Burguillos - Sevilla

El fiscal plantea imputar al ex alcalde y a la alcaldesa por las licencias de naves en suelo no urbanizable

Sobre estas líneas, licencia de obras firmada por Mariana Pérez (izquierda) como alcaldesa en funciones y certificado del secretario sobre la concesión de esa licencia (derecha)
Hasta cinco informes en contra de la licencia de obras que concedió Pérez

Para el PP, «la condena de José Juan López fue punto y seguido, no punto final»

EDUARDO BARBA. SEVILLA
Miércoles , 28-10-09
El fiscal del caso de las licencias ilegales para naves industriales otorgadas por el Ayuntamiento de Burguillos, que tramita el Juzgado de Instrucción 20 de Sevilla a raíz de una querella del PP en abril de 2007, ha planteado al magistrado que «tome declaración como imputados a las autoridades municipales» que autorizaron dichas licencias y, en su caso, «a los técnicos que las informaron positivamente a pesar de su contrariedad con la norma urbanística». Así lo indica el fiscal en un escrito, al que este periódico ha tenido acceso, en el que señala claramente al alcalde que concedió las licencias, el condenado y dimitido José Juan López, y a la actual alcaldesa, Mariana Pérez, también del PSOE, quien en calidad de alcaldesa en funciones firmó también alguna de estas licencias para construir naves en suelo que no era -ni es- urbanizable.
Como adelantó ayer ABC, la regidora burguillera puso rúbrica en agosto de 2003 a una de las licencias, concretamente la de la manzana 6 para levantar 16 naves industriales que había solicitado, por otra parte, la sociedad municipal Burguillos Natural. Lo hizo como alcaldesa en funciones -era la primera teniente de alcalde de José Juan López, que estaba de vacaciones- y pese a la existencia de un informe jurídico en contra, ya que éste señalaba con claridad que se trataba de suelo no urbanizable. Como en el caso del resto de manzanas del polígono El Estanquillo, para las que dio la licencia el propio López. Este asunto está denunciado por la oposición, pero ahora se ha sabido que la actual alcaldesa también firmó licencias abiertamente ilegales.
El Ayuntamiento se ha justificado ante el Juzgado en todo momento en el hecho de que se trata de «suelo urbano consolidado», basándose sencillamente en una política de hechos consumados: dio las licencias fuera de la legalidad, se construyeron las naves y, cuando todo se hizo, calificó en el PGOU la zona como «urbana» sin que hubiera existido planeamiento ni tramitación previas, algo que no se ajusta a la normativa y que ahora está analizando la propia Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía -que ya paralizó en su día el PGOU de la localidad-. Las naves se hicieron y a posteriori se calificó el terreno, hecho contrario a la Ley.
Por todo esto, el fiscal ha trasladado al Juzgado de Instrucción 20 este escrito pidiendo la imputación de los responsables municipales y, además, criticando el retraso del Ayuntamiento en las diligencias que venía solicitando desde hace meses con respecto a esas licencias. Y es que el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE con mayoría absoluta, viene demorando los datos que le solicita la Justicia sobre esta cuestión.
En su último escrito, la Fiscalía recuerda que pidió determinadas diligencias «que han sido contestadas tardía y deficientemente por el arquitecto municipal, pues no aclara los datos esenciales pedidos por el Juzgado, especialmente la adecuación de las licencias al planeamiento municipal vigente a la fecha de las respectivas concesiones». Ahí reside la clave, ya que «a la fecha» de la concesión de licencias, no existía planeamiento definitivamente aprobado y el suelo era «no urbanizable».
«Garantías de imparcialidad»
Recalca el fiscal que «esa actitud» entorpecedora por parte del Ayuntamiento, así como la «necesidad de contar con un informe pericial con mayores garantías de imparcialidad hacen aconsejable obtener información técnica de otro organismo público distinto». Por ello, y ante la falta de respuesta concreta del arquitecto municipal, el ministerio público ha decidido trasladar la querella y toda la documentación a la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio de la Consejería de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Andalucía para que analice el ajuste legal de las licencias.
Este departamento regional ya ha designado un técnico para realizar esta labor, destacándose que si este informe incide en la ilegalidad denunciada por el PP, habría que actuar contra los responsables municipales.

https://ww.abcdesevilla.es/20091028/sevilla-provincia/fiscal-plantea-imputar-alcalde-20091028.html