Los Palacios y Villafranca - Sevilla

La morosidad de la Junta con el sector privado supera los 400 millones de euros

Obras Públicas lidera la demora y es la que «medio funciona, porque con Medio Ambiente lloramos», afirman los afectados de Ceacop

josé cejudo / sevilla

Día 11/10/2010 - 07.32h

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EFE

La Consejería de Obras Públicas, al frente de la cual se encuentra Rosa Aguilar, hace oídos sordos a las constantes quejas de las empresas que sufren las consecuencias de la morosidad en los pagos
Las empresas privadas que trabajan para la Junta y que aún tienen la fortuna de mantener la actividad en tiempos de crisis, de grandes dificultades para acceder al crédito y de presupuestos de supervivencia, se encuentran con un problema añadido, el de la morosidad de la Administración en los pagos. Según calcula el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), el desfase en esta materia supera los 400 millones de euros, y son las consejerías más inversoras. las de Obras Públicas y Medio Ambiente, las que se sitúan a la cabeza.
La Ley de Morosidad aprobada por el Gobierno central en julio del presente año no ha modificado un ápice la situación de las empresas que trabajan en proyectos adjudicados por la Junta, sino todo lo contrario, según ha manifestado a ABC la gerente de Ceacop, Ana Chocano. «En un momento en el que las dificultades de acceso a la financiación para las empresas son las que todos conocemos, que la Ley obligue a pagar en un plazo menor, aunque haya una moratoria, cuando es una realidad que la Administración no está cumpliendo esos compromisos de pagos, parece un poco injusto».
Por ello, «nosotros nos conformamos con que se hubiese aplicado la Ley que estaba vigente, y que la Administración hubiese pagado en el plazo que estaba previsto, que era efectivamente el de sesenta días». Sin embargo, lamenta Ana Chocano que la Administración ha ido elaborando herramientas «para poder aplazar los pagos a las empresas, y las propias constructoras han recurrido a otras herramientas para hacer lo mismo con los proveedores y subcontratistas».
Por naturaleza
Asegura la gerente de Ceacop que la Junta es «una Administración morosa por naturaleza», al margen de que haya crisis o no. «Si la obra que se ejecuta día a día se abona, la empresa tiene una cierta capacidad financiera, se endeuda en una pequeña parte y puede asumir que la liquidación o el modificado te lo paguen en tres años. Pero no que a eso se sume el no cobrar lo que estoy haciendo hoy».
En cualquier caso, existen departamentos donde el problema es más acusado que en otros. «Hay consejerías o empresas públicas que han cumplido bien, aunque hasta un pasado reciente». En estos momentos destaca la morosidad de la Consejería de Obras Públicas, por ser la más inversora.
La estimación de Ceacop es que la empresa pública Giasa tiene una deuda de 250 millones que se ha acumulado en los dos últimos años. «Ahora se están retrasando los pagos de las obras que se están ejecutando en estos meses, no de las certificaciones ordinarias, pero sí de las liquidaciones. Y si hay alguna obra que necesita un modificado, tarda muchísimo en tramitarse, los trabajos se tienen que paralizar para actuar de una manera correcta y asegurarte el cobro».
Pese a todo, resalta la gerente de Ceacop que la Consejería de Obras Públicas es «la que medio funciona, porque si vamos a la de Medio Ambiente ya lloramos. Egmasa tiene una deuda de más de 100 millones de euros, que comparada con la de Giasa es más pequeña. pero también es verdad que lleva mucho menos tiempo con las competencias en materia de agua, y su volumen inversor es mucho más pequeño. Por lo tanto, al final el ratio de deuda con respecto a lo invertido es bastante alto·
En cuanto a la Agencia Andaluza del Agua, «este año ha pagado bastante poco de lo que se ha ejecutado, y se ha ejecutado muy poco», sostiene Ana Chocano. Por lo que respecta al SAS, el retraso en el pago de las certificaciones de obras es de unos diez meses, y cuando llega el momento del pago tampoco es que te den el dinero, porque el plazo ya habría expirado. Deberían darte el dinero en metálico, y lo que hacen es entregarte un documento negociable si lo puedes negociar».
Apunta Chocano que los presupuestos restrictivos, que llevan a una menor licitación, no tienen como consecuencia una demora menor en los pagos. «De lo que se ha adjudicado en 2010 muchas casos no se han empezado. La consecuencia es que muchas empresas no tienen actividad, se tributa menos y la Administración tiene menos ingresos, dispone de menos dinero para invertir y menos liquidez para afrontar sus compromisos de pago. Ante esto, la Administración lo que propone son los famosos proyectos de colaboración público-privada, ante lo que soy un poco escéptica, porque entiendo que no es la solución».
Solución
La solución, entonces, pasa por asumir los compromisos de pago contraídos, pagar la deuda de toda la obra ejecutada y que está pendiente de cobro, «y después, como hay menos dinero para infraestructuras y se tiene que recurrir a la financiación público-privada, eso tiene que ir acompañado de un mínimo de obra a ejecutar por financiación ordinaria, que además de ser más barata, da más garantía de continuidad a la actividad de la empresa, porque obra que hago obra que cobro, ahora, no dentro de veinticinco años».
Ceacop calcula que en estos momentos son más de 400 millones de euros el importe total de la deuda que la juntas tiene contraída con las empresas, si bien la gerente de la entidad matiza que son «deudas de muchos tipos». Así, están las de «modificados de liquidaciones», que se cobran a mucho más largo plazo, y la más acuciante, «la que más nos preocupa, que es la que se ejecuta hoy por hoy, y que la quiero cobrar cuando dice la Ley, no cuando me la puedan pagar».
Ante esta situación, Chocano señala que «a nadie le interesa trabajar y no cobrar, pero cuando no hay otra salida es como un mal menor. El mercado privado ha desaparecido, de obra civil no hay nada, y de vivienda, hasta que los bancos no vendan el stock que tienen no se va a promover vivienda nueva en España». Y todo ello ha llevado a «que muchas empresas lleguen al concurso de acreedores».
Plazos de pago que se incumplen
La Ley de de julio del presente año, que modifica la antigua normativa , establece una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas o entre empresas y Administración, contratistas, proveedores y subcontratistas. En el caso del sector público, donde el incumplimiento es casi constante, existe la obligación para la Administración de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la expedición del certificado de obra. No obstante, la Ley establece un periodo transitorio. Así, desde la entrada en vigor de la nueva norma hasta el 31 de diciembre de 2010 el plazo máximo de pago será de 55 días. Durante 2011, de 50 días; durante 2012, de 40, y a partir de enero de 2013, de 30 días. A su vez, las constructoras de obra civil con contratos con la Administración podrán acordar durante dos años de forma excepcional el pago a proveedores. Hasta finales 2011 de 120 días, y durante 2013 de 60 días.

https://ww.abcdesevilla.es/20101011/andalucia/morosidad-junta-sector-privado-201010102213.html