Castilleja de Guzmán - Sevilla

Los constructores piden que no se den subvenciones a ayuntamientos deudores

Gaesco y Fadeco exigen que haya garantías de pago antes de cobrar las deudas y pueda pedirse responsabilidad personal a los funcionarios por impago

La falta de liquidez atenaza a Huévar, Lantejuela, Palomares....

La falta de liquidez de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla no sólo afecta a las constructoras. Hay corporaciones municipales que las están pasando canutas para pagar a sus trabajadores. El caso de Huévar es singular. Los 170 trabajadores municipales no cobran sus sueldos desde hace seis meses; ayer el comité de empresa mantuvo una reunión con el alcalde en el que este se habría comprometido a abonar en breve dos de esas nóminas y la paga extraordinaria de Navidad. También en Lantejuela los trabajadores municipales llevan dos meses sin cobrar mientras que en Palomares del Río, los empleados del Ayuntamiento, tras estar sin cobrar dos meses, solventaron el problema pero viven con la amenaza de que se repita. Otros ayuntamientos como los de Almensilla y Valencina llegaron a presentar expedientes de regulación de empleo (Eres) para aliviar su critica situación económica.

M. D. A. SEVILLA

Actualizado Miércoles , 19-05-10 a las 07 : 41

La falta de dinero de los ayuntamientos está repercutiendo directamente en muchas empresas constructoras y a algunas las está llevando a una situación desesperada. El caso de Aroa, cuyo gerente lleva una semana en huelga de hambre ante el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán para reclamar el pago de una deuda que mantiene con su empresa esta corporación municipal y otras seis más y que asciende a 7 millones de euros es significativo pero no es el único. Por ello ayer, los presidentes de las patronales sevillana y andaluza de la construcción, Gaesco y Fadeco, Miguel Rus y Federico Muela, presentaron una serie de medidas que el sector trasladará al presidente de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Sevilla, al de la Famp —Federación Andaluza de municipios y provincias— y a la consejera de Obras Públicas.
La primera de las medidas que plantean los constructores es que se condicione toda ayuda, subvención u otra inversión pública en los ayuntamientos a la acreditación del pago de las deudas pendientes. Además, exigen que se garanticen los pagos mediante la emisión de títulos ejecutables o factorización de contratos así como una mayor exigencia y control de la legalidad de las contrataciones, en el sentido de que se obligue al cumplimiento estricto de la Ley de Contratos que exige garantías de pago antes de contratar las obras.
Entre las medidas que plantean para que los ayuntamientos salden sus deudas de forma urgente, los constructores demandan asimismo una modificación legal que permita que particulares y empresarios puedan reclamar a través de la responsabilidad personal de los funcionarios que no cumplan con la normativa vigente de control financiero y que se active la responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios que incurran en algún incumplimiento de sus obligaciones en materia de contratación y pago.
Por último hacen mención al caso concreto de Aroa para exigir que se fije un calendario para saldar la deuda de los ayuntamientos con esta empresa en este ejercicio.
El presidente de Gaesco, Miguel Rus, señaló que la situación de impagos por parte de los ayuntamientos aboca al cierre de muchas empresas y provoca un número «aterrador» de desempleados por lo que «sería más rentable para el país que el Estado asumiera estas deudas, encargándose luego de recuperarlas, porque tiene medios para ello, que tener que pagar las prestaciones por desempleo que éstas generan. Con ello, además, se lograría mantener el tejido productivo».
Por su parte, el presidente de Fadeco, Federico Muela, señaló que el caso de Aroa no es un hecho aislado, ya que «son muchas las empresas a las que los ayuntamientos de muchas localidades andaluzas adeudan grandes cuantías, pero que se encuentran cautivos de los mismos, haciendo nuevas obras, con la promesa de que se atenderán sus pagos pues temen que, de no aceptar, se quede la deuda en el cajón del olvido».
A este respecto, Gaesco añadió que la nueva ley que obliga a pagar a las administraciones en 30 días no es más que una «pantomima».

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