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Decenas de miles de funcionarios piden que dimita Griñán por el «decretazo»
50.000 funcionarios

Decenas de miles de funcionarios piden que dimita Griñán por el «decretazo»

Masiva manifestación de empleados públicos contra la reordenación de la Administración andaluza


josé cejudo / sevilla

Día 23/01/2011 - 07.44h

12 comentarios

KAKO RANGEL

Aspecto de la manifestación en la Ronda Histórica de Sevilla
Los funcionarios y empleados públicos que ayer se manifestaron por las calles de Sevilla —entre 45.000 y 50.000, según los organizadores y 8.000, según la Policía — en contra de la reordenación de la Administración andaluza, aprobaron simbólicamente su particular «decretazo» con un primer epígrafe, la petición de dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de la consejera Carmen Martínez Aguayo, la reclamación más coreada en la marcha de protesta. Otro artículo fundamental sería la exigencia de la derogación de la polémica normativa que impulsa el Ejecutivo andaluz. Y como disposición adicional, una reivindicación irrenunciable en forma de clamor: «A la Administración, por oposición».
La manifestación —del tenor de la celebrada en la capital hispalense el 13 de noviembre por los mismos motivos— fue desde el Palacio de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta) hasta el Parlamento andaluz a través de la Ronda Histórica. La marcha comenzó a las 12 del mediodía y culminó al filo de las 15.00 horas con la lectura de un manifiesto, al tiempo que uno de los funcionarios represaliados en Córdoba por protestar, pronunció una arenga en defensa del sector público. Los concentrados se despidieron tras cantar el himno de Andalucía.
De todas las provincias
La movilización, con asistencia de empleados de todas las provincias, estaba convocada por 14 organizaciones sindicales —CSIF, SAFJA, Ustea, CGT, USO, SAT, APIA, plataformas de empleados públicos, de Opositores, docentes, Agentes de Medio Ambiente y otras asociaciones— y contó asimismo con la presencia de dirigentes políticos de IU y del Partido Andalucista. La pancarta de la cabecera, con letras gigantes, rezaba: «Por un servicio público de calidad, no a la privatización».
En un ambiente festivo, hubo constantes gritos en contra del «enchufismo» que según los convocantes de la marcha propugna la Junta con su normativa, al propiciar el acceso a la Administración, con carácter definitivo, de los miles de trabajadores que prestan sus servicios en las agencias y empresas instrumentales dependientes de las consejerías.
Y se repitieron sin cesar referencias a las consecuencias que en el ámbito de lo político podría tener para el Gobierno andaluz el empecinamiento en sacar adelante la normativa. Así, se corearon consignas tales como «Vamos a ser vuestra pesadilla», «Esto va a ser vuestra sepultura» «Qué poquito os queda» o «Pumba, pumba, el cortijo se derrumba». Desde las aceras, ciudadanos que contemplaban el discurrir de los manifestantes también expresaron su opinión: «Luego, el año que viene, votad al PSOE».
Los sindicatos UGT y CC.OO., que respaldan la iniciativa de la Junta, un decreto que actualmente se tramita en el Parlamento como proyecto de Ley, fueron también diana de las críticas, al preguntar los manifestantes «Dónde están, no se ven, Comisiones y UGT». Y se respondían: «Pidiendo subvenciones». Sin embargo, en momento alguno se aludió a la polémica suscitada días atrás cuando desde las plataformas de empleados públicos se anunció un posible boicot de los mítines del PSOE en la campaña de las municipales, a lo que dirigentes de esta formación y responsables de la Junta respondieron acusando a los funcionarios de fascistas.
No faltaron en la marcha de protesta numerosos manifestantes con disfraces de lo más variopinto, uno de ellos caracterizando de el «Zorro», arrastres de ataúdes, proliferación de motivos funerarios, caretas del presidente de la Junta, todo tipo de aparato capaz de hacer ruido, como trompetas, tambores y silbatos, y constantes alusiones también al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y al jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero sin duda fueron Griñán y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Aguayo, los más criticados. El «Aguayo vete ya, y llévate a Griñán», se repitió hasta la machaconería,
«Que tomen nota»
El que la manifestación concluyera ante el Parlamento no es cuestión baladí. Se insistió en la necesidad de que los diputados andaluces deben «tomar nota» para que deroguen una normativa que se ha granjeado el rechazo de una parte muy importante del funcionariado. En cualquier caso, de no ser así los convocantes se conjuraron para no cejar en el intento.
A la hora de las valoraciones, Alicia Martos, de CSIF, en declaraciones a los periodistas, justificó la movilización porque el denominado «decreto del enchufismo» es una norma «impuesta, inconstitucional e ilegal que propicia la falta de independencia de la Administración pública». Martos aclarò que la movilización no era para pedir más dinero o mejores condiciones laborales, sino exigir que se cumpla la Constitución «y que todos los empleados públicos presten servicio a los ciudadanos con objetividad y eficiencia».
En nombre de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA), Auxiliadora Honorato, dijo que con la reordenación de la Junta «el servicio público dejará de prestarse en el ámbito del Derecho Administrativo con las garantías de objetividad, imparcialidad e igualdad de acceso», informa Europa Press. Añadió que «dentro de las Agencias (el futuro nuevo modelo que prevé la reordenación) no se podrá garantizar la gratuidad del servicio público porque el propio decreto dice que éstas tienen que rentabilizar sus costes, lo que significa que los ciudadanos van a tener que pagar más por los mismos servicios».
Y Rocío Luna, del sindicato Ustea, dijo que el decreto es una pérdida de derechos, no sólo «para los empleados públicos sino para todos los ciudadanos». A su juicio, la Administración quedará «en manos de quien gobierne». Para evitarlo, recomendó a los responsables del Gobierno andaluz que hagan como en las comunidades de Extremadura, Navarra o Castilla La Mancha, «donde no han mezclado en la vida empresas públicas con la Administración general». «No se puede mezclar unos trabajadores con otros ni dar potestad administrativa a quien no la tiene por ley, ni por la Constitución», apostilló.
Contra el copago en los servicios
Las ráfagas de viento gélido que ayer soplaron en Sevilla no impidió que los participantes en la manifestación aguantaran de forma estoica la lectura del manifiesto consensuado por todos los convocantes en el que se denuncia la intención de intención de «mercantilizar y acabar con la Administración pública», y en el que se advierte de un próximo paso: «el proyecto de copago en los servicios sanitarios». Entre otras consideraciones, el documento dice «no» a «un modelo de reordenación que destruya puestos de trabajo estables y convierta a la Administración pública en un nuevo nicho de empleo en precario. No queremos —añade— un modelo que fomente la pérdida del control sobre el gasto público. Queremos un modelo de reordenación en el que las potestades públicas sean ejercidas de forma independiente y en defensa del interés general, con objetividad e imparcialidad, por funcionarios públicos». Y por ello se exige «la derogación de los decretos 5 y 6/2010 y la paralización del actual trámite parlamentario».

http://www.abcdesevilla.es/20110123/andalucia/sevi-decenas-miles-funcionarios-piden-201101222134.html


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