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ONU denuncia impunidad de los crímenes del franquismo

Tras siete días de reuniones con representantes del gobierno, el poder judicial, la fiscalía, la defensoría del pueblo y asociaciones civiles, las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas refrendan un viejo reclamo de los familiares de las víctimas de la guerra civil y el régimen franquista en España: "Hay impunidad en todos los casos de desapariciones forzadas" y la ley de amnistía de 1977 sigue siendo un obstáculo para las investigaciones.
"Impunidad por la falta total de investigación y sanción judicial”, detalla Ariel Dulistky, miembro del Grupo de Trabajo, en conversación con BBC Mundo, luego de la rueda de prensa que él y su colega Jasminka Dzumhur condujeron para presentar un informe con conclusiones y recomendaciones sobre esta visita.

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Era la primera vez, desde su creación en 1980, que este Grupo de Trabajo venía a España. Lo hizo, destacan sus miembros, por invitación del gobierno español y por la demanda de las asociaciones de familiares, con "cientos" de los cuales se reunieron los cinco integrantes de esta comisión en Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía para confirmar que su "constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos".

"Las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional y por lo tanto deben ser consideradas imprescriptibles. Creemos que el Estado español a debe juzgarlas a la luz de sus obligaciones internacionales y establecer legislativamente su imprescriptibilidad"
Ariel Dulistky - Naciones Unidas
Entre 1936 y 1977 –cuando se aprobó la ley de amnistía- incluidos dos años de la transición, se estima que ocurrieron, entre otros delitos, más de 100.000 desapariciones forzadas y más de 30.000 robos de niños. Es la cifra que recalca Duliztky en su intervención frente a la prensa y está basada en la investigación del juzgado 5 de la Audiencia Nacional que luego fue archivada con la inhabilitación de su titular, Baltazar Garzón.

En estos números no hay consenso. Ha sido "muy difícil encontrar estadísticas claras, no están unificadas", dijo Jasminka Dzumhur.
Todo este tiempo ha pasado y no ha habido ninguna investigación judicial que conduzca a establecer responsables y a sancionarlos. En febrero de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una resolución, sobre la inhabilitación a Garzón, según la cual estos crímenes son delitos ordinarios que prescribieron, asumiendo la muerte de sus responsables y usando como argumento, entre otros, la ley de amnistía.