Alcalá de Guadaíra - Sevilla

Un militante del PSOE admite a la juez que percibió casi 400.000 euros en ayudas de la Junta

Alejandro Millán, socialista de El Pedroso (Sevilla), dice que Guerrero le ofreció una ayuda tras conocer que le quedó una pequeña pensión tras 33 años cotizados y sufrir dos infartos.

Jorge Muñoz | Actualizado 22.09.2011 - 19:29

Alejandro Millán Torres, un militante del PSOE de El Pedroso, admitió hoy en su declaración ante la juez Mercedes Alaya que percibió casi 400.000 euros en ayudas de la Junta, aunque precisó que entendía que estas ayudas eran legales porque se la concedió el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que era vecino suyo y que accedió a ayudarle puesto que le había quedado una pensión de invalidez de 533 euros mensuales después de 33 años trabajando y haber sufrido dos infartos.

El militante socialista explicó que una vez que el director de Trabajo se enteró de su situación personal, se presentó en su casa y se ofreció a ayudarle, para lo cual le pidió que le llevara cierta documentación y, al cabo de unos meses le llamaron para que fuera a firmar la póliza. A partir de ese momento, comenzó a cobrar unos 1.800 euros mensuales -más los 533 de la pensión- durante un periodo de unos tres años. Cuando el consorcio de compensación de seguros se hizo cargo de la póliza suscrita con la entidad Fortia Vida, que quebró, el militante socialista cobró de golpe el resto de la cantidad, que ascendía a otros 277.000 euros.

Con el dinero que recibió, Millán ha dicho a la instructora que se compró una casa en El Pedroso y que arregló su vivienda habitual e insistió en que consideraba que la ayuda era legal porque se la había ofrecido este alto cargo de la Junta, al que según dijo siempre estará agradecido.
Además de esta póliza vinculada a una "renta de superviviencia" en la que aparecía como beneficiario, Alejandro Millán figura como asegurado en otra póliza en la que aparece como beneficiario la empresa FCC, en relación a los pagos a los que se comprometió la Junta ante un conflicto laboral que se había producido en una empresa de limpieza de Granada.

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