Fuentes de Andalucía - Sevilla

Málaga-El ex alcalde de la localidad malagueña de Casares Juan Sánchez (IU) ingresó ayer en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre por su presunta implicación en la operación policial contra la trama de blanqueo de dinero en torno al municipio casareño que se salda, de momento, con la detención de cinco personas.
El todavía concejal del equipo de gobierno en la citada localidad, responsable de las delegaciones de Vivienda y Relaciones Institucionales, fue conducido hasta el centro penitenciario malagueño al que llegó sobre la una de la tarde, después de que el juzgado de Instrucción número 2 de Estepona dictara de madrugada auto de prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros, por los delitos de prevaricación relacionada con corrupción urbanística, cohecho y blanqueo de capitales.
La defensa del ex regidor de la coalición de izquierdas aclaró ayer que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la prestación de varios tipos de fianza, «hipotecaria, un aval bancario o, en este caso, dineraria, que es la que quiere su señoría». En este sentido, confirmó que recurrirán a «familiares, amigos, allegados y simpatizantes» para hacer frente a la cantidad que le ha impuesto el juzgado que instruye esta causa.
El letrado Juan José Simón aclaró que «se trata de mucho dinero del que no se dispone en metálico tal y como pide el juzgado». El juzgado instructor decretó además prisión provisional eludible bajo fianza de 10.000 euros, contando con un plazo de tres días para depositarla, para la mujer de Sánchez, imputada por blanqueo de capitales.
Por su parte, otro de los cinco arrestados, un letrado que ejerce en el municipio de Estepona, fue puesto en libertad tras prestar declaración, imputado por delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y relación con organización criminal, con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Izquierda Unida, formación política a la que Sánchez lleva ligado más de tres décadas, ha resuelto darle de baja cautelar, tal y como establece el Código Ético de la coalición de izquierdas para con sus dirigentes inmersos en procedimientos judiciales.