La Algaba - Sevilla

EN EL DESCUENTO DEL 25M

Dos documentos agravan el papel del Gobierno de Griñán en los EREs

El Semanal Digital

El PP ha enviado un informe a la juez Alaya como parte de la investigación al alto cargo de la Junta imputado en el caso, que abre otra puerta en el escándalo que cerca al líder socialista.



7 de febrero de 2002





Griñán no sólo debe hacer frente a las grietas en su federación. El caso de los EREs no hace más que complicarle salir indemne

Los frentes que tiene abiertos el candidato a la Presidencia de la Junta andaluza, José Antonio Griñán, no hacen más que multiplicarse en plena cuenta atrás para las elecciones autonómicas. Tras el vapuleo recibido en el 38º Congreso Federal del PSOE en Sevilla, le tocó enfrentarse a las informaciones que señalan directamente a su Gobierno en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo irregulares después de que su al actual director general de Empleo, Daniel Rivera, fuese implicado en la trama por la juez Mercedes Alaya dos semanas atrás.

El el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, convocó una rueda de prensa en la que daba a conocer documentación que "constata" que Rivera firmó la concesión de ayudas directas a la empresa intermediaria de dos casos de prejubilaciones. Dicha documentación será remitida por los populares, parte personada en la causa, a la juez Alaya.

Según explicó Sanz, con este escrito se probaría que, además de que en las ayudas públicas a los ERE irregulares, las empresas intermediarias entre la Junta y las aseguradoras incluían en el coste de las pólizas el importe de las comisiones, se produjeron "ayudas directas" desde el Gobierno de Griñán a estas empresas. Concretamente, estos pagos se realizaron al menos en dos ocasiones de mano del aún director general de Empleo andaluz.

Rivera está imputado por Alaya por ordenar el 1 de septiembre del 2010 pagos a favor de extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, pese a que dos de ellos no pertenecían a la empresa. El escrito que el secretario general de los populares andaluces presentó ante la prensa añade que el 28 de julio de 2010 el actual director general de Empleo firmó la concesión de una ayuda sociolaboral a Santana por importe de 603.291 euros, de las que 452.468,25 se abonaron en la cuenta de la intermediaria Uniter.
La segunda "ayuda directa" que aporta el PP en su denuncia se ingresó también en 2010 firmada por Rivera a la Franja Pirítica de Huelva por un importe de 544.406,52 euros, de los que 408.304,89 euros fueron a parar a la cuenta de Uniter.

Por ello, el PP ha pedido a la juez que se requiera a la Junta, a través de su representación en la causa, para que aporte "de manera inmediata" toda la información documental que obre en los archivos de la Consejería de Empleo y/o en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) sobre las comisiones cobradas por las intermediarias Uniter y Vitalia a cargo de tramitar los ERE.

Estos documentos obran en poder de la jueza, ya que forman parte de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a los que los populares consideran como los adecuados para que la magistrada determine que deben investigar el caso "para el esclarecimiento de los hechos".

"El señor Recio y el señor Griñán dijeron que Rivera no tenían ninguna implicación. Han vuelto a mentir", aseveró Sanz.