La Algaba - Sevilla

La Junta de Andalucía reconoce que gestionó 1.437 millones de euros entre los años 2003 y 2010 mediante el método que la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos considera irregular. De ese montante, tan sólo 227,46 millones tendrían encaje administrativo.

Entre la documentación que el Gobierno andaluz ha enviado a la comisión de investigación de los ERE para preparar las comparecencias, figura un listado con las ayudas que, mediante la figura de transferencias de financiación, abonaron cuatro consejerías a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en el periodo comprendido entre 2003 y 2010. Los departamentos que recurrieron a este sistema fueron Empleo, Innovación, Ciencia y Empresa, Medio Ambiente y Turismo y Deporte.

De acuerdo con la información contenida en este documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Administración autonómica inyectó esos ochos años a la Agencia IDEA mediante transferencias de financiación 1.437.439.540,85 euros.

En esta cantidad están incluidos los 516.366.197 euros que, entre 2003 y 2009, la Consejería de Empleo transfirió a este organismo público para que procediera al pago de las ayudas a empresas supuestamente en crisis y de las prejubilaciones, objeto de la investigación que dirige la juez Mercedes Alaya.

La Agencia IDEA, pese a las advertencias de la Intervención General de Hacienda de la Junta, usó la figura de la transferencia de financiación de explotación de manera sistemática para el pago de las ayudas sociolaborales, cuando éstas deberían haberse tramitado como subvenciones excepcionales, eludiendo así requisitos básicos como publicidad, transparencia o concurrencia competitiva. Éste es el núcleo de la tesis que mantiene la instructora del caso, que suma ya 60 imputados.
Las transferencias de financiación han de servir «para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas o enjugar pérdidas de ejercicios anteriores», según la Ley de Medidas Fiscales, Presupuestarias, de Control y Administrativas.

Lejos de ello, al menos cuatro consejerías recurrieron a la transferencia de financiación a IDEA como intermediario para el pago de subvenciones, que tendrían que haberse instrumentado de otra forma.

En puridad, de los 1.437 millones gestionados bajo este procedimiento, tan sólo tendrían encaje administrativo 227.465.755 euros -el 15,8%-, que es lo que importan las subvenciones de explotación recibidas en el periodo de análisis.
Lejos de servir para sufragar los gastos de funcionamiento del organismo, las transferencias de financiación a IDEA se emplearon con fines diversos: la toma de participación en el capital de empresas, encomiendas de gestión a sociedades públicas, el pago de premios y subvenciones excepcionales o la financiación de estudios sobre la situación de sectores productivos en Andalucía, entre otros.

La Intervención General de Hacienda ya advirtió, en un anexo al informe de cuentas anuales de la Agencia IDEA correspondientes al ejercicio de 2006, que las transferencias de financiación habían servido para pagar «actuaciones encargadas o encomendadas por distintas consejerías de la Junta, principalmente la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la de Empleo».

El 28 de octubre de 2011, la juez Alaya pidió a la Junta de Andalucía que informase si otros departamentos de la Junta habían utilizado esa misma fórmula que, según la magistrada, implica la «ausencia de procedimiento, de control del gasto y de destino de las cantidades aplicadas».
SEVILLA 13/08/2012 ESPAÑA

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