Camas - Sevilla

La juez de Mercasevilla imputa por cohecho al delegado de Empleo
En un auto impone 400.000 euros de fianza a Rivas, Mellet, Ponce y Pereira
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha concretado el delito que le imputa al delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas; a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y a la funcionaria Regla Pereira: cohecho.

Así queda prácticamente cerrada la instrucción del caso por el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, puesto que el día 23 las partes y la Fiscalía deberán determinar quiénes son las personas procesadas y qué delitos se les imputan. Será la última oportunidad para ampliar una investigación que, por ahora, se ha saldado con cuatro imputados: Mellet, Ponce, Pereira y Rivas, al que lo implica sólo el testimonio de Mellet, quien dijo que cumplía órdenes del delegado de Empleo.
La jueza instructora, en un auto fechado el pasado día 14, les impone una fianza de 400.000 euros y cita a las partes el próximo día 23 para el acto de vista previa del jurado, un trámite inicial para el futuro juicio con un tribunal popular.
Según el auto, la imputación a los cuatro por cohecho resulta "verosímil". Detalla que el artículo 425 del Código Penal castiga "a la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado". Y, añade, todos los inculpados tienen la condición de funcionarios públicos, "si bien pudiera ser más claro respecto al inculpado Antonio Rivas por el ejercicio de sus funciones públicas como Delegado Provincial de Empleo".
La resolución judicial relata que el 16 de enero de 2009, después de que el Servicio Andaluz de Empleo concediese una subvención de 900.000 euros a la Fundación Mercasevilla para crear una escuela de hostelería, "presuntamente a instancias de Rivas y de Mellet se exigió por parte del también inculpado Ponce -en presencia de Pereira- al empresario Pedro Sánchez Cuerda la suma de 450.000 euros, 150.000 para costear la acometida eléctrica de la escuela y 300.000 como comisión a abonar a la Junta en contraprestación a la subvención concedida por ésta, que entregarían en un maletín que dejarían olvidado en un despacho para que alguien enviado al efecto lo recogiese".
"Siguiendo supuestamente las indicaciones iniciales de Rivas, el 27 de enero Mellet y Ponce", prosigue la narración de los hechos en el auto, tuvieron una nueva reunión con los empresarios de La Raza (Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas Rodríguez), "en la que nuevamente le volvieron a exigir presuntamente ambas cantidades, afirmando ambos imputados que los 300.000 euros se le solicitaban por exigencia de la Junta, ya que en la misma era normal reclamar este tipo de contribución, afirmando que la Junta colaboraba con quienes, a su vez, colaboraban con ella".
Tras recordar que esta conversación fue grabada por los representantes del Grupo La Raza, indica que Mellet, en su declaración policial y ante la Fiscalía, "afirmó que recibió del inculpado Rivas dos llamadas, una en diciembre de 2008 para confirmarle la concesión de la subvención y para decirle que tenía que pedirle al Grupo La Raza una contribución voluntaria para la Junta de 300.000 euros, exigencia que volvió a reiterarle a Mellet cuando lo llamó por teléfono el día 5 de enero de 2009".
los hechos. Añade que Ponce, en su declaración ante la Policía y la Fiscalía, "mantuvo que recibió en los momentos previos a la reunión del día 16 de enero instrucciones directas de Mellet para que exigiera a los representantes de La Raza dicha comisión ilegal, en las que Mellet le expuso que ello habría sido ordenado por el delegado provincial".
Para la juez, resulta "verosímil" la imputación de estas cuatro personas, "en virtud del contenido de la grabación de la reunión del 26 de enero, cuyo contenido e intervinientes fueron reconocidos por Mellet y Ponce -reitera- en sus declaraciones policiales y ante la Fiscalía; por el testimonio prestado en sede judicial por parte de los representantes de La Raza, y, finalmente, por las referidas declaraciones de los inculpados en las que reconocieron los hechos descritos".
La Junta recurre y resta valor a la acusación contra Rivas
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, confirmó ayer que la Junta recurrirá el nuevo auto de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, en el que imputa un delito de cohecho al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, en el caso del supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza. “El auto es sólo un trámite, no cambia la condición de imputado y no esperábamos otra cosa. Rivas va a recurrirlo con mi apoyo”, dijo ayer.

El consejero restó credibilidad al sustento de la acusación de la jueza porque para imputar a su delegado de Empleo se basa en “argumentos muy débiles”. Primero, asegura, “la imputación de Rivas no tiene soporte porque se basa en la declaración que Mellet le hizo a la Policía y esta declaración no fue ratificada ante la jueza, por tanto no constituye una prueba penal”. Mellet señaló a Rivas ante la Policía, asegurando que estaba al tanto del cobro de las comisiones, pero después se negó a declarar ante la jueza, acogiéndose a su derecho a no hacerlo, de modo que lo que le dijo a la Policía no serviría como prueba en el juicio, según los servicios jurídicos de Empleo.
El segundo argumento de la jueza para mantener la imputación a Rivas apunta a las dos llamadas telefónicas que el delegado le hizo a Mellet, a las que Fernández también resta importancia. “La propia jueza, en otro auto, sostiene que estas dos llamadas no tienen relevancia penal porque se desconoce su contenido”. Fernández se mostró “tranquilo” al conocer el contenido del nuevo auto, en la mañana de ayer, y estimó que era fácil desmontar los “frágiles argumentos de la jueza”.
“Al margen de que estoy convencido de que Rivas es inocente”, insistió. El consejero recordó que el delegado estuvo al tanto desde el principio de la denuncia que Empleo hizo ante la Fiscalía sobre el caso Merca. No quiso adelantar si espera que Rivas se descuelgue de la lista de imputados en las calificaciones de la jueza el día 23.