Los Palacios y Villafranca - Sevilla

MERCEDES BENÍTEZ. SEVILLA
Actualizado Miércoles, 14-10-09 a las 15:24
El cerco de las implicaciones en el caso Mercasevilla se va estrechando y alcanza ya a los políticos entre ellos el primer teniente de alcalde,Antonio Rodrigo Torrijos. Ayer se supo que la Fiscalía de Sevilla está estudiando pedir que se impute a toda la comisión ejecutiva de la entidad municipal que participó en la adjudicación a la constructora Sando del derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla.
Aunque fuentes de la Fiscalía de Sevilla aseguraban que la imputación no se ha hecho todavía, la fiscal jefe estudia el caso personalmente con el delegado de la Fiscalía anticorrupción. Eso supondría que la jueza instructora, Mercedes Alaya, los imputará formalmente y los citara a declarar en el caso de la adjudicación fraudulenta de los terrenos municipales. La idea es solicitar la imputación de la comisión ejecutiva de Mercasevilla que en noviembre de 2008 realizó el estudio de la venta de los terrenos y la fórmula que debía emplearse para esa adjudicación que la magistrada considera fraudulenta.
En esa comisión ejecutiva que podría ser imputada, estaban presentes además del entonces presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, varios consejeros como el teniente de aclalde Antonio Rodrigo Torrijos o el que fuera director del área de Vía Pública, Domingo Enrique Castaño, además del secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez y el interventor, José Miguel Braojos, estos dos últimos excluidos luego de la mesa de contratación que resolvió el concurso.
Esa reunión, celebrada el 8 de noviembre de 2005 acordó proponer a la junta general extraordinaria de Mercasevilla celebrar la convocatoria de concurso público para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos propiedad de Mercasevilla cuya unidad alimentaria iba a trasladarse. La opción acabó aprobándose en una reunión del consejo de administración en diciembre de 2005.
Las imputaciones se producirían después de que, en los últimos días la policía judicial haya tomado declaración a la mayoría de los miembros de la citada comisión ejecutiva que adjudicó esos terrenos a Sando por un valor de 106 millones de euros pese a que la oferta del grupo Noga era superior ya que ascendía a 158 millones de euros.
Además esa adjudicación se hizo poniendo una cláusula que limitaba al alza las ofertas algo que llamó la atención de los técnicos, alguno de los cuales ha llegado a afirmar ante la jueza que nunca había visto una cláusula igual. Hasta ahora todos han prestado testimonio ante la Policía como testigos.
Sin embargo la solicitud por parte del Ministerio Público de esa imputación supondría un cambio de postura en el departamento que dirige María José Segarra que, hasta ahora, había mantenido cierta pasividad ante la trama que fue puesta en su conocimiento en febrero. De esa fecha es la grabación de los empresarios de La Raza en las que los directivos de Mercasvilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, les pedían una comisión de 450.000 euros a cambio de la adjudicación de la escuela de hostelería.
Después de eso, apenas tomó varias declaraciones y dejó pasar varios meses. Eso provocó que el PP tomara la iniciativa y presentara una querella a finales del pasado abril que provocó que el caso fuera a parar al juzgado de instrucción número 6, cuya titular Mercedes Alaya indagó con más contundencia. Desde que el sumario cayó en sus manos, no sólo se ha investigado el asunto de las comisiones para la escuela de hostelería sino que ha abierto diligencias aparte sobre la adjudicación a Sando, una trama en la que no ha permitido a la propia Mercasevilla personarse porque, argumentaba, lo único que pretendía era «apuntarse un tanto». Por este asunto están imputados Fernando Mellet y Daniel Ponce por prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude cometido por funcionario público. También el ex vicesecretario de Mercasevilla, Jorge Piñero y los técnicos, José Antonio Ripollés y Victoria Bustamante.
Inicialmente la Fiscalía no compareció en las primeras declaraciones del caso solicitadas por Alaya, en otras se abstuvo de hacer preguntas. Ahora Anticorrupción empieza a actuar a la vista de los acontecimientos y tras las declaraciones ante la Policía Judicial de los miem,bros de la ejecutiva como testigos. Y empieza apuntando alto.

Esta noticia no habrá salido en Canal Sur tampoco:

El PSOE ha usado gratis total un local de Correos en Burguillos(Sevilla) casi 2 años

miércoles, 14 de octubre de 2009

El ex alcalde de Burguillos, José de Juan LópezFue ABC quien destapó el caso. El PSOE de Burguillos, una población cercana a Sevilla, ha utilizado como sede social un local que era propiedad del Estado, en concreto, de Correos y Telégrafos, sin pagar nada en concepto de alquiler. No es un mal local por cuanto tiene una superficie de 160 metros, más que la media de muchos locales en la provinxia de Sevilla y está en pleno centro del pueblo. Por este "gratis total" el PSOE se ha ahorraado cuando menos 30.000 euros a lo largo de los años que ha disfrutado del usufructo indebido del bien inmueble. Correos compró el local en la calle Real del municipio a comienzos de 2008 y lo escrituró el 4 de julio del año pasado por unos 300.000 euros. La agrupación local de los socialistas hace uso de estas dependencias -en una zona privilegiada del pueblo- desde finales de 2006, cuando la propiedad era de una familia del pueblo, y desde comienzos de 2008, cuando el espacio pasa a ser propiedad del Estado. Hoy se ha producido una interpelación por parte del PP al ministro José Blanco a cuenta de este escándalo.

La Dirección Provincial de Correos, dijo desconocer el hecho asegurando que el local comprado el año pasado estaba «vacío y cerrado» a la espera de unas reformas para trasladar allí las oficinas. ¿Y dónd están ahora estas oficinas? Pues precisamente en unas dependencias del Ayuntamiento que las tiene cedidas a Correos. O sea, que hasta que se decide el «traslado», el PSOE hace uso de las dependencias de manera gratuita, con lo que se financian los gastos corrientes del PSOE con dinero de todos los ciudadanos y por partida doble. Correos no paga alquiler en un local de Gerena y el PSOE no le paga a Correos por el suyo.

Según los cálculos de ABC, "el alquiler que debería haber pagado el PSOE sería de unos 1.300 euros mensuales como mínimo. Al multiplicar esa cifra por los meses que los socialistas llevan en este espacio, como mínimo 22, la cifra resultante es de 28.600 euros, de modo que debe deducirse que el partido que gobierna con mayoría absoluta en el municipio se ha ahorrado unos 30.000 euros como mínimo por la utilización gratuita como sede local de unas oficinas que son de propiedad pública desde hace más de un año. O, lo que es lo mismo, las arcas del Estado han dejado de ingresar esa cifra por no cobrar un alquiler, favoreciendo al partido que gobierna."

Por si fuera poco, hay una ración de coincidencias. Uno de los responsables de Correos y Telégrafos en la comarca -la cabecera es Alcalá del Río y en Burguillos hay una simple oficina auxiliar- es José Martínez, a la sazón hermano del alcalde socialista de la cercana localidad de Constantina, Mario Martínez, y también primer teniente de alcalde, portavoz del PSOE y delegado de Personal, Fomento, Empleo, Igualdad y Juventud. Martínez era amigo de José Juan López, ex alcalde socialista de Burguillo por decisión judicial. Entre ambos, según ABC,, se trató el asunto de Correos, especialmente el uso por parte de la sociedad estatal de una oficina en un edificio municipal, el de la Casa de la Cultura, donde trabaja «provisionalmente» también sin pagar alquiler alguno.

Conocidos los hechos, el PP de Sevilla anunció que iba a interponer denuncia en los Juzgados contra el PSOE de ese municipio y contra la sociedad estatal de Correos por los supuestos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias a causa de esa utilización gratuita del inmueble. En esa denuncia se tenía que a incluir a Correos porque usa como oficina de forma gratuita unas dependencias en un edificio del Ayuntamiento -Casa de la Cultura-, que gobierna ahora la socialista Mariana Pérez.

El portavoz del PP en la Diputación provincial y secretario general de los populares sevillanos, Juan Bueno, informó de que el partido decidió iniciar estas acciones judiciales ante sus «sospechas de una posible trama de financiación ilegal del PSOE», que gobierna con mayoría absoluta este ayuntamiento desde la década de los 90. El diputado provincial pidió al secretario general de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, que «dé explicaciones claras» y «disuelva la agrupación de Burguillos».
Entrega de llaves

Y en efecto, el caso ha tenido consecuencias porque la dirección provincial del PSOE, tras analizar la cuestión el jueves, anunció que se había ordenado el desalojo de las dependencias que ocupa la sede local socialista. El propio secretario general , Viera, dio las órdenes para que se entregaran las llaves del inmueble a la dirección provincial de Correos. Considerándolo un «error administrativo», el PSOE sevillano expuso al respecto de este asunto que «la ocupación de ese local desde 2006 obedece a un acuerdo entre el propietario del inmueble y el comité local del PSOE por el que se ha venido usando con el abono mensual de los recibos de suministro correspondientes, además de realizar actuaciones y reformas dentro del local para mejorar la habitabilidad del mismo por parte de la dirección local del PSOE».

Pregunta en el Congreso a José Blanco

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados presentó el pasado jueves, día 8 de octubre, una pregunta con respuesta oral en Pleno al ministro de Fomento, José Blanco, para que que explique "los motivos por los que el PSOE ocupa, sin pagar contraprestación económica alguna, un local propiedad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en el municipio sevillano de Burguillos". El diputado nacional 'popular' por Sevilla, Ricardo Tarno, aseguró en un comunicado que "la cesión de manera gratuita y durante tanto tiempo de un inmueble público para uso exclusivo y partidista del PSOE no sólo es un nuevo escándalo de este partido en la provincia, sino que además, esto sólo tiene un nombre: financiación ilegal del PSOE a costa de fondos públicos".

Para el PP, "lo más alarmante es que este nuevo posible caso de financiación ilegal se haya hecho con la connivencia y el permiso del propio Estado a través de una sociedad pública". Así, "el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está obligado a explicar por qué cede de manera gratuita un local público a un partido político". Según indicó Tarno, "el ministro de Fomento, como responsable de esta sociedad, debe explicar los motivos por los que ha permitido esta cesión, pero además, debe ser el primero que de un paso adelante y abra una investigación urgentemente para depurar responsabilidades por esta actuación".

Al respecto, el diputado popular manifestó que "si esta investigación no se lleva a cabo y el ministro y el Gobierno de Rodríguez Zapatero vuelven a mirar hacia otro lado, será el PP, quien vuelva a exigir que se investigue una nueva punta de la sospechosa trama de financiación ilegal que tiene montado el PSOE en la provincia de Sevilla".

No es el primer escándalo en Burguillos

El ex alcalde de Burguillos José Juan López (PSOE),tuvo que dimitir de su cargo renunciando al acta de concejal por haber sido condenado a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como "autor criminalmente responsable" de un delito contra la ordenación del territorio. Según la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla condena también a López a 15 meses de multa con una cuota diaria de diez euros -4.500 euros- y al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Pero no es todo porque el ya ex regidor burguillero cuenta aún con varias causas pendientes con la justicia, supuesto blanqueo de capitales y coacción a empresarios, construir viviendas en zonas dotacionales y habilitar naves industriales en terrenos no urbanizables.

Deudas con empresarios y sueldos elevadísimos

Los empresarios acreedores del Ayuntamiento de Burguillos, municipio de unos 5.000 habitantes y situado a pocos kilómetros de Sevilla y dominado por el PSOE desde hace muchos años, convocaron en junio dos manifestaciones y querían promover la asistencia masiva a los plenos para "reventar" las sesiones y el boicoteo del acceso a los edificios públicos. La razón era que el Ayuntamiento gobernado por el PSOE adeudaba al colectivo de más de 160 empresarios más de 14 millones de euros por proyectos, obras o suministros.

El ex alcalde de Burguillos, José Juan López siempre tuvo varias denuncias en los juzgados por presuntas irregularidades urbanísticas y trato de favor a una sociedad empresarial vinculada a los socialistas de esa localidad. Además, cobraba uno de los sueldos más altos de España. El PP de Burguillos, representado por el valeroso Domingo Delgado, un ejemplo de oposición en la provincia de Sevilla donde el PP pierde desde hace 30 años, denunció que el regidor cobra «uno de los sueldos más altos de España» en relación al cargo que ostenta. López percibía, contabilizando salarios y dietas, 100.800 euros al año.

Para ilustrar esta denuncia, el partido de oposición en Burguillos explicó que «resultaba indecente» que el alcalde cobre más al año que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que el de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, o que el propio alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que, según asegura el PP, está remunerado con algo más de 90.000 euros anuales. Resulta llamativo el sueldo, además, por el dato meramente demográfico, pues este municipio de la vega sevillana no llega a los 5.000 habitantes. Según los datos oficiales del propio Ayuntamiento, el censo de 2007 ha sido de 4.950 personas.

El portavoz del PP aseguró que «en estos momentos, el alcalde está cobrando 8.400 euros mensuales, que suponen al año la desorbitada cifra de 100.800 euros», a los que hay que sumar remuneraciones por la asistencia a los consejos de administración de las cuatro empresas públicas del municipio. Delgado dijo «conocer sólo» lo que el regidor percibe por la asistencia al consejo de administración de una de las empresas públicas -Burguillos Natural-, a razón de 200 euros por reunión de los directivos.

Baile de colocaciones de familiares

El Ayuntamiento de Burguillos contrató a Cristina Pereira, hija del alcalde socialista de Gerena e imputado asimismo por diversos delitos. Y a su vez, el todavía alcalde de Gerena contrataba en una empresa pública de la Diputación a alguien con los mismos apellidos que la compañera del alcalde de Burguillos. Estos son los datos:

La tercera hija del alcalde de Gerena, Cristina Pereira Benítez, está o ha estado colocada en el Ayuntamiento de Burguillos, que presidió su amigo y ya dimitido José de Juan López. Como se prueba en el documento, Cristina solicita un curso de Técnicas y Pautas en conflictos con adolescentes como empleada pública del Ayuntamiento de Burguillos.

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