La Algaba - Sevilla

Los directivos de Mercasevilla se blindan con un seguro ante las acciones judiciales
07:17 (17-02-2011) | 142
Contrataron hace tres meses una póliza de responsabilidad civil con una cobertura de seis millones de euros. Las cláusulas establecen las indemnizaciones y los gastos de su defensa en los tribunales.
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Enrique Morales y Suso Betanceiro. Madrid

Los directivos y consejeros de Mercasevilla han decidido blindarse ante el cerco, cada vez más estrecho, de la Justicia, que investiga a muchos de los responsables de la compañía en los últimos años por el cobro de comisiones ilegales, favores a cambio de ayudas públicas y por la trama de expedientes de regulación de empleo (ERE) falsos destapada recientemente, entre otros asuntos.

Anticipándose a la acción de los tribunales y a la responsabilidad civil y penal que pudiera derivarse de las, al menos, cinco supuestas tramas de corrupción que se investigan, los tres directivos y los nueve consejeros actuales de la compañía contrataron el pasado mes de noviembre una póliza de responsabilidad civil con una amplia cobertura.

Algunos de los actuales dirigentes de Mercasevilla, como el presidente, Alfonso Mir del Castillo, acusado por el PP de recibir favores de Mercasevilla mientras era concejal; el director general, Juan Carlos Recio, que ha tenido que acudir a los tribunales para justificar su no participación en los ERE de 2003; o el consejero José Miguel Braojos, que era interventor del Ayuntamiento de Sevilla cuando la compañía vendió su suelo a una empresa que ofreció peor oferta económica, son algunos de los beneficiados por la póliza.

El seguro fue licitado en el mes de julio de 2010, justo en el momento en el que los sindicatos comenzaron a movilizarse contra la gestión de los ERE en la empresa Mercasevilla, y fue adjudicado en el mes de noviembre de 2010, en paralelo a las primeras informaciones que desvelaban el fraude monumental de los expedientes de regulación de empleo en Mercasevilla.

La citada trama habría servido para indemnizar a militantes y cargos socialistas que nunca trabajaron en la empresa, un supuesto fraude millonario que contó con la connivencia de algunos responsables sindicales.

Claves del contrato

El contrato, al que ha tenido acceso LA GACETA, tiene un presupuesto de licitación de 6.000 euros –pagado por la empresa pública– y da cobertura a los 12 administradores de la sociedad y a sus familiares directos en caso de fallecimiento.

La cobertura máxima recogida en la póliza es de seis millones de euros, lo que supone un blindaje millonario.

Además, el contrato, considerado privado en el texto, prevé que en caso de inhabilitación profesional el asegurado reciba 18.000 euros; 15.000 euros para afrontar sanciones administrativas y 100.000 euros para poder constituir el aval en el caso de un embargo. Los riesgos cubiertos por la póliza incluyen, entre otras muchas contingencias, el pago de reclamaciones presentadas en su contra, por las que incurran en responsabilidad civil o solidaria e imputable a todo acto culposo, real presunto. También incluye entre las amplias coberturas el pago de los gastos de defensa civil y penal.

Asuntos pendientes

El actual presidente de Mercasevilla, Alfonso Mir del Castillo, un político socialista colocado por el Ayuntamiento de Sevilla en la empresa pública, fue acusado por el Partido Popular de haber recibido, cuando era concejal, bandejas de marisco valoradas en casi mil euros que previamente pagó Mercasevilla con dinero público. El socialista siempre lo negó, pese a que los populares presentaron las facturas de la pescadería en las que aparecía el nombre del concejal.

Mientras, uno de los actuales consejeros, José Miguel Braojos Corral, tuvo que acudir a declarar como testigo ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a Sanma Desarrollos Urbanísticos, compañía filial de Sando.

Esta empresa se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior en 52 millones de euros por parte del Grupo Noga.

Braojos, consejero de Mercasevilla, ocupaba el cargo de interventor del Ayuntamiento de Sevilla en el momento en el que se elaboró el pliego de condiciones y de adjudicación a Sanma de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla.

Ante la juez, Braojos se limitó a decir que no se leyó el pliego de condiciones, pese a la importante operación de venta de terrenos, con una oferta de 106 millones de euros de Sando y otra de 158 millones procedente de Noga.

La excusa para no adjudicar el contrato a este último grupo empresarial –pese a haber sido la oferta mayor– se justificó en el incumplimiento de dos cláusulas, una de ellas que penalizaba, sorprendentemente, todas las ofertas temerarias al alza.

Por su parte, el actual director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, otro de los directivos de la empresa blindados, tuvo que presentar en el juzgado hace una semana un escrito con su vida laboral para probar que fue en 2004 cuando se incorporó al área de Recursos Humanos de la sociedad mixta. El objetivo de Recio era desmontar la tesis de la Brigada Provincial de Policía Judicial basada en su presunta participación en 2003 en el intento de prejubilar a Carmen Fontela González en esta compañía en la que jamás había trabajado, aprovechando el expediente de regulación de empleo promovido aquel año y financiado con fondos autonómicos.

En el caso de la prejubilación irregular de Fontela González, el atestado de la Brigada Provincial de Policía Judicial, concluyó que era “claro” que Fernando Mellet; Daniel Ponce; el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, y el actual director de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, “intentan ya” en 2003 “introducir” a Fontela en el primer expediente de regulación de empleo del mercado central.

El actual consejo

El número de representantes en el consejo de administración de Mercasevilla quedó reducido el pasado año de 23 a nueve miembros, dando mayor protagonismo a los técnicos frente a los políticos. El acuerdo llevado a cabo por la empresa sevillana dejó fuera al representante del PP, la única formación política en la oposición en el consistorio sevillano. De esta forma, el consejo de administración quedó conformado por cuatro representantes de Mercasa –que posee el 49% de Mercasevilla– y cinco del Ayuntamiento de Sevilla, tres de ellos técnicos y dos políticos, los dos socialistas.