La Algaba - Sevilla

LEY DE TRANSPARENCIA
Inhabilitación de 10 años para los cargos que falseen y oculten datos
El anteproyecto aprobado por el Gobierno incluye un código de buen gobierno con sanciones
La norma recoge por primera vez un baremo para limitar el sueldo de concejales y alcaldes
El vídeo cuestionado por la Junta Electoral sobre la reforma laboral costó 4.200 euros
EL PAÍS Madrid 23 MAR 2012 - 14:25 CET782
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Sáenz de Santamaría, en Córdoba durante la campaña electoral andaluza. / F. VARGAS


El Gobierno de Mariano Rajoy ha estudiado esta mañana el anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno, una norma que obligará a las Administraciones públicas a hacer accesibles todos sus contratos, subvenciones, convenios y sueldos públicos. España se sube así al carro de la información accesible y deja de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley para acabar con la opacidad en la gestión pública. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la ha calificado como una de las normas más importantes del programa político de Mariano Rajoy. La nueva ley permitirá, entre otras medidas, sancionar con 10 años de inhabilitación a los cargos que falseen y oculten datos y fija un baremo para limitar el sueldo de cargos públicos de las corporaciones locales. La vicepresidenta ha asegurado que, con esta norma, "el Gobierno se hace responsable de lo que hace el conjunto de las Administraciones". También fija en un mes el plazo en el que las Administraciones tendrán que responder a las preguntas de los ciudadanos. Al menos sobre papel, el plazo es hoy de tres meses.

En concreto, la ley considerará delito la falsedad en documentos y la ocultación de datos, penado con una inhabilitación de 10 años, y sancionará las infracciones muy graves y algunas graves con la destitución de cargos públicos y la inhabilitación entre cinco y diez años. Se consideran infracciones muy graves la administración de los recursos de la hacienda pública sin cumplir las disposiciones que regulan su liquidación; comprometer gasto sin crédito suficiente; la ausencia de justificación para la inversión de fondos; el incumplimiento deliberado de la obligación de reducción de deuda; no hacer los planes de ajuste que prevea la Ley de Estabilidad, actual y futura; y el incumplimiento de las medidas de corrección de la Ley de Estabilidad.

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A tres días de las elecciones andaluzas, que pueden convertir al PP en el partido con más poder en la historia de la democracia española, Rajoy lleva al papel una de sus apuestas estrella durante la campaña, la promesa de "transparencia total". Prometió que habría norma antes de cumplir 100 días al frente de la Presidencia y cumple su palabra apenas una semana antes de agotar el plazo, aunque la ley todavía tardará meses en entrar en vigor. La vicepresidenta ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que es improbable que esté aprobada en este periodo de sesiones: "Junio es un plazo excesivamente corto". El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se dejó la medida en el tintero en su primera legislatura y, en la segunda, llegó a redactar un anteproyecto de ley, pero el adelanto de las elecciones generales impidió que su iniciativa llegase a buen puerto.

De acuerdo con la nueva norma impulsada por el PP cada ministerio y cada dirección general deberá dar a conocer todos sus contratos, cómo se gastan el dinero, con qué organigrama trabajan y qué salarios perciben los integrantes de su equipo directivo. Toda la información estará en los sitios webs de cada ministerio y también se encontrará, centralizada, en un portal de la transparencia inspirado en los que emplean países como EE UU. Actualmente, todos esos datos no son secretos en España, pero la mayoría se publican de forma farragosa, llegan solo hasta el Congreso o son difíciles de consultar. En el caso de los sueldos, hasta ahora solo se hacían públicos los de los ministros.

Una ley con tres claves

El vídeo que ensalza la reforma laboral costó 4.200 euros

El vídeo del Gobierno que ensalza la reforma laboral costó 4.200 euros, a los que hay que añadir el IVA del 16%. Así lo ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha accedido a dar una muestra del filosofía de la futura ley de transparencia al ser preguntada al respecto en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El anuncio, vetado por la Junta Electoral por vulnerar las normas de las campañas, costó más de 1.000 euros por minuto.
El Ejecutivo y el Ministerio de Empleo, que dirige Fátima Báñez, llevaban tres días negando a la oposición y a los medios esta información.
La ley tendrá tres patas, según ha explicado la vicepresidenta. La primera es la de la publicidad activa: esto es, toda esa información que se va a publicar en el portal de la transparencia sin necesidad de que nadie la pida. Santamaría ha puesto como ejemplo que todas las Administraciones públicas deberán "suministrar información sobre los contratos ajdudicados", lo que incluye su objeto, el importe, el procedimiento de adjudicación y el adjudicatario.

Otro eje es el derecho a la información: se establecerá, como gran novedad y también de forma similar a otros países [EE UU y Reino Unido la han llamado ley de libre acceso a la información], el derecho a obtener esos datos. Así, las Administraciones estarán obligadas a contestar cuando un ciudadano reclame conocer el uso de un dinero público, por ejemplo. Santamaría ha asegurado que los ciudadanos podrán realizar solicitudes de información dentro de los límites previstos en la Constitución y en los convenios internacionales para salvaguardar datos de carácter personal o de seguridad pública.

Por último está el código de buen gobierno. Santamaría ha explicado que tendrá rango legal, que se aplicará a todas las Administraciones y cargos públicos, y que establece unos "principios éticos y de actuación, que dejan de ser meras recomendaciones". Es decir, que si se incumplen llevan aparejado un procedimiento infractor, con sanciones que pueden llegar a suponer la destitución del cargo con entre cinco y 10 años de inhabilitación. Si los datos se ocultan o falsean de forma intencionada, será constitutivo de delito, lo que conllevara la inhabilitación durante al menos 10 años y la correspondiente multa.

Santamaría también ha asegurado que la ley incluye, por primera vez, un baremo sobre las retribuciones de los cargos públicos de todas las Administraciones locales. La vicepresidenta ha asegurado que lo que hace la ley es establecer la "habilitación" para que sean los Presupuestos Generales del Estado puedan aprobar ese baremo que, según ha explicado, solo se aplicará a las Corporaciones Locales y establecerá las retribuciones en función del tipo de Ayuntamiento, su población y otras circunstancias, como por ejemplo, si corresponde a una capital.

Rajoy prometió que habría norma antes de cumplir 100 días al frente de la Presidencia
El control sobre la transparencia pasa a manos de la agencia de calidad de los servicios, que a partir de ahora se denominará Agencia de Transparencia. El nombramiento de sus miembros lo hará el Gobierno, pero podrá ser vetado por mayoría absoluta en el Congreso. Este órgano será el encargado de resolver las reclamaciones de los ciudadanos en caso de que la Administración no le facilite la información que solicita. "Esta ley trata de evitar que alguna Administración diga que cumple el 6% de déficit y acabe dejando el país en un 8%", ha aseverado la vicepresidenta, en alusión al traspaso de poderes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que el PP viene acusando de no haber ofrecido toda la información sobre las cuentas del país y que los socialistas niegan.

La falta de transparencia parece ser un vicio instaurado en la cultura política española, como señalaba el artículo de EL PAÍS del pasado 18 de marzo. Y, sin embargo, los últimos meses y años han estado plagados de escándalos políticos de distinto color que hacen reflexionar sobre la necesidad de las cuentas claras: el caso Palma Arena en Baleares, el caso Gürtel en la Comunidad Valenciana y Madrid o los ERE en Andalucía. El Gobierno pretende aprobar la ley y presentarla oficialmente el día 17 de abril en un foro internacional celebrado en Brasilia, impulsado por Estados Unidos y Brasil para fomentar el acceso a la información. Quince días antes de que la norma entre en vigor, también se abrirá un novedoso proceso de consulta pública electrónica en el que los ciudadanos podrán aportar sus sugerencias.

La primera consecuencia de este anteproyecto ha sido que la vicepresidenta ha respondido a una pregunta que el Gobierno había dejado sin responder en los últimos días sobre el coste del vídeo que la Junta Electoral ha ordenado retirar. "4.200 euros más IVA", ha sido la cifra mencionada por Santamaría.

La vicepresidenta ha sido cuestionada hoy por el fichaje de su esposo, el abogado del Estado Iván Rosa, por Telefónica. De manera breve, Santamaría ha afirmado que ella va a abstenerse en las decisiones relacionadas con esta compañía.