Almadén de la Plata - Sevilla

Lo que sabían Rajoy y Montoro

El ministro le contó hace más de un año al presidente el primer "destello" del caso

El ‘caso Rato’ y la amnistía fiscal acorralan al ministro Montoro

Javier Casqueiro Madrid 23 ABR 2015 - 11:52 CEST

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro sostienen que se enteraron por la prensa de la última derivada del caso Rato, es decir, de la orden de detención cursada por la fiscalía el pasado jueves para que el exvicepresidente Rodrigo Rato estuviera presente durante los registros de su casa y su despacho. Pero hacía más de un año que ambos habían conocido los primeros “destellos” de que al icono y milagro económico de los Gobiernos de José María Aznar no le cuadraban nada bien las cuentas con Hacienda. El detonante no fue su petición de regularización fiscal en 2012, por una cantidad de dinero que las fuentes conocedoras de todo el proceso cuantifican como “escasa”. La espoleta que lo activó y descontroló todo, con ocultamiento de información y descoordinación entre distintos ministerios, fue la filtración de que Rato estaba siendo investigado por Hacienda y los movimientos extraños que se detectaron en sus cuentas y su patrimonio.

Cuando Rajoy dio la orden de expulsar a Rato del PP por las tarjetas black de Bankia, el pasado 21 de octubre, a su manera y casi preguntando “¿alguien tendrá que pedirle a Rodrigo que se dé de baja?”, ya sabía que su compañero de partido durante más de 30 años, exvicepresidente y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional no tenía sus declaraciones en regla con Hacienda. Le había alertado directamente el ministro Montoro, máximo responsable de la Agencia Tributaria, al que los dirigentes de ese organismo autónomo sí advierten de que tienen en marcha una investigación determinada cuando el personaje afectado es especialmente relevante. Montoro ha mantenido desde entonces, hace algo más de un año, diversas charlas directas con Rajoy pero solo para tenerle al día de los hitos más destacados de la investigación “y según se iban confirmando los peores augurios”.

El caso Rato no disparó la alerta de la Agencia Tributaria cuando el exvicepresidente se acogió en 2012 a una regularización fiscal. Varios inspectores encargados del caso utilizaron esa declaración y otra posterior sobre sus bienes en el extranjero para poner en marcha de oficio una “investigación profunda” en la que cotejaron esos datos con posteriores declaraciones, con sus cuentas y con sus propiedades. Y los números no cuadraban.

En Hacienda, sus actuales responsables aceptan que los inspectores intentaron hace ya varios meses judicializar el proceso y llevaron sus papeles y pruebas a la Fiscalía Anticorrupción. Y también asumen que la Fiscalía que dirige Antonio Salinas les avisó entonces de que el trabajo aún estaba muy verde. La investigación, de hecho, sigue abierta y bajo secreto de sumario. En el Gobierno se desligan luego de todas las decisiones que van tomando profesionalmente los dirigentes de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), a los que atribuyen toda la responsabilidad e independencia sobre el momento de la primera detención, los registros, con qué policía se acudía a los mismos y hasta en qué fiscalía se tramitaba la primera denuncia.

“Yo no puedo controlar ese tipo de cosas, ni los tiempos ni las fases de la investigación ni cuál es la vía mejor para ejecutarlas”. Esta fue la reacción del ministro, según fuentes cercanas a él, ante la acusación de barones del PP sobre la falta de control y descoordinación del Gobierno en la operación a un mes de las elecciones del 24 de mayo. La filtración de la investigación del Sepblac (servicio para la prevención del blanqueo de dinero, dependiente del Ministerio de Economía) a Vozpópuli obligó a la Agencia Tributaria a acelerar el proceso.


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La primera reacción de Rajoy, en La Moncloa, fue de enorme disgusto. Por la relación personal que le unió con Rato durante más de 30 años y de preocupación por cómo afectaría a la campaña. Otros ministros intentaron minimizarlo y hablaron de que ese comportamiento era personal y no tenía nada que ver con su pasado en su ámbito público. Montoro no lo vio igual y eso que él también había trabajado con Rato muchos años como ministro. Le dolió y desagradó la implicación de Rato, pero maquinó en seguida una alternativa que trasladó a algún colaborador: “Ojalá no nos hubiera pasado pero si pasa y hay algo, lo lógico es que ahora hagamos de la necesidad virtud, contemos bien que las instituciones han funcionado y que nadie escurra el bulto”. Esta última alusión va dirigida a otros ministros molestos con Montoro por cómo se ha manejado este asunto o, como en el caso del titular de Interior, porque la Agencia no quisiera contar para sus indagaciones sobre el terreno con la policía o la Guardia Civil.

Montoro ha explicado a su equipo que no tenía margen de maniobra. Sostiene que los inspectores de la Agencia Tributaria son los que suelen preferir a los agentes de la Vigilancia Aduanera porque se entienden mejor con su propia “policía fiscal o judicial”, un cuerpo que no existe y que ellos suplantan en muchos casos similares, y que siguieron así los protocolos normales (que el año pasado se ejecutaron en más de 1.000 casos) incluso hasta para ponerle la mano a Rato sobre la nunca al meterle en el coche, ya detenido. Los agentes han aclarado luego que actúan así mecánicamente para que los delincuentes no se hagan daño y luego presenten una denuncia.