Arahal - Sevilla

Niños robados: cuestión de Estado

Si en lugar de en España, el escándalo por los niños robados se estuviera viviendo en Francia, Alemania o Reino Unido, la cosa cambiaría radicalmente. No me cabe la menor duda de que el gobierno de Sarkozy –o el previsible nuevo gabinete de Hollande–cogería las riendas del caballo desbocado antes de que le atizase una buena coz. Y Merkel vendería al mismísimo Ratzinger con tal de demostrar una vez más su acerada determinación de arreglar el mundo a su manera; y seguro que recortaría burocracia inútil para que la investigación fuera la más rápido posible.
Pero en España el tráfico de recién nacidos entre 1950 y 1990 –¡cuarenta años!– no es una cuestión de Estado. Además sólo se convierte en noticia cuando un juez decide imputar a una monja octogenaria por un presunto delito de detención ilegal de un bebé hace 30 años, o cuando se produce el encuentro de una madre con su hijo, al que dieron por muerto en la maternidad pero que, en realidad, fue vendido a plazos a un matrimonio que no podía procrear.
Sin embargo, este escándalo tendría que generar noticias a diario, que forzaran a los gobernantes a actuar. Razones sobran:  los centenares de denuncias de afectados y los dramas que vive la mayoría de los que fueron dados en adopción irregular por intermediación de sor María o de cualquier otra monja, médico o cura. Esas personas descubren recién alcanzada la adultez no sólo que no son hijos biológicos de los que creían sus padres, sino que estos pagaron por ellos y no pueden demostrar de ninguna manera que sus madres reales renunciaran voluntariamente a sus criaturas. Es decir, existen indicios de que esas personas pudieron ser niños robados.  Muchos de ellos, al enterarse, rompen con sus  falsos progenitores; por el contrario, otros cuentan con su ayuda en la desesperada búsqueda  de sus orígenes. Algunos no saben ni dónde ni cuándo nacieron.
Mientras esto ocurre, el gobierno de la Nación calla; el de ahora y el de antes. La orden del fiscal general del Estado para que las fiscalías de toda España investiguen estos casos se ha quedado en agua de borrajas. La inmensa mayoría de las denuncias han sido archivadas con excusas peregrinas, como la imposibilidad de hallar unos archivos de un centro clausurado, sin más explicaciones. Los afectados no pueden acceder a ningún archivo de la administración ni de las clínicas privadas y públicas, pero la justicia sí. La mayoría de las resoluciones de archivo de la Fiscalía Provincial de Madrid, por ejemplo, que he podido ver destilan hastío y despreocupación.
¿Niños robados: cuestión de Estado? En España parece que jamás lo será.