La Algaba - Sevilla

CASO INVERCARIA | Instrucción judicial
La Policía investiga otro frente de corrupción en la Junta


Laura Gómiz, ex directora de Invercaria, durante el juicio por la demanda de Cristóbal Santos. | J. Morón
La Policía sospecha que la empresa de la Junta pudo falsificar documentos
Un informe aconseja auditar de nuevo la gestión de la compañía
Invercaria repartió fondos a empresas sin publicidad ni requisitos
Sebastián Torres / Antonio Salvador | Sevilla
Actualizado martes 02/10/2012 13:47 horas
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A falta aún de conocer las conclusiones de la comisión parlamentaria que investiga el fraude en las ayudas a expedientes de regulación de empleo, en la conocida como trama de los ERE, el Gobierno de José Antonio Griñán se está viendo de nuevo salpicado por otro complejo entramado de presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos, esta vez en relación a las inversiones realizadas por la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía denominada Invercaria.

Según fuentes de la investigación, el caso Invercaria acumula ya más folios que el sumario de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y, aunque la instrucción está aún en su fase inicial, la gravedad de las irregularidades detectadas podría acabar por hacer sombra al mismo caso de los ERE.

Un contundente informe de la Policía Judicial, realizado a instancias del juez que investiga el reparto de 21,5 millones en ayudas a empresas sin publicidad ni procedimiento reglado, ha advertido de la posibilidad de que Invercaria haya remitido información falsa a la Cámara de Cuentas para ocultar irregularidades.

Los agentes consideran necesario revisar de nuevo «la totalidad de documentación habida en los expedientes» de ayudas y préstamos de 2009, ejercicio que fue sometido a una auditoría extraordinaria de la Cámara de Cuentas, «siendo de especial interés aquella documentación aportada por Invercaria en la presentación de alegaciones» al informe provisional de los auditores de la Cámara de Cuentas.

La niña mimada de la Junta

Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) ha sido la ‘hija mimada’ de la Agencia IDEA, su única accionista. A su vez, la Agencia IDEA es un ente instrumental de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, pero puede actuar al servicio de cualquier otra consejería de la Junta de Andalucía, según se ha asegurado recientemente en la comisión de investigación de los ERE.

Desde su creación en 2005, el presidente de Invercaria fue Tomás Pérez-Sauquillo, que se mantuvo en el cargo hasta mediados de 2010. Entonces, fue sustuido por Juan Manuel González Mejías, un sobrino de Felipe González que ha ocupado otros cargos en la Junta de Andalucía, como la secretaría general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Éste apenas duró tres meses en el cargo, siendo sustituido por Laura Gómiz, la presidenta a la que le tocó ‘lidiar’ con la auditoría de la Cámara de Cuentas y que, supuestamente, habría ordenado a sus subordinados realizar informes predatados para falsear expedientes.

Tras estallar el ‘caso Invercaria’, Gómiz fue sustituida por el actual presidente de la sociedad de capital riesgo, Francisco Álvaro Julio, ex delegado de la Consejería de Innovación en la provincia de Sevilla.

La Policía Judicial adscrita al fiscal superior de Andalucía considera «conveniente» que la Cámara de Cuentas audite toda la vida de la empresa pública Invercaria, salvo aquellos periodos «susceptibles de estar sujetos a prescripción». Asimismo, pide que se investiguen los «titulares y accionistas» de las empresas beneficiadas por Invercaria y las que contrataron con ella para esclarecer «el verdadero destino final de esas inversiones».

Cronología del caso Invercaria

Auditoría. El origen del ‘caso Invercaria’ está en una auditoría de la Cámara de Cuentas realizada en el año 2011 sobre la gestión de la empresa en 2009. La empresa pública de capital riesgo estaba fuera de los controles de la Intervención, por acuerdo del Consejo de Gobierno, así que enfrentarse a la inspección de un órgano oficial de control era una situación novedosa.

Investigación de oficio. El informe definitivo de auditoría se hizo público a principios de este año y sus conclusiones, como el préstamo de 21,5 millones de euros a empresas sin procesos de selección o la inversión en sociedades cerradas al poco tiempo, provocaron que la Fiscalía Superior de Andalucía abriera una investigación de oficio, que acabó con el informe policial aportado al juez y desvelado hoy en estas páginas.

Escándalo. Mientras la Fiscalía investigaba, se hicieron públicas unas grabaciones entre la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz y el directivo Cristóbal Cantos. En ellas se aludía a la elaboración de informes técnicos con fechas alteradas para justificar inversiones realizadas por Invercaria en el año 2009 ante los ojos de los auditores de la Cámara de Cuentas.

Instrucción judicial. Si bien las grabaciones fueron aportadas por el directivo ante los juzgados de lo Social en su demanda de despido contra Invercaria, ante la gravedad de su contenido fueron remitidas a los juzgados de instrucción. La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, consideró que no había relación entre una cosa y otra y, finalmente, el asunto acabó sobre la mesa del Juzgado de Instrucción número 16. El Tribunal de Cuentas, a instancias del fiscal superior de Andalucía, también investiga el asunto.

Sin manipulación. Todo ello ocurría en vísperas de la campaña electoral de las autonómicas del 25 de marzo y con el Gobierno andaluz descolocado y desbordado. El propio presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aludió a una posible manipulación de las grabaciones. Pero después la Policía Judicial desautorizó esa versión al dar plena validez técnica a las cintas.

Ética. En esas grabaciones, la ex presidenta de Invercaria admite que la empresa, que se dedica a realizar inversiones con fondos públicos, ha estado trabajando «sin procedimiento» y llegar a afirmar que «si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización». También sostiene que el actual gerente de la Agencia IDEA, socio único de Invercaria, está al tanto de la manipulación de informes.










Un contundente informe de la Policía Judicial, realizado a instancias del juez que investiga el reparto de 21,5 millones en ayudas a empresas sin publicidad ni procedimiento reglado



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