Ciudad Rodrigo - Salamanca

Los alcaldes tienen la obligación de hacer respetar la legalidad urbanística en sus municipios. Lo dijo el presidente Chaves hace una semana: «El problema de las viviendas ilegales es de los alcaldes, y son ellos los que tienen que actuar» ante este tipo de situaciones. La Fiscalía 'verde' lleva diciéndolo desde hace dos años, cuando comenzó a funcionar y a presentar cargos sistemáticamente contra los chalés sin licencia. La próxima semana, los fiscales tendrán una reunión con alcaldes y responsables municipales de urbanismo de toda la provincia. Les van a recordar sus obligaciones y a hacerles una advertencia: mirar hacia otra parte puede provocar que acaben sentados en el banquillo de los acusados e inhabilitados.

Los alcaldes están obligados no sólo a mantener un escrupuloso respeto a la ley a la hora de conceder licencias (no haciéndolo por ejemplo cuando hay informes técnicos desfavorables), sino también a mandar a sus policías locales a vigilar la legalidad urbanística, a abrir expedientes sancionadores contra los infractores y a poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos que puedan ser constitutivos de delito. De no hacerlo están propiciando la consolidación de una situación de ilegalidad tanto administrativa como penal, en perjuicio de los intereses generales de sus vecinos y del Medio Ambiente y en beneficio de unos pocos infractores.