La Algaba - Sevilla

La primera ronda de comparecencias ante la comisión de investigación de los ERE ha concluido dejando un reguero de pistas que conducen a despachos que están muy por encima de la cabeza de turco del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (1999/200. A la espera aún de lo que digan los máximos dirigentes de la Junta en sus declaraciones (aplazadas 24 horas antes), las pesquisas han puesto al descubierto los siete pecados capitales que cometió la Junta en el caso de los ERE fraudulentos:

1. Teoría de los cuatro golfos

La Junta había puesto hasta ahora el dique de contención de las responsabilidades políticas a las puertas del despacho de Guerrero. En su afán por minimizar la supuesta malversación de fondos públicos (1.217 millones), lo redujo a un mero «abuso de confianza». Pero hasta esa «verdad» revelada y repetida hasta la saciedad por los responsables autonómicos («esto es cosa de tres o cuatro golfos») se ha venido abajo a las primeras de cambio. En una administración tan compleja nadie puede manejar a su capricho durante tanto tiempo (siete años) tantos millones a espaldas de todo el mundo. De ahí que el Gobierno andaluz haya extendido el círculo de responsabilidades hasta los consejeros de Empleo que lo mantuvieron como subordinado: José Antonio Viera (2000/04) y Antonio Fernández (2004/10), señalados por la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, como «ideólogos» del «fondo de reptiles». El primero se ha librado de la imputación por estar aforado (es diputado), mientras que el segundo tiene un horizonte tan negro en el terreno penal (acusado de seis supuestos delitos) como político.

2. El sistema era legal

El interventor general de Hacienda entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, ha desarmado la estrategia delEjecutivo andaluz y del PSOE de que el procedimiento para conceder ayudas a prejubilados y empresas en crisis no era ilegal. «Sería una interpretación muy grosera» concluir que el convenio marco «haya adquirido rango de ley por estar contemplado en el presupuesto» y «yo no lo voy a sostener», precisó. Gómez dejó claro que el fondo, que se puso en marcha en julio de 2001 con un convenio de apenas tres páginas, no tenía «rango de ley» por el mero hecho de que se dotara con una partida presupuestaria año a año.

3. Había una norma

El polémico convenio ni siquiera aparece recogido en las cuentas anuales de la Junta, que tampoco son fiscalizadas por la Intervención. Ni en la memoria ni en los anexos se hace mención expresa al mismo, sólo a las ayudas sociolaborales, que Fernández catalogó como «política de Estado». Se cae así uno de los principales axiomas esgrimidos por la antigua cúpula de Empleo para exculparse, un mensaje que han repetido como un eco los consejeros que han desfilado ante la comisión, Antonio Ávila, Manuel Recio o Carmen Martínez Aguayo.

Fernández acabó admitiendo que carecía de norma para repartir el dinero. A pesar de la insistencia con que PP e IU han preguntado a todos ellos qué criterios se aplicaban para seleccionar a los beneficiarios, si había un registro de solicitudes y por qué no se publicaban, no supieron precisar nada. Utilizaron como burladero los acuerdos de concertación con sindicatos y empresarios y a la Prensa, que aireó los conflictos laborales provocados por los cierres de Astilleros, Santana o las minas de Huelva.

4. Nadie sabía nada

Ningún responsable autonómico fue capaz de dar un golpe en la mesa del despacho y decir basta. Las primeras advertencias del interventor cuestionando la aplicación del fondo llegaron en 2004 a la Consejería de Empleo, pero nadie se dio por enterado. Y eso que los informes llegaron a partir de 2005 a la mesa de tres consejeros diferentes (Innovación, Empleo y Hacienda), implicados en mayor o menor medida en la gestión de la partida 31L. Las ayudas se canalizaran a través de una agencia instrumental de la Junta (IDEA o IFA) mediante transferencias de financiación en lugar de subvenciones excepcionales, la figura más apropiada. El pretexto, eliminar la burocracia. No es una cuestión baladí. El control es mucho más laxo: no hay fiscalización previa ni seguimiento del gasto ni justificación posterior de las ayudas.

El resultado fue que el dinero no siempre llegó a donde tenía que llegar: se esfumaron decenas de millones en pagar pólizas trucadas, favores empresariales y proyectos fantasma de ayuntamientos como una escuela hípica en Los Palacios (Sevilla).

5. Las alarmas no sonaron

El máximo responsable del control de los fondos públicos en la Junta fue muy claro el pasado martes: las alarmas sonaron hasta en «quince momentos diferentes». Griñán, que ocupó la cartera de Hacienda entre 2004 y 2009, debió conocerlo, a juicio del exinterventor, una figura independiente que dependía de él sólo orgánicamente. Lejos de cerrar la manguera de dinero público, el actual presidente de la Junta aumentó la partida de los EREcon sucesivas ampliaciones de crédito. Alertado de un descuadre de 38 millones de euros en las cuentas que había dejado Guerrero, se limitó a tapar el agujero con más transferencias de financiación. Martínez Aguayo (su entonces viceconsejera) alegó que carecía de margen de maniobra para hacer más porque no había requerimiento para actuar.

6. La Junta lo denunció

El sistema no se frenó a tiempo. Y pasaron seis años, desde 2005 a 2011, hasta que una orden fijó cómo repartir las ayudas. Demasiado tiempo para justificar un desconocimiento tan prolongado. El diputado del PP Rafael Carmona opina que Griñán «tuvo conocimiento de las irregularidades, que actuó sólo en lo que le interesaba y que no tomó ninguna medida para cambiar el procedimiento». Además, se preguntó si Griñán despachó con Chaves, su superior jerárquico, este asunto. Ambos se sentaban en el Consejo de Gobierno donde se aprobaron ampliaciones presupuestarias y ayudas dicrecionales a Santana o Promi. Empleo sólo tomó medidas seis años después, cuando el escándalo ya era un clamor en la calle y se acumulaban pruebas abrumadoras en el juzgado.

7. No hubo comisiones

Hace un año la Junta negó que hubiera pagado comisiones abusivas a aseguradoras e intermediarios por tramitar ERE. La investigación judicial y la documentación remitida por la Junta a la comisión han echado abajo esta certeza. A los andaluces les va a costar 286 millones de euros los pagos comprometidos con aseguradoras y las comisiones abusivas, de los que 33,3 millones serían sólo intereses. El Gobierno ha revisado las comisiones más disparatadas, pero sigue sin aclarar cómo escogieron a las compañías.

sí señor, mejor no se puede explicar, y estos son los que nos gobiernan en Andalucía, ahora lo tenemos que pagar todos los andaluces , por dios si no dimiten es para hacerles un juicio pero en la plaza mayor para que los vean toda la gente, que poca vergüenza, y encima tanta demora en declarar griñán y Cháves , estos tienen más miedo que 11 viejas, pero por desgracia no les va a pasar nada