Badolatosa - Sevilla

Efe | Sevilla

Actualizado viernes 22/03/2013 22:13 horas


La juez que investiga los ERE fraudulentos afirma en sus últimos autos de prisión que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos públicos y los sindicatos buscaban "nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".

En los autos de prisión, a los que ha tenido acceso Efe, la juez Mercedes Alaya dice que los ERE se habían convertido en un "negocio bilateral" en el que los directivos de las aseguradoras "previo ofrecimiento de dádivas" al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -encarcelado el miércoles- se garantizaban que se "obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".

La juez incluye en la "trama corrupta" a la autoridad pública que "permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración" y a los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que "seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".

Esta distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial".

Pago a los sindicatos CCOO y UGT

En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros.

El sistema permitió a las aseguradoras cobrar "sobrecomisiones elevadísimas, superiores en un 15 por ciento" a las de mercado, que eran soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía a cambio, para los políticos implicados, de "importantes gratificaciones" y de la posibilidad de incluir como beneficiarios de las pólizas a "personas cercanas a su entorno privado o político".

En el caso del exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, que fue encarcelado a las 7.00 horas de hoy, este sistema permitió "importantes beneficios para su empresa", a la vez que él pagaba presuntamente "comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración".

Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan Lanzas -también encarcelado hoy- 1.964.763 euros solo en el periodo 2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.

Además, la póliza de Lanzas y su esposa se pagó por una "cantidad notablemente superior a la que aparecía en sus certificados" pues alcanzó los 227.509 euros en lugar de 29.627 para él y 18.144 para ella.