La Algaba - Sevilla

ANDALUCÍA / FRAUDE EN EL EMPLEO
La Junta ocultó a la Comisión Europea el ERE que el PP vincula con Chaves
El órgano de la UE abrió expediente en 2010 por la «falta de información» sobre las prejubilaciones de A Novo
A. R. VEGA / SEVILLA
Día 04/05/2011 - 08.21h
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EFE / BALLESTEROS
Manuel Chaves, ayer tarde en el pleno que celebró el Senado
Por si no le bastara con el eco mediático que han tenido los avatares de su hijo Iván como «comisionista», la vinculación por parte del PP del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en las ayudas públicas a un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a la empresa A Novo Comlink SL en su etapa como presidente de la Junta de Andalucía, lo ha puesto en una situación aún más complicada.

El hecho de que en su despacho se pusieran las bases a un ERE de 35 millones de euros, pagado con la partida 31L o «fondo de reptiles», en el año 2005, da un nuevo giro al escándalo de las prejubilaciones fraudulentas, a juicio de los populares, toda vez que la tramitación de éste ha sido cuestionada por la Comisión Europea (CE). En concreto, el 29 de mayo de 2005 ésta abrió un expediente sobre las citadas ayudas a la reestructuración, que ayer hizo público el PP, al entender que podrían haber vulnerado los principios de libre competencia en relación con otras empresas que no resultaron beneficiadas con los fondos.

El informe advierte de que A Novo recibió una ayuda de salvamento en mayo de 2009 que consistía en una garantía del 80 por ciento sobre un préstamo de 1,82 millones de euros que «no fue notificada a la Comisión».

Demasiadas ayudas

La nueva aportación autonómica sería incompatible, a juicio del órgano europeo, con el ERE subvencionado que la firma presentó en 2005, que contemplaba «pagos directos a determinados trabajadores hasta la incorporación de éstos a un régimen de jubilación parcial a los 60 años», según expone. Fue en la fase inicial de tramitación de este ERE donde participaría el exmandatario andaluz, que recibió en el Palacio de San Telmo el 20 de mayo de 2005 a representantes de los trabajadores de la empresa, instalada en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, para abordar la baja de parte de la plantilla de la compañía, especializada en la fabricación y venta de teléfonos.

En relación al plan de prejubilaciones, la Comisión Europea pone algunas objeciones: «España no ha presentado información que permita e la Comisión evaluar si constituye o no ayuda». Ante las lagunas informativas que contiene la documentación sobre el ERE, concluye que «carece de la información necesaria que le permita determinar si también constituyen ayuda los pagos directos a los trabajadores prometidos en 2005 por la región de Andalucía».

Este detalle no es baladí. Pone el dedo en la llaga del cuestionado procedimiento que permitió agilizar la concesión de las ayudas evadiendo los controles de fiscalización que demandaba la Intervención General de Hacienda de la Junta. Entre 2005 y 2007, ésta emitió tres informes contrarios a la tramitación de ayudas mediante la transferencia de financiación de explotación (gestionados primero a través del Instituto de Fomento y luego de la Agencia IDEA), advertencias que fueron ignoradas por la Consejería de Empleo.

El PP reveló parte del intercambio epistolar entre el presidente del comité de empresa, el expresidente Manuel Chaves y los entonces consejeros de Empleo, Antonio Fernández, y de Innovación, Francisco Vallejo, que documenta cómo se preparó el expediente de regulación de empleo de una de las principales sociedades beneficiarias del procedimiento de reparto discrecional de incentivos que investiga la jueza Mercedes Alaya.

El ERE de A Novo Comlink SL llama la atención tanto por la cuantía de los fondos de la Junta, como por el volumen de trabajadores afectados (240), así como por el cúmulo de irregularidades detectadas por la investigación judicial: 42 de las 183 pólizas aprobadas contenían anomalías.

El expediente de la Comisión Europea distingue claramente entre el segundo plan de rescate, que se resumía en la garantía para un préstamo con bajos intereses, que fue resuelto en mayo de 2009 y del que la Junta no rindió cuentas como era preceptivo, y las primeras ayudas al ERE, que empezaron a gestarse en 2005 y se culminaron en noviembre de 2008.

La CE pone en entredicho el solapamiento de ambos planes, que acarreaban un notable desembolso a las arcas autonómicas. En este sentido, especifica que «es dudoso que la ayuda de reestructuración (de 200 pueda considerarse compatible con las directrices sobre ayudas de salvamento», en alusión al aval público para el préstamo preferente que se concedió en 2009. Recuerda que entre ambas aportaciones no había transcurrido el plazo obligatorio de 10 años, por lo que «no puede aprobar una nueva ayuda de reestructuración».