Constantina - Sevilla

Si entras en política no sólo puedes incluso fijarte el sueldo que te dé la gana en algunos casos, como por ejemplo si llegas a alcalde (y para ello dará exactamente igual los habitantes que tenga el pueblo o la ciudad, las responsabilidades que tengas que asumir o el trabajo real), sino que se abrirá ante ti un mundo casi ilimitado de posibilidades de negocios que no están al alcance de cualquiera. El principal negocio es el robo de lo público. La cosa comienza cuando el político hace eso que se llama “privatizar”, que es su nombre fino, pero que no es otra cosa que una expropiación de los bienes públicos. Esto se puede hacer en la medida en que se pueda, el caso es ir avanzando en ese camino, un poco o mucho, que un poco siempre es mejor que nada. Si privatizar del todo no es posible, hay otras muchas posibilidades: puedes aprobar las leyes necesarias para conceder a las empresas privilegios, exenciones fiscales, autorizar subidas de precios abusivas, abaratamiento del coste del trabajo, dificultar la competencia, autorizar monopolios… lo que sea. Una vez hecho el trabajo se deja la política y ya se sabe que lo que espera es un retiro dorado como consejero o consejera de cualquiera de esas empresas beneficiadas, robadas, privatizadas, favorecidas o lo que sea.



Cuando una persona entra en política y llega a ocupar cualquiera de los miles de cargos públicos tiene ante sí muchísimas posibilidades legales e ilegales de enriquecerse. Y eso que para que un negocio sea ilegal hoy en día –con las exenciones aprobadas, con la cantidad de “favores” que entran dentro de la categoría de indemostrables-, ya tiene que ser terrible. Si algo es ilegal, se hace legal inmediatamente: o lo hace uno mismo mientras tiene ese poder, o lo hace un amiguete un poco después. Se aprueba lo que sea, se tuercen las leyes que haya que torcer: lo mismo se da cobertura legal a la mafia de Adelson, que se da cobertura legal a la evasión de impuestos, que se exime de impuestos a una gran empresa, que se aprueba privatizar la playa, que se re-califica lo que haya que re-calificar, que se obliga a pagar una tasa o un impuesto a la gente que usa un servicio, que se modifican precios a favor de la empresa en cuestión. No importa.
Habiendo tantas posibilidades legales de hacer fortuna y de acabar de consejero de una multinacional –que es lo normal para cualquier ministro/a o consejero/a que se precie, de cualquier color político- lo que resulta chocante es que haya tantísima gente dispuesta a entrar en negocios ilegales. Más de 200 cargos públicos -de todos los partidos- imputados da idea de cómo está el patio. Pero acabar ante los tribunales tampoco es un freno para nadie porque siempre queda el indulto. Lo que está claro es que en la cárcel no va a pasar nadie un largo tiempo por ser político corrupto, eso no existe. Y estar imputado/a tampoco es una gran desgracia, véase Rato y otros. Las grandes empresas pagan a lo grande los grandes favores. Así son las cosas.