Los Palacios y Villafranca - Sevilla

caso mercasevilla

La Junta, implicada definitivamente en las comisiones ilegales en Mercasevilla

La Audiencia cree que Mellet y Ponce exigieron los 450.000 euros de la «colaboración» con la Junta «a instancias» del ex delegado de Empleo, Rivas, al que mantiene imputado


E. BARBA / SEVILLA

Día 18/09/2010 - 07.39h

El último resquicio al que el PSOE se venía agarrando para que el ex delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, saliera indemne del «caso Mercasevilla» quedó ayer definitivamente anulado. O casi, que en cuestiones legales pocas veces se puede elevar algo a definitivo. Lo cierto es que ayer el que fuera alcalde de Camas recibió un duro varapalo, ya que la Audiencia Provincial desestimó el recurso promovido por el que fuera alto cargo autonómico y mantuvo su imputación por un presunto cohecho en el asunto de la petición de comisiones ilegales a los empresarios del Grupo La Raza. Los socialistas, que han cargado insistentemente contra la juez instructora, han venido recalcando que esta imputación se difuminaría cuando el asunto llegase a la Audiencia. Pero ha ocurrido lo contrario.
Se desestimaron, además, los recursos presentados contra el auto incoado por el Juzgado de Instrucción 6 por parte de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y de la que fuera directora de Proyectos de la Fundación Socioasistencial, Regla Pereira, que también siguen imputados . Tampoco se admitió el recurso del PP. La Sección Primera de la Audiencia ratificó ayer el citado auto de Mercedes Alaya, dictado el 14 de diciembre para elevar las diligencias al procedimiento del tribunal con jurado con la imputación de Mellet, Ponce, Rivas y Pereira, a quienes se les atribuye un presunto delito de cohecho por los 300.000 euros reclamados presuntamente por Mellet y Ponce a La Raza por la adjudicación de un proyecto de escuela de hostelería subvencionado por la Consejería de Empleo. La Fiscalía, de hecho, defendía que esta imputación siguiera pesando sobre todos ellos durante la vista celebrada el jueves, apreciando «indicios suficientes» en lo que se refiere a Rivas.
En el auto de la Audiencia, al que tuvo acceso ABC, se dice que el 16 de enero de 2009, y tras conceder el Servicio Andaluz de Empleo una ayuda de 900.000 euros a la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla para la creación de una escuela de hostelería, «presuntamente a instancias de Rivas y de Mellet, se exigió por parte del también inculpado Ponce, en presencia de Pereira, al empresario Pedro Sánchez Cuerda la suma de 450.000 euros», 300.000 de ellos «como comisión a abonar a la Junta en contraprestación a la subvención concedida, que entregarían en un maletín que dejarían olvidado en un despacho para que alguien enviado al efecto lo recogiese». Señala el auto que «siguiendo supuestamente las indicaciones iniciales de Rivas, el 27 de enero, Mellet y Ponce» celebraron una nueva reunión con Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, del grupo hostelero La Raza. En ese encuentro «nuevamente le volvieron a exigir presuntamente ambas cantidades, afirmando ambos imputados que los 300.000 euros se le solicitaban por exigencia de la Junta, ya que en la misma era normal reclamar este tipo de contribución, afirmando que la Junta colaboraba con quienes, a su vez, colaboraban con ella».
Sin prevaricación
La Audiencia archiva el recurso de apelación promovido por el PP alegando que no constaba entonces en las diligencias el expediente «íntegro» tramitado por la Dirección General de Formación para el Empleo para la adjudicación de la ayuda de 900.000 euros. Los populares reclamaban en su recurso que las imputaciones incluyesen un delito de prevaricación, lo que habría derivado el proceso hacia un tribunal profesional. La Audiencia defiende que la copia del citado expediente contenía «la resolución y los extremos» esgrimidos por el PP para reclamar presunta prevaricación, pero «no consta en las actuaciones el más mínimo indicio de que el dictado de la resolución» de la concesión de la ayuda respondiese a «un plan preconcebido», por lo que no aprecia prevaricación.
Tampoco se estima lo alegado por Ponce, que rechazaba su condición de funcionario, al considerarse que «no hay dudas de que Mercasevilla pertenece al sector público», por lo que él, Mellet y Pereira «son funcionarios a efectos penales». En cuanto al recurso del propio Rivas, se niega la indefensión de la que se queja, recalcándose, además, que «no se puede concluir que tuviese una total ignorancia de lo que estaba sucediendo» y que es «poco creíble que estuviera ajeno a los hechos». Es la respuesta de la Audiencia a su tesis de «inexistencia de indicios» en su contra. Rivas tuvo que dimitir en abril tras meses de presiones y de defensa de su inocencia por el PSOE.
No recuerda nada
Por otra parte, en este mismo caso, ayer declaró el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, quien consideró «posible» que un expediente de subvención como el tramitado para conceder a la Fundación Mercasevilla 900.000 euros para el proyecto de una escuela de hostelería, se pueda tramitar en un solo día, aunque dijo desconocer, en base a su experiencia, si ello «es habitual». Se ciñó a ese argumento del desconocimiento prácticamente en todas las preguntas, señalando que no recordaba haber visto la subvención de Mercasevilla, ya que «sólo las más importantes, las superiores a tres millones, son fiscalizadas por el interventor general, mientras que el resto las supervisan interventores delegados».
De esta actitud del interventor de la Junta se quejó el PP, que, además, calificó de «intolerable» que el ex consejero de Empleo y diputado autonómico del PSOE Antonio Fernández no asistiese a la comparecencia a la que estaba llamado como testigo por este asunto de las comisiones. Para los populares, se trata de una «estrategia de partido» para «obstruir» la investigación judicial. El concejal del PP Beltrán Pérez recordó que el ex consejero «sabía» que el Juzgado le había llamado a declarar el jueves. «Lo estaban buscando, ha leído ampliamente en los medios de comunicación que estaba citado», lamentó el edil, que destacó que Fernández «deliberadamente, no acudió. «José Antonio Griñán podría haberle exonerado de ir al Parlamento», remarcó.
El PA pide a Espadas «una condena clara»
El Partido Andalucista (PA) solicitó ayer al candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, «una condena clara de la presunta trama de corrupción organizada por personas estrechamente vinculadas al PSOE» en torno al asunto de Mercasevilla. «Aún no hemos oído ni una sola palabra de condena y reprobación de Espadas acerca de las sospechas que han recaído sobre el gobierno municipal desde que salió a la luz el caso Mercasevilla», criticó la candidata del PA a al Alcaldía, Pilar González, que señaló que «están presuntamente implicados los principales dirigentes del PSOE en el Ayuntamiento en un caso de comisiones ilegales y extorsión a empresarios a cambio de concesiones públicas», por lo que consideró que «Espadas debe aclarar si está con el PSOE sevillano o con la ley».
Ya no es Alaya
ADRIANO
Se les están agotando los argumentos al PSOE. Ya no es sólo la juez Alaya —cuya instrucción han puesto en cuestión en varias ocasiones— la instancia que considera necesario investigar una trama de corrupción que implica a Ayuntamiento y Junta. También es la Audiencia. Hay hilo para tirar. El ovillo es grande.

https://ww.abcdesevilla.es/20100918/sevilla/junta-implicada-definitivamente-comisiones-201009172230.html