La Algaba - Sevilla

Cuando se cierra el grifo



En Carrión los ingresos no dan para pagar una nómina
El PP pedirá moratorias para los ayuntamientos en deuda con la Diputación
Los ayuntamientos andaluces acumulan más de 4.500 millones de euros de deuda
Zoido exige la devolución de las deudas a los ayuntamientos
La deuda del Ayuntamiento de Los Palacios «podría llegar a los 100 millones de euros»
Los ayuntamientos que quedaron fuera del plan de rescate financiero de la Diputación advierten que no podrán afrontar las deudas sin el «auxilio» de las administraciones
NURIA PÉREZ CAMPAÑA / SEVILLA
Día 28/10/2011 - 07.38h
La gasolinera se niega a llenar los depósitos de los vehículos municipales, los polveros no suministran material alguno para las obras pendientes y el supermercado tampoco presta ya servicio para cubrir el dispositivo de emergencia social del municipio. Es el caso extremo del Ayuntamiento de Almensilla, que reconoce estar «al borde del colapso», aunque, en la práctica, tampoco dista demasiado de la situación crítica que padece gran parte de los municipios sevillanos. Los alcaldes, nuevos o reelegidos, se repiten: la administración local es la «más tocada» por la crisis.

Sus ingresos, la mayoría procedentes del ladrillo, han caído en picado y en las arcas sólo hay agujeros que urgen liquidez a corto y medio plazo. Cómo pagar a tiempo las nóminas a la plantilla —en los últimos diez años se ha multiplicado hasta crecer una media de más de un 50 por ciento— trae de cabeza a los ayuntamientos que escudriñan fórmulas para evitar despidos antes de final de año mientras rebuscan otras tantas para hacer frente a las deudas millonarias que mantienen con proveedores y otros pagos pendientes.

El plan de rescate financiero activado por la Diputación Provincial, que transfirió hace días 9,5 millones de euros a 34 ayuntamientos destinados a abonar pagos de personal, dejó fuera del reparto —entre otras cuestiones, por no tener posibilidades de ingresos por parte del Opaef, de la Comunidad Autónoma ni del Estado— a ocho municipios: Almensilla, Gelves, Gilena, Lantejuela, Morón de la Frontera, Peñaflor, Tocina y Villanueva del Río y Minas. En su mayoría, admiten que afrontar las nóminas, sin el auxilio del ente provincial, hasta final de año será más que complejo, y que incluso, en algunos casos, se verán obligados a dejar ya de abonarlas.


El gobierno saliente gastó una reserva en pagar a los proveedores
«Estamos para entregar la llave al Señor Villalobos», advirtió la delegada de Hacienda de Almensilla, Engracia Rivera, que tildó de «catastrófica» la situación. El municipio arrastra desde hace años el cartel del pueblo más endeudado de España y no se prevén visos de cambio. Desde que se constituyó la nueva corporación, con IU al frente, tras ocho años de gobierno socialista, el consistorio ha tenido que lidiar con todo tipo de desbarajustes financieros. El último traspié, los requerimientos de Hacienda por no haber declarado el IVA procedente de los pagos de dos promociones de VPO, entregadas en 2007 y 2009.
No ser parte del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) de Diputación les ha afectado «muy negativamente», aunque a su juicio, los requisitos para acceder al plan de Diputación «no son indicativos de la realidad económica», sino «de la mala o buena gestión» de los gobiernos locales. «En mayo, había disponible 35.000 euros y no se paga la Seguridad Social desde enero y se debe medio millón de euros. La contabilidad no se pone al día de la noche a la mañana», explica Rivera. En cualquier caso, cree que los fondos son «pan para hoy y hambre para mañana» porque «hay que devolverlos y no son un regalo». «Se parchea una situación agónica», advierte la delegada. Reconoce que los problemas para pagar a los trabajadores empezaron pronto, ya que el gobierno saliente «gastó una reserva en pagar proveedores desde el día despúes de las elecciones hasta la toma de posesión (11 de junio)». Hoy día se adeuda sólo la paga extra de verano, pero en noviembre «dejaremos de pagar nóminas y a proveedores». Eso sí, la delegada cree que hay un problema de financiación «crónica» que debe resolverse «sin despedir gente». La salida a su juicio, la disolución «poco a poco» de las Diputaciones para que los recursos «pasen» a las entidades locales.

Los consistorios son la primera puerta a la que llaman los ciudadanos que necesitan cubrir necesidades básicas y sirven así de «parapetos». Más servicios, pero sin recursos compensatorios. «Necesitamos colaboración de Junta y Diputación porque estamos asumiendo competencias que no nos corresponden», advierte el alcalde de Gelves, José Luis Benavente (PP). La situación del ayuntamiento gelveño, que acumula una deuda de 6 millones de euros, es «precaria», más cuando se había contado con los fondos extraordinarios de la Diputación. Sin la ayuda, «hay 600.000 euros de déficit en el balance de ingresos y gastos relativos al capítulo 1», señala Benavente. No se deben nóminas, sí el IRPF del tercer trimestre. Ahora toca, «ajustar gastos» y adoptar «medidas correctoras» —se habla además que la gestión de Puerto Gelves podría pasar a ser público-privada— pues «el barco se hunde».

Hay 600.000 euros de déficit en el balance de ingresos y gastos del capítulo 1
Cada ayuntamiento lo sufre de una forma. El alcalde de la Lantejuela, Juan Lora (PSOE), acepta que la Diputación «lleve la razón» al no conceder a este municipio los fondos, pero no es menos cierto que «hay un trasfondo» en su caso. Las nóminas no suponían conflicto alguno para el ayuntamiento porque el gobierno antecesor (IU) «había cogido dinero de subvenciones para su pago». El problema llega ahora. «Estamos prácticamente en bancarrota por el reclamo de esas ayudas que se destinaron a pagar personal», indica el regidor. Ocurre con la destinada, por ejemplo, al centro de inmigrantes (95.000 euros) que no se ha ejecutado. Las contrataciones «bestias» de pre campaña también han influido. «Estamos inmersos en aplazamientos, sentencias en contra de proveedores, anticipos agotados y una deuda vida que supera los 3,5 millones de euros lo que hará que tengamos problemas de pagos de nóminas antes de final de año», señaló Lora que reconoció que «ya en noviembre va estar complicada abonarla».
Buscar «otras vías» para remediar males mayores es lo que está haciendo también el alcalde de Morón de la Frontera, el socialista Juan Manuel Rodríguez, que tras el «fuerte revés» que ha supuesto quedarse al margen de la ayuda extraordinaria de Diputación por una «cuestión técnica», trabaja en base a «otros recursos» para hacer frente al pago de las nóminas. «Se está pagando regularmente con muchas dificultades y aunque no se contemplan medidas especiales, sí habrá una reestructuración interna de la plantilla —de los 400 empleados, 112 son funcionarios— sin despidos», subrayó Rodríguez que cifró en 47 millones de euros la deuda municipal. Cuestión aparte es el Ayuntamiento de Peñaflor que se desbanca de los «que están en la UCI» y mantendrá su plantilla fija de cara a 2012.

Para otros, el problema grave es la falta de margen de maniobra. Le ocurre al Ayuntamiento de Tocina, que aunque preveía quedarse al margen de los fondos extraordinarios por no cumplir los requisitos, insisten en que «no nos dan margen de tiempo» para poner al día el «desaguisado heredado» y en consecuencia, adherirse al «balón de oxígeno» que supone medidas de este tipo. Su alcalde, Francisco Calvo (PA), lamenta que «nos toque a nosotros el tirón de orejas» pese a que «estamos haciendo un gran esfuerzo ante una contabilidad muy atrasada». De hecho, desde 2007, no se liquidan las cuentas. «No disponer de los fondos de Diputación nos afecta doblemente en tanto que tenemos retenido los tributos del Estado», apunta el primer edil que culpó a la Administración estatal de estar «hundiendo» a la local. Ante la «asfixia» de los plazos, el alcalde alerta de que, a partir de ahora, «habrá meses que no se puedan pagar las nóminas», aunque calculó que, «para febrero de 2012, se pueda solucionar». Mientras, se están estudiando recortes, eliminando horas extras o no renovando los contratos temporales. «No habrá medidas drásticas, pero sí es cierto que de aquí a final de año, las nóminas peligran».

«No nos dan margen de tiempo» para poner al día el «desaguisado heredado»
La mayoría de los gobiernos locales descarta aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), pero sí se apunta a expedientes temporales hasta que puedan salir del ahogo financiero. El alcalde de Villanueva del Río y Minas y líder de la fuerza independiente Unión Minera, Francisco Barrera, admitió que, de cara a los presupuestos de 2012, podría barajarse una suspensión temporal de empleo como «medida de garantía» para que los trabajadores recuperen su puesto una vez mejore la situación económica del Consistorio, que arrastra unos seis millones de euros en deudas. La no concesión de los anticipos de Diputación ha caído como un jarro de agua fría en el consistorio al no disponer de «recurso alguno». «Tenemos unos ingresos mensuales de 65.000 euros cuando solo el capítulo de personal se lleva 210.000 euros», advirtió el primer edil que revela un remanente negativo de 2 millones de euros. Se debe a la plantilla, parte de la paga extra de verano y el mes de septiembre. Tampoco disponen, según advirtió Barrera, de fondos regulares de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) para poder atender las necesidades que genera la nómina del personal del ayuntamiento. La anterior alcaldesa, la socialista María José Cervantes, solicitó un crédito a un banco «por el importe total de los fondos anuales de la Patrica que consumió en febrero de 2011» cuando los fondos se solicitan apenas un mes antes.
Estos son sólo los casos de los pueblos que no han podido acogerse al plan de rescate de la Diputación, pero la situación no es mejor entre muchos que sí han podido hacerlo. El ejemplo de Carrión de los Céspedes es tal vez el más elocuente.

La Diputación no concede moratorias
La diputada del PP Dolores Rodríguez, alcaldesa a su vez del Ayuntamiento de Palomares del Río, reclamó ayer en el pleno de la Diputación una moratoria de al menos tres años para que los ayuntamientos puedan pagar o devolver sus deudas a la Corporación provincial; cuestión que fue rechazada por el PSOE al entender que, pese a compartir el «espíritu» de la petición del PP, ésta requiere «una solución de pacto de Estado». Rodríguez, que gobierna unos de los municipios más afligidos con una deuda de casi 15 millones de euros, insistió aun así en la necesidad de los aplazamientos ante la «extrema» gravedad de la mayoría de los municipios de la provincia por falta de liquidez.