Los Palacios y Villafranca - Sevilla

El cambio en la Ley del medicamento para legalizar la prescripción enfermera no se va a poder aprobar hasta dentro de tres o cuatro meses, "gracias a la falta de compromiso del Partido Popular". Así de claro se ha vuelto a mostrar hoy Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, al acusar a los populares de "poner zancadillas" a lo largo del proceso de tramitación del Real Decreto que debe ofrecer seguridad jurídica a las enfermeras españolas en su uso diario de medicamentos.
El malestar del representante de las 240.000 enfermeras en España es patente, una vez que obtuvo el compromiso inicial de que el PP no iba a presentar enmiendas durante la tramitación del Real Decreto en el Senado, después de que esta formación se abstuviera de forma sorprendente en el Congreso.
Pero la formación que lidera Mariano Rajoy tampoco cumplió su palabra con la enfermería española, según los enfermeros, y abrió de nuevo el debate en el Senado, con el fin de extender la autorización de la prescripción de fármacos a otros grupos profesionales, aparte de médicos y odontólogos.
El resultado es, a juicio de González Jurado, que los populares "han conseguido el objetivo, que era bloquear la prescripción enfermera" de forma temporal, porque ninguna de estas enmiendas presentadas por grupos minoritarios en la Cámara alta serán aprobadas, en opinión de los enfermeros, y el texto consensuado con el resto de formaciones saldrá adelante sin modificaciones.
Los enfermeros tendrán que esperar hasta febrero en el mejor de los casos para tener garantías jurídicas en el uso que hacen de los medicamentos. Mientras tanto, no se han olvidado de meter presión sobre su actual situación.
El presidente de los enfermeros se ha preguntado esta mañana qué ocurrirá y quién asumirá la responsabilidad civil o penal en el caso de que surja cualquier complicación en la vacunación contra la gripe A. Porque los enfermeros tienen instrucciones de valorar al paciente sin volante médico "y, en virtud de esa valoración, vacunar o no a la persona".


I

¿Conoces las enmiendas del PP a esta Ley? ¿Estas de acuerdo con la venta de medicamentos por internet? ¿y con el sistema personalizado de dispensacion de medicamentos? ¿y con el sistema de aportaciones de la industria farmaceutica al Sistema Nacional de Salud? ¿y con el sistema de precios de referencia para controlar el gasto farmaceutico?

Lea un poco:

Precios de referencia, sistemas personalizados de dispensación de medicamentos, supresión del sistema de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud... Los cambios que quiere introducir
el Grupo Popular, que tiene mayoría en el Senado, amenazan con dar un giro radical al proyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios antes de su vuelta al Congreso de
los Diputados. Finalizado el periodo de presentación de enmiendas, los grupos han registrado cerca de 300 alegaciones al texto del Gobierno. De ellas, 114 corresponden al PP, que no ha dejado ningún aspecto
sin tocar, empezando por el título (apuesta por llamarla Ley del Medicamento y de la Prestación Farmacéutica) y terminando por los puntos más controvertidos.
En materia de farmacia, la alegación más importante del PP se centra en la prohibición de la venta de medicamentos por Internet. "Aún restringida a los supuestos de los medicamentos sin receta —dice—,
supone una quiebra en el modelo de Atención Farmacéutica y, por tanto, resulta contradictorio con el contenido de otros preceptos". Otro punto importante se refiere a los sistemas personalizados de dispensación de medicamentos. Se promoverán, dice el PP, "en los supuestos en los que se necesite una garantía de seguridad y de adhesión a los tratamientos y, en particular, en los pacientes polimedicados".
En el apartado de la industria farmacéutica, el Grupo Popular pelea dos frentes. El primero, la supresión de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud. La justificación es clara: "El proyecto de ley establece una figura impositiva, de muy difícil
configuración jurídico-tributaria, que en todo caso penaliza y disuade las inversiones de la industria farmacéutica en España, perjudicando el SNS".
El segundo caballo de batalla de la oposición es la reinstauración del sistema de precios de referencia de la ex ministra Ana Pastor, como medida, dice la formación, "para controlar el gasto farmacéutico y recuperar las ventajas del sistema que fue implantado por la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud con resultados tan positivos".
Las propuestas del PP también tocan a la distribución. Aquí, sus enmiendas apuestan en primer lugar, por "prevenir la práctica del acaparamiento de fármacos para su exportación,
que puede producir problemas en el suministro al mercado interior". Más allá, el PP abre la puerta a que los laboratorios farmacéuticos y los almacenes mayoristas puedan encomendar a operadores logísticos la ejecución de la distribución de los medicamentos autorizados. Estos
operadores, dice la enmienda registrada por el grupo mayoritario en el Senado, "deberán disponer de la pertinente autorización, que será otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios si actúan por cuenta de laboratorios, o por la correspondiente comunidad autónoma si únicamente actúan por cuenta de almacenes
mayoristas".
Otra buena parte de sus enmiendas entra en el ámbito de las competencias autonómicas. El PP quiere regular por real decreto la participación de las comunidades en todos los aspectos
relacionados con el registro, la evaluación del grado de innovación y de utilidad terapéutica, la financiación y la fijación del precio de los medicamentos.
También se incrementarían las labores del Consejo Interterritorial. El Grupo Popular quiere que este foro apruebe anualmente las previsiones del gasto en fármacos, tanto en adquisición directa como por receta, para el ejercicio siguiente. Además, podrá revisar globalmente o fijar las condiciones de revisión periódica de los precios industriales para todos o una parte de los medicamentos y productos sanitarios del sistema. También correspondería al Consejo de Ministros, previo acuerdo del Interterritorial, revisar las cuantías económicas correspondientes a la distribución y dispensación.
En cuanto a trazabilidad, el PP propone una redacción que completa y mejora la regulación vigente, ya que el proyecto de ley supone, a su juicio, "un retroceso". Según su modelo, Sanidad establecerá un Código Nacional para cada presentación de medicamentos. El sistema de codificación deberá permitir la inclusión de la información sobre el lote, caducidad e identificación individualizada de cada envase que permita, al menos, la trazabilidad unívoca de los medicamentos, así como la justificación electrónica de la dispensación. Asimismo, la
formación parlamentaria cree que el modelo de garantía de trazabilidad generará una carga de trabajo administrativa, por lo que propone que el periodo de remisión para las compañías farmacéuticas de la información de las unidades de presentaciones identificadas por lotes de
medicamentos y destinatario, tanto de las vendidas como de las que sean objeto de devolución, se haga trimestral en lugar de mensualmente. Por otro lado, cree oportuno que los laboratorios lo comuniquen, además de al ministerio, a las autonomías.
Según el PP, la Administración debe establecer las líneas estratégicas de investigación con medicamentos "para una mayor trasparencia de posibles intereses económicos sobre resultados en salud". Para ello, dice, el Consejo Interterritorial establecerá con carácter
bienal la Estrategia de investigación con medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, comprensiva de las líneas prioritarias de investigación en las áreas terapéuticas más relevantes y los objetivos de investigación en las distintas áreas. Al mismo tiempo, las
comunidades autónomas elaborarán sus estrategias y planes regionales de investigación clínica con medicamentos.
El Grupo Popular cree, por último, que el ministerio y las autonomías, además de promover el desarrollo de las capacidades investigadores de los profesionales del SNS, deben promover proyectos con medicamentos en alternativas terapéuticas eficientes así como en patologías de baja prevalencia, con especial atención a los llamados medicamentos huérfanos, "donde pueda existir una baja rentabilidad".