Gerena - Sevilla

Requiere documentos «en un plazo de tres días» a la empresa pública de capital riesgo y amplía sus pesquisas a Innovación y la Cámara de Cuentas


Al Gobierno andaluz cada día le resulta más complicado sostener que no hay caso Invercaria. El juez de instrucción número 16 de Sevilla sigue estrechando el cerco en torno a la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria, y tirando del hilo de las inversiones y préstamos millonarios concedidos sin control a empresas, lo que le ha dejado unas pérdidas de más de 30 millones de euros.

En una nueva providencia del 30 de noviembre pasado, revelada por el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, en el Pleno del Parlamento, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas atiende a todas las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y exige a la sociedad pública que justifique sus inversiones en 41 empresas. En concreto, le requiere «los procedimientos internos de selección de inversiones para los ejercicios de 2006 a 2008». Es decir, pone el foco sobre la gestión en los años anteriores a la auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre 2009 que destapó las irregularidades. El juez investiga la supuesta malversación de fondos públicos por el reparto de préstamos participativos al margen de cualquier norma, el incumplimiento de las normas de contratación y pagos irregulares al personal directivo de esta sociedad pública que manejó 60 millones entre 2005 y 2009.

Gutiérrez le da un nuevo ultimátum a Invercaria, el segundo en apenas diez días, para que «en el plazo inexcusable de tres días» le remita esta documentación «al tratarse de información que ha de obrar en los expedientes de la sociedad». Hace un barrido completo a estas operaciones reclamando la ficha de identificación y valoración del proyecto, la propuesta de inversión y el borrador de la misma, informes del consultor junto a la lista de recomendaciones, informes de seguimiento y propuestas de desinversión, si las hubo.

El objetivo final del magistrado es determinar qué criterios se siguieron para apoyar con fondos públicos proyectos empresariales, la mayoría de los cuales resultaron un fiasco y algunos estaban vinculados a excargos próximos al PSOE. Paradigmático es el caso de Andalus Líneas Aéreas, que apenas operó 17 meses y estaba presidida por José María Martín Delgado, exconsejero de Cultura. Catalogada como empresa bandera por la Junta, entre 2008 y 2009 recibió un préstamo de 1,1 millones de Invercaria, como avanzó ABC. El juez le pide a IDEA, la agencia propietaria de Invercaria, los expedientes completos de las subvenciones, avales y préstamos concedidos al operador aéreo y cualquier informe relativo a la sociedad de capital riesgo. También le requiere a Andalus los libros contables y cuentas anuales.

El magistrado amplía sus pesquisas al Gabinete Jurídico de la Junta (le requiere cualquier informe de Invercaria) y a Pricewaterhousecoopers, los «papeles de trabajo» de su auditoría a la empresa. Especialmente llamativo es que cuestiona que la Cámara de Cuentas de Andalucía no haya seguido el manual de procedimiento para analizar Invercaria y le pregunta si ha recabado el preceptivo dictamen jurídico.

La investigación alcanza a la Consejería de Innovación, a la que requiere los contratos realizados al fabricante de los portátiles que regalaba la Junta a alumnos andaluces, Informática Graef SL. Éste se asoció con EDM en una UTE para el mantenimiento de los 637 puntos Guadalinfo de la Junta de Andalucía.

Por último, el juez solicita los contratos y documentos sobre la selección de cuatro empleados de Invercaria y del expresidente Tomás Pérez-Sauquillo, sus salarios e indemnizaciones por despido en 2010. También ha solicitado la transcripción de las grabaciones en las que la expresidenta de Invercaria, Laura Gómiz, supuestamente presiona a un directivo al que despidió tras negarse a hacer informes a posteriori para justificar las inversiones de Invercaria.


Quién no conozca a un sociolisto que lo compre.