Herrera - Sevilla

El Tribunal de Cuentas ha puesto en duda parte de los gastos de campaña presentados por Izquierda Unida en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año pasado. La coalición es, con diferencia, el partido con más “deficiencias e irregularidades”, según el criterio del órgano fiscalizador que mantiene su criterio pese a las alegaciones presentadas por la formación que dirige Cayo Lara.
El informe de fiscalización del TC señala que el partido no ha justificado adecuadamente 72.200 euros que corresponden a tres facturas en las que “no existe concordancia entre la relación y las facturas remitidas ante el Tribunal de Cuentas por el proveedor con las facturas presentadas por la formación política, además de no estar suficientemente detallados los trabajos facturados y no desprenderse de la información aportada una explicación coherente de las discrepancias observadas, lo que ocasiona incertidumbre sobre la realidad de dicho gasto”.
El administrador electoral de IU, Antonio Cortés, explica en sus alegaciones que se trata de tres facturas de Diplomacia Privada y Asuntos Públicos S.L. por importes, dos de ellas, de 23.600 euros y de 25.000 euros la tercera. “El citado proveedor –asegura Cortés-, cumpliendo con su obligación de información al Tribunal de Cuentas, envió una relación de 16 facturas que incluía todas las emitidas por Izquierda Unida durante los ejercicios 2010 y 2011 y que además contenían algún dato erróneo”.
La repuesta del partido, sin embargo, no termino de satisfacer las demandas del Tribunal, que dejó por escrito en su informe que “no se ha facilitado explicación de las discrepancias observadas ni aportado documentación acreditativa adicional que permita determinar de forma inequívoca el carácter electoral de los servicios facturados”.
El órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda también destaca la irregularidad de otra factura de 8.000 euros emitida a nombre del grupo municipal mixto del Ayuntamiento de Zaragoza y que ha sido comunicada por el proveedor (Sergloeven Aragón S.L.) como gasto correspondiente a las elecciones municipales, pero que, sin embargo, “no ha podido ser localizada en los registros de contabilidad presentados” por el partido. IU señala en su carta de alegaciones que dicho gasto no tiene carácter electoral, si bien los conceptos de las facturas hacen referencia explícita a gastos de campaña. El partido, concluye el TC, “no ha aportado prueba alguna que acredite lo contrario, por lo que se mantiene el criterio de contrario”.
En este caso, IU se lamenta de “la indefensión que supone para una formación política el hecho de que un proveedor facilite una información errónea o incompleta”. A ello hay que sumar que otros cuatro proveedores contratados por IU para esa campaña no han informado al Tribunal sobre las facturas que emitieron a nombre de IU para la campaña y que suman, en total, otros 86.441 euros.
Pagos fuera de plazo y tesorería
La fiscalización del Tribunal de Cuentas también pone en evidencia que aunque Izquierda Unida abrió una cuenta bancaria específica para gestionar las elecciones municipales y autonómicas, tal y como establece la LOREG, la realidad es que en la contabilidad presentada por el partido figuran cobros y pagos realizados fuera de la misma. En concreto, por importes de 67.376 euros y 32.693 euros, lo que, recuerda el TC, supone un incumplimiento de la ley.
A su vez, el duro informe del TC destaca que los gastos pendientes de pago por parte de IU a fecha de la presentación de su contabilidad ascendían a 163.084 euros pese a tener una tesorería de solo 1605 euros en la cuenta bancaria. Por ello, señala el informe, “parte del pago tendrá que satisfacerse con cargo a cuentas corrientes de la actividad ordinaria, incumpliéndose la norma de que todos los ingresos y gastos electorales se efectúen a través de cuentas corrientes electorales, o requerirá la incorporación de nuevos recursos, con lo que el ingreso y el pago se efectuará fuera de la contabilidad fiscalizada” por el Tribunal.