Alcolea del Río - Sevilla

La estrategia que llevan a cabo los conservadores en (casi) todas las partes para regalar un servicio público es siempre la misma. Pasa por degradar ese servicio público, reducir sus activos –humanos y materiales-, y venderlo a precio de saldo a intereses privados.

¿Por qué le interesa a determinados particulares un servicio público? Suele ser porque, como decimos los economistas, se trata de bienes o servicios inelásticos. Aquellos que usted pagaría lo que fuere por poder recibirlos: la educación de sus hijos, la salud de su familia.

El servicio público por tanto suele ser inelástico. Tiene la misma importancia para la sociedad que ofrece apetitosos rendimientos a aquellos privados que acceden a ellos y acabar cobrando precios desorbitados por aquello que usted pagaría lo que fuera. Por eso suelen ser públicos.

De la mano de los conservadores, casi siempre de la derecha pero también a veces de la izquierda, estos intereses privados tratan de adquirir un servicio público máxime, como ocurre hasta ahora, si otros sectores están en declive.

Escuché a un empresario decir públicamente que, ahora que el sector inmobiliario ya no ofrece rendimientos, nuestro objetivo no es otro que… los servicios públicos.

Pero los conservadores ya no son tan obscenos como antes. Ahora siguen una estrategia premeditada que aplican con la precisión de un relojero. Primero degradan el servicio público para mostrar a la sociedad que, precisamente por ser público, no funciona eficientemente.

Para ello descapitalizan el servicio. Tanto no presupuestando suficientemente como reduciendo los recursos humanos destinados a tal servicio. Así ha ocurrido, por lo menos en Madrid, en la educación, la sanidad y en tantos otros servicios que hasta ese momento eran públicos, universales y fundamentales para una sociedad moderna.

La excusa del ahorro y de la austeridad ha servido para poder justificar esta estrategia de la degradación . Así los conservadores han podido argumentar que no hay dinero, que es fundamental el copago, la externalización o, simple y llanamente, la privatización.

Una parte de la sociedad, engañada con estos argumentos falaces, entiende que si la administración pública no puede hacerse cargo de un hospital y teniendo en cuenta que están la mayor parte de las camas sin utilizar, ¿por qué no se ocupa una empresa privada?

De esta manera participan en los pliegos compañías que desean acceder a un servicio –educativo, sanitario o social-, casi siempre un oligopolio bien relacionado con los conservadores más radicales a quienes a veces financian y otras veces ocupan cuando dejan de ser consejeros.

Acceder a los servicios públicos como último recurso de los emprendedores demuestra que muchos empresarios españoles aún necesitan tener menos aversión al riesgo, más capacidad de innovación y menos cara.

El asunto choca cuando los profesionales sanitarios, docentes o sociales, y la oposición más responsable, denuncian este robo a la sociedad. Tanto cuando se prescinde de los interinos, se masifican las aulas, se cierran camas o se arrinconan recursos que podrían ser utilizados si no se siguiera esta obscena y descarada estrategia de la privatización. @AntonioMiguelC

Antonio Miguel Carmona es profesor de Economía