El Pedroso - Sevilla

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La juez Mercedes Alaya ya ha tomado cartas en las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Mercasevilla, imputando, "en principio", a seis personas. Entre ellas se encuentra el exdirector general de Empleo Javier Guerrero y el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas. Además, la magistrada implica al exdirector de la lonja Fernando Mellet y a su adjunto Daniel Ponce, implicados así en todas las causas abiertas por Mercasevilla. También imputa a dos supuestos intrusos: el exmilitante del PSOE en Jaén Antonio Garrido Santoyo y José Antonio Rivera Martín.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 vuelve a insistir en un auto en la "presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de expedientes con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de renta colectiva cuyas primas eran sufragadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía" tanto en Mercasevilla como en otras empresas. Así, la juez destaca que tanto en el ERE de 2003 como en el de 2007 "resultaran beneficiarios de las pólizas personas que nunca habían trabajado en Mercasevilla o que fueron contratados exprofeso para que pudieran acogerse al ERE".

Así la magistrada relata hasta ocho nombres incluidos en los ERE pese a que nunca trabajaron en la empresa o que no cumplían los requisitos. Además, destaca el hecho de que ambos expedientes se llevasen a cabo para rejuvenecer la plantilla del mercado y que, en cambio, contratara "al menos a cinco trabajadores con edades que oscilaban entre los 47 y los 51 años, con sueldos mensuales desde 1.471,32 a 2.469,02 euros, "para indiciariamente incluirlos en el ERE de 2007 a fin de prejubilarlos".

Según la juez, en estos hechos no sólo intervino la dirección de Mercasevilla, sino también "de otras personas y entidades que actuaron como intermediarios y con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral". De esta forma, señala al exdirector de Trabajo, quien también está imputado en la causa abierta por irregularidades en otras empresas de toda Andalucía, y a Antonio Rivas, quien está acusado de un delito de cohecho por la causa de las comisiones ilegales en Mercasevilla. Sobre el papel del exdelegado de Empleo, la magistrada hace mención al caso concreto de la inclusión en el ERE de 2007 de José Antonio Rivera, ya que asegura que fue Rivas el que "autorizó para ampliar exclusivamente para dicho trabajador el número de empleos afectados". Todo ello, pese a que comenzó a trabajar en la lonja "el mismo día" en que solicitó la inclusión en el ERE.

De esta forma, la magistrada emplaza a los seis imputados para que se personen en el caso con abogado y procurador, ya que les considera autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencia.

La juez pide los datos de los consejeros de Empleo

La juez Mercedes Alaya insta en su auto, fechado el 20 de enero, a la Policía Judicial a recabar diferentes pruebas para continuar con la instrucción. Así, solicita a la Consejería de Empleo que envíe a la Policía "el organigrama con los consejeros de Empleo desde el año 2001 en adelante con la duración de sus respectivos cargos". Lo que indica que la juez está investigando la responsabilidad de estos cargos.

Alaya también quiere conocer el convenio marco entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actualmente IDEA, ya que éste era el organismo que finalmente se hacía cargo de la financiación de los ERE.

Igualmente, la magistrada reclama que se le solicite a la Dirección General de Trabajo la "certificación de la resolución de 1 de junio de 2006 en la que al parecer se planteaba el ERE de 2007 como continuación del ERE de 2003". Según la Junta, no existe este compromiso y por tanto no se está haciendo cargo del pago del mismo a los trabajadores. Por último, solicita el listado que hizo Guerrero con los empleados del ERE de 2003.