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Sigue pagando las ayudas que Guerrero dio a Tragsa en 2005 para prejubilar a 17 bomberos de Doñana y a un intruso


¿Qué hace la Junta de Andalucía financiando las prejubilaciones de 17 trabajadores de Tragsa, una empresa del Estado que trabajaba en la extinción de incendios en Doñana? Es la pregunta del millón. El equipo técnico de la Consejería de Empleo que se encargó de estudiar el alcance de las irregularidades en marzo de 2011 tampoco supo contestarla. «No hay expediente de ERE, por lo que se desconoce la causa de la ayudas recogidas en la póliza», dejó escrito el instructor en su informe reservado.

La operación no tenía precedentes. El acuerdo se puso sobre el papel mediante un «protocolo de colaboración» el 15 de junio de 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo firmaron, por parte de la Junta, el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y, por la sociedad estatal, Jorge Fernández de Cañete Echogoyen, director de Recursos Humanos del Grupo Tragsa.

El acuerdo suscrito por Guerrero garantizó inicialmente a Tragsa una subvención de 984.778 euros para financiar las pólizas de prejubilación de 21 empleados dedicados a apagar fuegos forestales en el Parque Nacional de Doñana (Huelva). Fue refrendado después con otro convenio el 3 de noviembre de 2005 por Miguel Ángel Serrano, director general de la agencia IDEA. El coste final, incluida una comisión de la consultora Vitalicio Seguros por el estudio actuarial de las pólizas, ronda los 1,17 millones de euros. La sociedad estatal se comprometió a desembolsar 235.593 euros.

El protocolo despacha en dos párrafos la justificación de las ayudas: «El Grupo Tragsa tiene la necesidad de renovar en el Parque Nacional de Doñana la plantilla de personas mayores dedicadas a la extinción de incendios forestales dada la menor capacidad física que debido a su edad tienen». Serán sustituidos «por jóvenes en igual número», puntualiza.

Anomalías
El expediente es un compendio de irregularidades e incluía la existencia de un intruso que nunca trabajó para Tragsa, según la investigación interna de Empleo. De los 21 trabajadores afectados por el ajuste laboral que figuran en el procotolo se cae uno de la lista y pasan a ser 20 en un estudio vitalicio fechado el 7 de noviembre de 2005. Un mes después, se reducen a 17 los empleados con prestaciones a cargo de fondos autonómicos. Inexplicablemente, uno de los beneficiarios tenía ya 64 años. Desaparecen dos de la misma edad que figuraban en la relación inicial y otro con 65 años.

El 15 de febrero de 2007, aparece un segundo estudio de Vitalicio Seguros con 21 nombres, relata el instructor. Se acompaña de un email donde se señala que «el tema de la incorporación del nuevo trabajador», Pedro Javier Ortiz Rodríguez, «es una cuestión hablada previamente entre Antonio Ruiz Ocaña (que era miembro de la ejecutiva estatal de la federación del Metal de UGT) , y Javier Guerrero, el cual aceptó». El 8 de marzo de 2007 se emite un «suplemento» de la póliza original no firmado por la Consejería de Empleo (como tomador) en el que se se modifican las prestaciones de los asegurados y se incluye al citado intruso. Su póliza acarreó a la Junta un desembolso extra de 660.662 euros. La investigación interna constata que el nuevo asegurado ya aparecía en un ERE de 2006 de la empresa Fundiciones Caetano, donde trabajó sólo dos años y medio.

El expediente irregular de la empresa estatal, colaboradora habitual de la Consejería de Agricultura, ha costado ya 1,17 millones a las arcas autonómicas, abonados en tres partes entre 2009 y 2010. El pasado 16 de octubre el Consejo de Gobierno acordó, mediante un decreto ley, seguir costeando las ayudas sociolaborales de 87 empresas, Tragsa entre ellas, dándoles cobertura legal a posteriori.


El que no conozca a los sociolistos que los compre.