Almadén de la Plata - Sevilla

Ah, no. No son del PP son del PSOE.
Esta jueza la tiene tomada con los socialistas.

(Dixie y Pixie Lumbrera)

El Tribunal de Cuentas pide a tres altos cargos de los ERE 64 millones
El órgano fiscalizador responsabiliza del fraude de Andalucía a los tres exdirectores de Trabajo de la Junta imputados en el fraude y exime a José Antonio Griñán y Magdalena Álvarez
REYES RINCÓN / JAVIER MARTÍN-ARROYO Madrid / Sevilla 24 FEB 2015 - 16:57 CET
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El Tribunal de Cuentas ha pedido a los tres exdirectores de Trabajo de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los ERE 64,3 millones de euros. Así consta en el acta de liquidación provisional de la responsabilidad contable en el fraude que el órgano fiscalizador ha entregado hoy a los ex directores generales Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. En el caso de Guerrero, el principal imputado en la causa penal que instruye la juez Mercedes Alaya y que ocupó el cargo entre 1999 y 2008, el tribunal le reclama 46,3 millones; a Márquez, director de Trabajo entre 2008 y 2010, 14,8 millones; y a Rivera, 3,2 millones.

Los tres ex directores generales imputados han comparecido hoy, acompañados de sus abogados, en la sede del tribunal, que investiga el fraude contable a raíz de una denuncia presentada por el PP andaluz en 2011 para que este órgano depure responsabilidades contables y pida el reintegro de los fondos públicos presuntamente malversados. Según el tribunal, la liquidación es provisional y se hace “en reserva” de la decisión que se adopte en un futuro proceso jurisdiccional contable donde las partes podrá presentar alegaciones y solicitar las pruebas que crean necesarias. El procedimiento está en una fase inicial y el acto de hoy representa una primera instancia donde oír las alegaciones de los acusados.

El Tribunal de Cuentas, según recoge el acta de liquidación provisional, señala a los tres ex directores de Trabajo como los responsables de autorizar las pólizas con las que se daba cobertura a las prejubilaciones incluidas en los ERE, un fondo que la Junta andaluza dotó con 855 millones durante una década. Ellos tenían también las competencias para el reconocimiento de las obligaciones de pago de estas pólizas y daban su conformidad al coste total de estas pólizas. El órgano fiscalizador considera que el hecho de que en las pólizas no apareciera desglosado el concepto “gastos externos” o “comisiones de adquisición”, no exime de responsabilidad a Guerrero, Márquez y Rivera, en la medida de que ellos, como responsables de otorgar la conformidad del pago, deberían conocer “con toda concreción” los conceptos que se estaban autorizando, “solicitando las aclaraciones que hubiera estimado oportunas”.

Durante su comparecencia, según fuentes presentes en la declaración, los abogados han mostrado su disconformidad con el acta de liquidación provisional. El abogado de Guerrero, Fernando de Pablos, ha asegurado, además, que las responsabilidades que se le atribuyen están prescritas. Los letrados de Rivera y Márquez han negado que estos tuvieran conocimiento o llevaran a cabo ninguna actuación que haya causado de menoscabo de fondos públicos.

El acta del Tribunal de Cuentas limita la responsabilidad contable a los ex directores generales de Trabajo y exime a otros altos cargos contra los que se dirigía la denuncia del PP, como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y al ex delegado provincial de esta Consejería en Sevilla Antonio Rivas. En su resolución, además, el órgano fiscalizador advierte una "referencia nominal y reiterada" por parte de la denuncia presentada por el PP andaluz de los que fueran consejeros de Economía Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán, cuya intervención en el procedimiento se desprendería, según este partido, de la firma de distintas órdenes y publicación de actos administrativos en los boletines oficiales de la comunidad autónoma. El tribunal, sin embargo, considera que ambos no tienen responsabilidad contable en este caso.