La Algaba - Sevilla

La Junta niega que la juez investigue otras consejerías a pesar del auto



Señala que la trama de los ERE no es un «fraude generalizado» y rechaza que se cuestione el conjunto de las ayudas
J. M. / SEVILLA
Día 30/10/2011
La Junta negó ayer, a través de una nota, que la juez Mercedes Alaya, que instruye la causa sobre la trama de los ERE fraudulentos, esté investigando a todas las consejerías para conocer si el procedimiento para eludir controles puesto en práctica en la de Empleo era de uso generalizado. Desde el Ejecutivo se negó también que la trama suponga un «fraude generalizado», rechazó que este se derive del procedimiento administrativo empleado y lo achacó al deseo de defraudar de determinadas personas.

Hasta la llegada del comunicado de la Junta, la única reacción que se había producido en la Junta era la de la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, quien se mostró «sorprendida» de que la juez haya incluido en la investigación a otras consejerías que «no tienen nada que ver», aunque garantizó que estarán «encantados» de facilitar toda la información que les pidan. Ya por la tarde, llegó el comunicado de la Oficina del Portavoz.

En la nota destaca que la Junta obvie lo dicho por la juez en el auto que dictó el día antes, esto es, que preguntara al Ejecutivo que preside José Antonio Griñán si el método usado para defraudar en la Consejería de Empleo se utilizaba en el resto. El comunicado no entra en esta cuestión y afirma, en cambio, que el hecho de que el juzgado pregunte a la Junta «si las empresas de la presunta trama en cuestión han recibido ayudas de otras consejerías, no supone que las consejerías estén siendo investigadas, sino que se quiere conocer si las empresas en cuestión se aprovecharon —supuestamente— de otras ayudas de la Junta». Sin embargo, el auto de la magistrada es muy claro: pide a la Junta que le informe «si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través del IFA o IDEA se han realizado en otras consejerías». Y añade, «a saber, Innovación, Ciencia y Empresa; Agricultura y Pesca; Turismo, etc.».

Además, la Junta insiste en su teoría de que los responsables del fraude tienen nombre y apellidos, a pesar de las las sospechas de la juez sobre que pudo ser generalizado —de ahí esa petición de información sobre todas las consejerías— y el cuestionamiento de todo el procedimiento administrativo en el que se basaba la concesión de ayudas, que siempre favoreció a personas y municipios relacionados con el PSOE. Sobre ello insiste cuando afirma que el Ejecutivo «sigue defendiendo que el fraude que pudiera haberse cometido no se deriva de los procedimientos administrativos», sino de la «voluntad de defraudar de determinadas personas».

Además, mantiene que, en su opinión, la principal línea de investigación «aparece circunscrita a la Dirección General de Empleo y a un conjunto de empresas vinculadas entre sí», lo que «indica claramente que no estamos ante un fraude generalizado, como algunos sostienen sin fundamento, sino ante un fraude con nombre y apellidos, que en modo alguno cuestiona el conjunto de ayudas a empresas o trabajadores».

Acusaciones a Griñán
El comunicado también entra a negar otro punto del auto, en el que, según Alaya, se asegura que desde la Junta «no se han aportado todos los expedientes de ayudas concedidas y pagadas» y que está a la espera de conocer los expedientes de las ayudas concedidas pero no pagadas.

Así, el Ejecutivo insiste en que es la «colaboradora principal» del juzgado y «parte acusadora», por lo que continuará atendiendo con «máxima diligencia» las nuevas peticiones de información. Además, hizo hincapié en que la investigación sobre los ERE no se dirige «en modo alguno» contra la Junta, sino contra los que hayan podido «aprovecharse».

Así, achacó los retrasos en el envío de la documentación en que la «complejidad de la investigación y el rigor con el que viene actuando la Junta impide reacciones inmediatas a la prensa sobre la información que demanda el juzgado». Esto permite, según la Junta, que el PP «se aproveche de los autos para sembrar dudas o proferir graves acusaciones contra» Griñán. Además, señala que las «interpretaciones malintencionadas» de los autos «hacen daño a muchas personas y empresas» que aparecen en los documentos remitidos «sin estar implicadas en ningún asunto irregular».