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La juez imputa definitivamente al delegado de Empleo de la Junta por cohecho
La juez imputa definitivamente al delegado de Empleo de la Junta por cohecho

Junto a Rivas, confirma la imputación de Mellet, Ponce y Pereira e impone una fianza de 400.000 euros a cada uno

La juez imputa definitivamente al delegado de Empleo de la Junta por cohecho
Antonio Rivas. El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía es nombrado por Mellet en su declaración policial, en la que refiere una llamada telefónica donde el alto cargo le instruyó para que pidieran a La Raza una «contribución voluntaria» para la Junta de 300.000 euros.

Fernando Mellet. El ex director gerente de Mercasevilla es el principal encausado por su responsabilidad en la empresa y su participación en la charla grabada en la que piden a los empresarios de La Raza una comisión de 450.000 euros para la Escuela de Hostelería.
Regla Pereira. La secretaria de dirección fue la que más datos aportó en su declaración, en la que se exculpó de los hechos. Pero al jueza considera que los conocía suficientemente y que su participación fue relevante. Las declaraciones de los empresarios también la implican.
Daniel Ponce. La jueza entiende que al ex director adjunto, el auténtico «manijero» dentro de la sociedad, se le puede imputar el delito de cohecho no sólo por su responsabilidad dentro de la socieadd sino por llevar la voz cantante en la charla grabada donde se piden comisiones.
EDUARDO BARBA. SEVILA

Actualizado Jueves , 17-12-09 a las 07 : 33
El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga el llamado «caso Mercasevilla», ha cerrado las diligencias previas —aunque no la instrucción en sí— relativas al intento de cobro de comisiones ilegales a empresarios por parte de los directivos de la empresa pública, ratificando las imputaciones de los cuatro encausados a los que se había citado a declarar bajo dicha consideración: esto es, imputa por presunto cohecho no sólo al ex director gerente de la sociedad, Fernando Mellet, al ex adjunto de la empresa, Daniel Ponce, y a la secretaria de dirección, Regla Pereira, sino también al delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, el socialista Antonio Rivas. Pese a las tesis de su partido y de la propia Administración regional, insistentes, Rivas ha sido imputado.
Una vez se ha calificado el delito, se inicia el procedimiento de Ley del Jurado, al tratarse de cohecho. La titular de este juzgado entiende que la imputación por este delito es «verosímil», según apunta en el auto, al que ABC ha tenido acceso. Con este documento convoca a los imputados, a la acusación particular y acusaciones populares a la vista que tendrá lugar el día 23. Además, requiere a los cuatro imputados para que, en el breve plazo de un solo día, presten una fianza cada uno de ellos de nada menos que 400.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles; de no prestarla, se le embargarán bienes.
En el auto, la instructora relata los hechos que considera definitivos y se señala que entre los imputados está el delegado de Empleo porque, según la declaración policial de Fernando Mellet, Rivas le llamó por teléfono en diciembre de 2008 para comunicarle que la Junta había concedido una subvención de 900.000 euros para la Escuela de Hostelería y para decirle que «tenía que pedir a los de La Raza una contribución voluntaria para la Junta de Andalucía de 300.000 euros», exigencia que le reiteró en una segunda llamada el 5 de enero de 2009. Como se recordará, el pago irregular correspondería a 150.00 euros de la acometida eléctrica y 300.000 euros de comisión para la Junta, tal y como precisa el propio auto judicial.
Recalca la jueza que el presunto delito se sustenta también en la declaración de los dos directivos de La Raza que recibieron la propuesta, que además grabaron una segunda conversación en la que Mellet y Ponce afirmaron que la petición de dinero para la Junta «era normal» porque «la Junta de Andalucía colabora con quienes colaboran». De esta forma, la instructora involucra con su imputación a la propia Junta de Andalucía.
El auto precisa que no queda duda de la condición de funcionario de Rivas, mientras que señala que Mellet, Ponce y Pereira son trabajadores de una empresa propiedad en un 51 por ciento del Ayuntamiento y el 48 por ciento por la empresa estatal Mercasa. Incide especialmente Mercedes Alaya en esto, subrayando la «función pública» de los directivos de Mercasevilla para poder establecer el presunto cohecho —sólo aplicable a funcionarios—, consideración que éstos rechazan.
La juez ha dado a las partes tres días para interponer recurso de reforma contra la resolución, algo que tienen previsto hacer prácticamente todas. El PP, denunciante, mostrará su conformidad con los hechos pero ve «prematuro» el auto al no haberse concluido diligencias previstas, como los datos de la Agencia Tributaria y, sobre todo, al no contemplarse aún el expediente completo de la subvención, cuestión nada baladí ya que, de demostrarse que la subvención fue irregular, las penas previstas sí serían de cárcel.
El código ético, en el cajón
Desde el PSOE se aludió anoche al auto en una nota en la que se volvía a defender la «plena inocencia» de Rivas y se pedía, a la vez, que no se hagan juicios paralelos y «se respete la presunción de inocencia» porque «no existen pruebas». Nada se indicaba de su famoso código ético, aquel por el que cualquier imputado debe dejar su cargo público. «No sería lógico, en un estado democrático, que se pretenda condenar a las personas por el mero hecho de estar imputadas», se llega a decir para justificar que el partido no vaya a pedir la dimisión del delegado. Eso sí, tras pedir respeto por la Justicia, el PSOE recalcó que Rivas es inocente, contradiciendo los indicios por los que la juez lo imputa.

http://www.abcdesevilla.es/20091217/nacional-sevilla-actualidad/juez-imputa-definitivamente-delegado-200912162331.html


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