agencias. SAFJA se reunió con el Grupo Popular para pedirle que recurriera el Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz y lograron que, efectivamente, el PP aceptara interponer el recurso, ya que por el número de diputados que tienen en las Cortes contaban con la legitimidad necesaria para hacerlo.

También ha interpuesto un recurso de alzada ante la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y ante su Consejera, contra la Resolución, de la Secretaria General Técnica, que publicita tres encomiendas de gestión para dos de las fundaciones integrantes de la "Administración Paralela" ("Promoción y difusión del libro blanco y de las políticas del envejecimiento activo en Andalucía" a FASS, y de "Apoyo a la creación de empresas de inserción social de colectivos en riesgo de exclusión social" y "Medidas para favorecer la integración social y laboral de las personas con discapacidad" a FADAIS).