La Algaba - Sevilla

ANDALUCÍA
Los ERE marcan de nuevo la agenda política andaluza
Griñán dará explicaciones sobre el comportamiento de la Junta ante las sobrecomisiones que cobraron aseguradoras e intermediarios
01.04.13 - 00:09 - MARÍA DOLORES TORTOSA | SEVILLA.
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La vuelta de las cortas vacaciones de Pascua traen a la vida política andaluza algunos cambios debido a las nuevas investigaciones en torno a la corrupción en la Junta de Andalucía, el conocido como 'caso de los ERE', en víspera del viernes de Dolores. La posibilidad de nuevas diligencias de la jueza Mercedes Alaya que pueden incluso sumar otros excargos o cargos de los gobiernos socialistas como imputados en el sumario marcará la agenda política en un periodo en que todos los grupos estaban dispuestos a sumar consensos para sacar adelante temas pendientes como medidas sobre transparencia política, la elección del director de la RTVA, la renovación del Defensor del Pueblo o el desbloqueo de la FAMP, para lo que es necesario el acuerdo de todos los grupos del Parlamento. Tras la escalada de tensión entre PSOE y PP ante la operación 'Heracles' se plantea harto difícil este consenso.
Contraofensiva
La expectación esta semana estará centrada, además de en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el debate de control al Gobierno del Parlamento. Griñán comparecerá para volver a explicar -lo ha hecho en otras 12 ocasiones- su postura sobre el escándalo de los ERE y responder a las cuestiones que le planteen los portavoces, especialmente Juan Ignacio Zoido, sobre las sobrecomisiones que la administración socialista pagaba a intermediarios y aseguradoras. Zoido le ha pedido que comparezca también en el Congreso y le ha acusado de ser el «cajero de los ERE». El portavoz del PP, Carlos Rojas, le ha señalado como la «X» del puzzle de los ERE y ha vaticinado que el presidente tendrá que responder a la jueza Alaya. Manifestaciones todas ellas que han provocado en el PSOE una contraofensiva que incluye el anuncio de una denuncia ante los tribunales para defender el honor y la dignidad del presidente andaluz.
El panorama cambiante de la política da un giro. El asunto de los ERE vuelve a debilitar al PSOE como antes de las elecciones de marzo del pasado año y, por el contrario, ha hecho remontar al PP tras su hundimiento al no conseguir la presidencia de la Junta, el relevo de liderazgo de Arenas por Zoido y la no consolidación de este como alternativa a Griñán. El escándalo Bárcenas, con Arenas tocado por ser antiguo jefe del extesorero en la dirección nacional, había augurado al PP andaluz no levantar cabeza en algún tiempo. Para el PP la operación 'Heracles' ha servido de balón de oxígeno y sus dirigentes, incluido Zoido, no piensan dejar escapar la pieza sin antes sacarle todas las plumas posibles.
El PSOE andaluz, que había optado por aparecer tibio en el escándalo de Bárcenas para que fuera Rubalcaba y los suyos quienes llevaran el timón, se ha replanteado cambiar de estrategia y contraatacar al PP con la misma munición. Griñán retó el pasado lunes al PP abordar una comisión de investigación conjunta en el Congreso sobre ERE y Bárcenas.
Con las espadas en alto los políticos andaluces vuelven hoy a sus despachos. Antes del pasado miércoles los grupos estaban enfrascados en un acuerdo sobre la transparencia en la actividad política de partidos y gobierno. Había visos de llegar a un consenso que debería materializarse antes de que acabe este periodo de sesiones en el Parlamento en junio y para ello acordaron delegar en los letrados de la Cámara la elaboración de un listado de propuestas comunes a todos ellos. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, ha anunciado que remitirá a la mesa de partidos sobre transparencia la ley que prepara su departamento sobre este asunto y que el Consejo de Gobierno aprobará este mes de abril. Un gesto de buena voluntad por llevar la ley al pleno del Parlamento lo más consensuada posible.
Una voluntad también necesaria en cuestiones abiertas pocos días antes de la Semana Santa como la elección del director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) tras la repentina dimisión de Pablo Carrasco. El PP ha vuelto a plantear además la sustitución de José Chamizo al frente de la oficina del Defensor del Pueblo, tras 17 años ocupando el puesto. Mientras el PSOE ha amenazado con llevar a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, a los tribunales si no desbloquea la renovación de la FAMP, cuya presidencia interina ocupa desde que dimitió el socialista Francisco Toscano.
Negociaciones todas ellas con un panorama nada favorable debido a la tensión política por los ERE. En el mismo encuadre cobra protagonismo Izquierda Unida. Ante la presión mediática y del PP por los ERE, el PSOE andaluz necesita más que nunca la comprensión de IU para mantener el pacto de gobierno. El secretario general del PCA, principal partido de IU, José Manuel Mariscal, ha aclarado que su formación no abandonará el Gobierno aunque alguno de sus miembros pueda ser imputado. IU no se siente heredera del pasado de los gobiernos socialistas y en el acuerdo que firmó con este partido no figura nada sobre el caso de corrupción de los ERE. Pero a cambio IU querrá ejercer una mayor influencia en las decisiones del Gobierno andaluz. Esta formación se opone a sustituir a José Chamizo, quiere formar parte de la dirección de la FAMP y se da por hecho que también desea mayor protagonismo en la RTVA. Cuestiones a las que se opondrá el PP.