Dimite la alcaldesa de Aguadulce PSOE Isabel Ortiz (PSOE), que también tendrá que pagar una multa de más de 4.000 euros, fue condenada por un delito de ordenación del territorio Isabel Ortiz, la alcaldesa de Aguadulce (Sevilla), ha anunciado este jueves que deja el cargo, después de que la Audiencia de Sevilla haya desestimado su recurso contra la inhabilitación de ocho años a la que la condenó la Justicia. Así pues, la primera edil del municipio sevillano debe abandonar su puesto y no podrá ejercer cargo público en ese periodo de tiempo. El PSOE de Sevilla ha querido ver en esta dimisión un favor a sus convecinos y cree que la renuncia obligada por la sentencia es «en beneficio de los ciudadanos» ya que «a la mayor celeridad estará resuelto el problema». Los socialistas niegan asimismo que la renuncia de la alcaldesa tenga nada que ver con «ningún tipo de corrupción». El PSOE ha instado al PP a ocuparse de «la corrupción que está instalada en sus filas», a que abandone la «doble moral». «El PSOE tiene 23 alcaldes imputados» Los populares, por su parte, han lamentado las declaraciones del secretario de Política Municipal del PSOE de Sevilla. «El PSOE de Sevilla tiene a 23 de sus regidores imputados, mientras el PP de Sevilla no tiene a ninguno imputado», ha dicho a Europa Press Virginia Pérez, quien recuerda que el propio Francisco Javier Reinoso, como alcalde de Lora del Río, figura como imputado en las diligencias incoadas en cuanto a la omisión de las cuotas correspondientes a la operación crediticia firmada en 1986 por el Ayuntamiento de Lora con el Banco de Crédito Español. «Ahí él mismo podría seguir el ejemplo de la alcaldesa de Guadalcanal y dimitir», ha manifestado Pérez, quien recuerda que Reinoso, además, ha sido declarado por el Tribunal de Cuentas responsable subsidiario del desfalco de más de un millón de euros cometido dos funcionarios municipales durante diez años con la falsificación de nóminas. Respecto a la condena ya firme que pesa sobre la alcaldesa de Aguadulce por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística, Pérez ha defendido que «sí se trata de un caso de corrupción». |