La Algaba - Sevilla

ANDALUCÍA
Guerrero implica a Manuel Chaves en la trama de las ayudas
El exdirector general de Trabajo fue presionado por la Presidencia de la Junta para que resolviera una ayuda porque el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, iba a visitar la empresa
M. BENÍTEZ / SEVILLA
Día 07/03/2012 - 18.03h


J.M. SERRANO/VÍDEO:ATLAS
Francisco Javier Guerrero junto a su abogado a su llegada al Juzgado

J. M. SERRANO
La juez Mercedes Alaya, esta mañana en los Juzgados


La declaración del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, se ha reanudado a las 16.30 horas. Durante esta declaración, Guerrero ha salpicado al que fuera durante veinte años presidente de la Junta, Manuel Chaves.

Según ha explicado uno de los letrados presentes en la declaración, Guerrero ha admitido que recibió un documento de la Presidencia de la Junta de Manuel Chaves en la que se le daban instrucciones para que solucionara el problema de la empresa Bilore porque el presidente iba a acudir a la citada empresa a un acto al día siguiente.

Guerrero también ha explicado que recibió instrucciones del entonces viceconsejero, Agustín Barberá, ya imputado en el caso, para que solucionara también el tema de la Industria Auxiliar Naval de Cádiz. Y tuvo que resolverlo pese a que eso supuso un incremento de 26 millones de euros del presupuesto que no tenía.

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía ha respondido a preguntas de la juez Alaya que "nadie del Gobierno puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". El imputado ha asegurado que en el Consejo de Gobierno se veía la relación presupuestaria de las ayudas.

«Nadie del Gobierno puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas»
Según parece Guerrero ha asegurado que cada consejero "se interesaba por las ayudas a su provincia". Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y la Sierra Norte y así cada uno por su provincia. Guerrero ha insistido en que el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema.

También ha asegurado que a él no le gustaba el convenio porque era discrecional, y que le hubiera gustado una orden o decreto para que las ayudas pudieran llegar a más gente.

El exdirector de Trabajo ha explicado que la partida 31L era aprobada por la Intervención, el consejero o consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz y que era una partida blindada. Y que las explicaciones del convenio marco se las dio Antonio Fernández, titular de la consejería de Empleo, en su despacho.

Concesiones a Cárnicas Molina

En su declaración, Francisco Javier Guerrero también ha admitido que en el expediente de Cárnicas Molina "se hicieron concesiones que no estaban en el papel".

Además Guerrero ha afirmado ante la juez Alaya que el exconsejero y líder del PSOE de Sevilla hasta hace dos semanas, José Antonio Viera, era quien le daba las instrucciones y lo ha citado por Cárnicas Molina.

El imputado ha dicho que el convenio marco se hizo ante la preocupacion de la Junta por mantener la paz social ante varias crisis.

La juez le imputa seis delitos

La juez Alaya ha imputado seis delitos a Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo y principal imputado en la trama de los ERE fraudulentos. En la primera parte de su declaración, que se ha reanudado tras un receso de diez minutos, la juez ha leído durante casi una hora la lista de imputaciones. Prevaricación, cohecho, malversación, dos delitos de falsificación en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil son los delitos que la juez ha imputado a Guerrero durante el largo relato que le ha realizado de los hechos.

La juez, que ha cuantificado en 29 millones de euros las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte, ha echado en cara al imputado que permitiera a su chófer que falsificara la firma de su madre, que también recibió dinero con cargo a la partida 31-L en su presencia.

El largo relato de los hechos ha concluido cuando la juez ha leído a Guerrero la declaración del chófer de la cocaína. "Al termino de su jornada laboral se iban a los bares de copas a consumir alcohol y cocaína", le ha recriminado. Ante estas acusaciones, Guerrero ha permanecido callado aunque moviendo la cabeza en signo de negación.

Al parece la juez Alaya también ha hecho mención a otras ayudas que no aparecen en el desplegable que la Junta de Andalucia envió al juzgado. Tras el receso, en el que la juez no ha permitido a Guerrero salir en un principio aunque luego si le dejó, Guerrero ha comenzado a declarar. "Ha pedido ratificar y ampliar su declaración policial", han explicado fuentes del caso. La declaración será larga.

Guerrero dice que el gabinete de Chaves le pidió 'sí o sí' solucionar un conflicto laboral

'Nadie del Gobierno andaluz puede decir que se hizo a sus espaldas', señala

'El consejo de gobierno y el presidente de la Junta conocían las ayudas'

Guerrero dice que cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia

El exdirector de general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha dicho a la juez que investiga los ERE fraudulentos que en una ocasión el Gabinete de Presidencia de la Junta, que presidía entonces Manuel Chaves, le pidió "solucionar sí o sí" el problema de una empresa cordobesa porque iba a celebrarse un acto político.

Durante su declaración de esta tarde ante la juez Mercedes Alaya, Guerrero ha afirmado que recibió un documento del Gabinete de la Presidencia donde le ordenaban solucionar el conflicto de la empresa Bilore, de Lucena (Córdoba), porque Chaves iba a celebrar allí un acto político, según han comentado a los periodistas abogados personados en la causa.

Guerrero ha respondido durante más de seis horas a las preguntas de la juez Mercedes Alaya, que decidión suspender la declaración tras alegar el propio imputado que "estaba cansado y necesitaba aclarar ideas". La declaración se retomará este jueves a partir de las 10 horas. Según ha trasladado la propia juez a los abogados, "no ha llegado todavía ni a la mitad" del interrogatorio, por lo que "sólo habría realizado el 30 o 40 por ciento de las preguntas" que tiene previsto formular.

En su extensa declaración, Guerrero ha señalado que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -también imputado por los ERE fraudulentos- le dijo que había que solucionar el problema de la industria auxiliar naval de Cádiz, "lo que provocó un aumento de 26 millones de euros en el presupuesto de la Dirección General, que él no tenía", según las fuentes.

Otro de los puntos más sobresalientes de su declaración ha sido cuando ha afirmado que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". A este respecto, ha asegurado que cada consejero de la Junta se preocupaba por las ayudas a su provincia y que Gaspar Zarrías se interesaba por las de Jaén y Jose Antonio Viera por las de Sevilla.

También Guerrero ha señalado que "el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema es un dato objetivo, porque además de Empleo estaba Innovación", añadiendo que el mismo Consejo de Gobierno "veía la relación presupuestaria de las ayudas en la memoria".

Además, el imputado ha asegurado que el convenio-marco suscrito a fin de regular las ayudas "se hizo ante el reparo en el último pago de las nóminas en Cárnicas Mólina, y se hace ante la preocupación del Gobierno de la Junta por mantener la paz social ante varias crisis", aunque, posteriormente, ha llegado a decir que el convenio "no se hizo para evitar reparos" por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

https://ww.elmundo.es/elmundo/2012/03/07/andalucia/1331133646.html