La Algaba - Sevilla

Cobraron 241 millones en 2010, de los que no habían aportado facturas en plazo por 130 millones; las ayudas se mantienen pese a los incumplimientos


Si el dinero es poder, los sindicatos mayoritarios atesoran buena parte en Andalucía. Poder para financiarse con dinero público: el Gobierno de José Antonio Griñán repartió 241,3 millones de euros (40.148 millones de pesetas) a UGT y Comisiones Obreras durante 2010, como pone de manifiesto la contabilidad del último presupuesto liquidado, tal y como avanzó ABC. Y poder también para eludir los plazos estipulados con los que justificar las ingentes subvenciones e incentivos que ingresaron procedentes de los presupuestos de la Administración andaluza.

A finales de 2010, al cierre de la liquidación de las cuentas, las centrales que dirigen Manuel Pastrana (UGT-A) y Francisco Carbonero (CC.OO.-A) tenían pendiente de entregarle a la Junta facturas de gastos por importe de 130,1 millones de euros o, lo que es lo mismo, 21.646 millones de pesetas. Es decir, el 54 por ciento de las ayudas desembolsadas por distintas consejerías y organismos públicos (desglosadas en el cuadro) figuran en el desglose del balance presupuestario como abonos pendientes de justificar, según ha podido saber ABC. De esta cuantía, la organización ugetista no había presentado recibos de gastos en plazo por importe de 70,11 millones de euros de los 134,65 que había cobrado. El dinero público pendiente de justificar por Comisiones Obreras ascendía, al cierre de 2010, a 60 millones. El montante cobrado rondó los 106,65. Algunos gastos sin documentar se remontan a 2006 y 2007.

La Ley General de Subvenciones obliga a todo beneficiario de dinero público a demostrar con copias de los recibos el empleo de los fondos dentro de un plazo determinado. Sin embargo, el incumplimiento de estos requisitos no ha impedido que las organizaciones sindicales hayan seguido recibiendo inyecciones de fondos desde las arcas de la Junta. De hecho, el pasado 12 de enero la Consejería de Empleo acordó adelantar el cien por cien del importe de ocho subvenciones que ascendían a 90 millones de euros para costear cursos formativos a la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CC.OO. Éstos últimos recibieron por anticipado y sin necesidad de justificación previa 26,9 millones de euros para oxigenar sus maltrechas arcas, mientras que 36,2 millones fueron a parar a la patronal.

La mayor parte de los fondos sin documentar —66,15 millones en el caso de UGT y 56,2 por parte de la central de CC.OO.— correspondían a subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) dentro del Programa de Formación Profesional.

Uno de cada dos euros que el Ejecutivo inyectó a los sindicatos más afines a su ideario político fue para impartir cursos dirigidos a desempleados y trabajadores ocupados, y para ampliar su red de oficinas e infraestructuras especializadas en la formación. Esta vía de negocio, que concentra gran parte del amplio aparato administrativo de los sindicatos, ha crecido al mismo ritmo que la lista de demandantes de empleo en la comunidad: 1.329.600 (33,17 por ciento) en el primer trimestre, según la EPA. El segundo mayor montante (5,6 millones) corresponde a las ayudas que concede la Consejería de Empleo para financiar la «actividad sindical» y promover la negociación colectiva. Algunas son subvenciones «excepcionales», es decir, están al margen de las convocatorias públicas.

Prórrogas
La demora en la justificación de las ayudas contrasta con el retraso en los pagos de facturas a proveedores en medio de las fuertes tensiones que sufre la tesorería de la Junta. La deuda con empresas de servicios ascendía a 2.763,3 millones de euros al acabar 2011. Ante la falta de documentación aportada, la Junta ha concedido a los sindicatos prórrogas para que aporten los datos y, en algunos casos, les han enviado requerimientos.

Tanto Pastrana como Carbonero no han dudado en cerrar filas públicamente en torno a un Gobierno de coalición del PSOE e IU en detrimento de la fuerza más votada en las elecciones autonómicas del pasado 25 de marzo, que fue el PP. Su candidato, Javier Arenas, prometió durante la campaña reducir la financiación de sindicatos, patronales y partidos. De hecho, una de las teorías que manejan en la calle San Fernando (sede del PP andaluz) para explicar que las encuestas —que le daban mayoría absoluta— no se hayan cumplido es la movilización de los sindicatos de clase, que actuaron de ariete callejero de un PSOE en horas bajas por el efecto amplificador de la investigación de los ERE y de los conflictos internos.

Los sindicatos han pedido a PSOE e IU que los acuerdos de concertación, receta heredada de la etapa de Manuel Chaves, escapen de la esquila de los recortes. Aunque los efectos beatíficos de las ayudas no están tan claros, les han instado a mantener la marea de fondos públicos que ha ido derramando la Junta para amortiguar las sacudidas de la crisis bajo el mantra de garantizar la paz social.

Advertencias de la Cámara de Cuentas
Los incumplimientos de los sindicatos a la hora de justificar sus ayudas no han pasado inadvertidos a la Cámara de Cuentas de Andalucía. En una auditoría que realizó sobre los programas para la igualdad y promoción de las mujeres que desarrolló el Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con los sindicatos en 2008, el órgano fiscalizador destacó lagunas contables en las facturas aportadas por ellos para impulsar la igualdad en las empresas. La Cámara señala que UGT justificó, tras una prórroga, 157.000 euros, «3.000 menos de la subvención recibida».


//www.abcdesevilla.es/20120501/andalucia/sevi-justifican-mitad-subvenciones-junta-201204302328.html