La Algaba - Sevilla

IU se personará como acusación particular por las presuntas irregularidades en Isla Canela

Los implicados en la supuesta trama son dos alcaldes socialistas y cuatro constructores
Y. Sánchez / Huelva | Actualizado 13.06.2012 - 05:04
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Antonio Miravent.

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La causa judicial relacionada con el supuesto cambio de uso urbanístico de una parcela en la playa Isla Canela de Ayamonte (Huelva) ha empezado a generar reacciones políticas. IU, que después del colectivo local de Ecologistas en Acción fue el primer partido que lo denunció, anunció ayer que se personará como acusación particular. Su portavoz municipal Antonio Miravent añadió que, además, ha puesto a disposición del juez toda la documentación que su grupo político ha podido reunir durante los años en los que ha ejercido como oposición municipal y que coinciden con el período que está en tela de juicio.

El juzgado nº3 de Ayamonte investiga la gestión municipal urbanística desde el año 93 en el término municipal costero, aunque por lo que ha podido trascender se ha centrado en la etapa 1997-2007 y más concretamente en una parcela de 148.214 metros cuadrados en la playa de Los Haraganes de Isla Canela, en un lugar privilegiado. Esta finca constaba en las normas de planeamiento urbano como zona verde pero, al parecer, cambió de uso y se utilizó para construir 800 viviendas que ya están ocupadas. Por esto, el auto del juez apunta delitos continuados contra la ordenación del territorio, de prevaricación urbanística, contra el medio ambiente, de estafa y cohecho. Los implicados en la presunta trama son dos alcaldes socialistas, Rafael González (ya desvinculado del Ayuntamiento) y el actual Antonio Rodríguez, siete técnicos municipales relacionados con la empresa pública de Terrenos Urbanizables de Ayamonte (Tuasa) y cuatro constructores y promotores.

El PP también reaccionó ayer ante las presuntas irregularidades urbanísticas. Coincidió con IU en que el PSOE de Huelva debe depurar responsabilidades en sus filas. El portavoz del PP, Alberto Fernández, justificó que la acusación contra los dos alcaldes socialistas "no se refiere a una licencia mal dada sino a un delito continuado contra la ordenación del territorio, es decir el más grave entre los que se conocen como presunta corrupción urbanística".

Miravent cree que el PSOE debe "renovar" a todos los imputados por la presunta trama urbanísticas desde el alcalde hasta los responsables políticos de la empresa municipal de Terrenos Urbanizables.

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, respondió diciendo que su partido actuará "una vez que la justicia se pronuncie".