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Hay mas españoles en Argentina, que argentinos en España
per Manuel van der Pholen (inmigrante argentino en Barcelona) 16 nov 2005 01:24:36
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Hay mas españoles en Argentina, que argentinos en España
El rechazo de los argentinos en España vulnera acuerdos bilaterales y es la contracara de cómo fue recibida la inmigración española en nuestro país. Siembran vientos...


Por Oscar González

Recuerdo aquellos episodios de mi niñez, cuando, al caer la noche, mis padres —cansados después del trajín cotidiano gracias al cual los inmigrantes gallegos construyeron un destino para sus familias— acondicionaban ropa usada y acumulaban alimentos para ser enviados a quienes habían quedado en esas perdidas aldeas, sufriendo las penurias de la posguerra civil.

Pasarían todavía varios años hasta que lograra comprender el significado de esa escena, tan ligada a mi propia historia personal, la de una de las tantas miles de familias que arribaron llenas de ilusiones a la crítica Argentina de los años 30.

Mis padres habían llegado al país siendo adolescentes, y aunque nunca renegaron de su origen, amaron y prodigaron lo mejor de sus vidas a este país, que los acogió con simpatía y solidaridad.



El peso de la arbitrariedad

Esa historia hizo que en el año 2000 residieran en la Argentina 254.073 españoles, según datos de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Reino de España. Para la misma época, según la misma repartición, apenas 9.422 argentinos vivían en la Península.

En los últimos meses, sin embargo, y a pesar del acuerdo sobre supresión de visados de entrada entre ambos países, funcionarios policiales españoles, en forma arbitraria, vienen impidiendo la entrada de un número creciente de ciudadanos argentinos y los devuelven a nuestro país, sin posibilidad de recurso ni defensa alguna.

La situación descripta no sólo constituye una afrenta a los tradicionales lazos de amistad entre ambas naciones. Vulnera también acuerdos bilaterales suscriptos a lo largo de más de un siglo. Ellos son: el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad, del 21 de setiembre de 1863; el Convenio de Emigración del 18 de octubre de 1948; el Convenio de Doble Nacional idad, del 14 de abril de 1969; y, finalmente, el Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Argentina, del 3 de junio de 1988, todos ellos obligatorios para los dos estados. Como es obvio, ninguno de ellos prevé que su cumplimiento estará sujeto a la voluntad del gobierno de turno o, menos aún, que un oficial de policía destinado al aeropuerto de Barajas sea el encargado de interpretarlos.

En líneas generales, esos tratados establecen los principios de cláusula de nación más favorecida, libre emigración, vigencia de derechos preexistentes y criterio de reciprocidad, en orden a facilitar la realización de actividades económicas por cuenta propia o ajena en pie de igualdad con los nacionales del Estado de acogida. Y obligan a los gobiernos de uno y otro país a facilitar el establecimiento y el trabajo de los nacionales del otro país.

Por lo tanto, cualquier disposición legal restrictiva de estos derechos constituye una violació n de los acuerdos.

El más reciente, suscripto en 1988, determina en su artículo 8 que "cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena, en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia, siempre que se hubieran concedido los permisos de trabajo o residencia necesarios para el ejercicio de dichas actividades. La expedición de los permisos de trabajo será gratuita".

No obstante ello, a muchos argentinos se les impide regularizar su situación, a pesar de su disposición a trabajar y de tener ofertas de trabajo o poseer medios suficientes de vida.

Esa actitud llama poderosamente la atención, sobre todo porque España sí viene respetando los acuerdos con otros países, de contenido idéntico al de los celebrados con Argentina.

Si los estrechos vínculos económicos, políticos y fundamentalmente afectivos entre ambos países no fueran sufi cientes para calificar como inexplicable e ilegítima la actitud de las autoridades españolas, la existencia de esos tratados bilaterales la torna decididamente ilegal.

Es que, frente a la actitud solidaria de la mayoría de los españoles y de sus partidos más progresistas, el gobierno de José María Aznar levanta la bandera de la xenofobia y el desprecio por los inmigrantes para exaltar las pasiones y los prejuicios más aberrantes.

Las restricciones y la discriminación que pesan sobre los argentinos tienen, entonces, una fuerte carga simbólica. Y nos agravian, porque la inmigración española es indisociable de la construcción de la ciudadanía argentina.

Frente a esos gestos prepotentes, propios de esa derecha atávica que mantuvo a España en la Edad Media durante buena parte del siglo XX, este hijo de gallegos no puede sino recordar aquellas jornadas evocadas al comienzo o imaginar la llegada de sus padres al puerto de Buenos Aires.

Nadie les preguntó entonces a qué venían. Y jamás hubiesen imaginado que argentino alguno habría de encontrarse con algo distinto en España.