Moratalla - Murcia

María y Vicente son un matrimonio de octogenarios que han iniciado su particular lucha para permanecer en la que es su vivienda desde hace más de 50 años en Vinalesa (Valencia). El Ayuntamiento de la localidad contempla en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el derribo de su casa para hacer recta una calle, a lo que se añade, según denuncian, un préstamo de 10.000 euros para hacer frente a las cargas de urbanización de las obras.

Ambos han estado muy ligados al municipio durante toda su vida. De hecho, Vicente fue concejal del PP y su mujer es la presidenta local de Cáritas. «Lo estamos pasando muy mal, porque al final nos quitan nuestra casa y no tenemos adónde ir ni nos podemos permitir nada económicamente. Para lo que nos queda de vida, nos gustaría quedarnos aquí a vivir y que después hagan lo que quieran», declara María.

Según relata Juan Salvador, yerno del matrimonio y arquitecto de profesión, la reforma del PGOU en 2005 facilitaba la creación de unidades en ejecución, por lo que esta urbanización supone que dos tercios de la casa recaigan en la vía publica. «La opción del consistorio, que lo justifica en que es una mejora para el pueblo, es echar a sus propietarios, que en una semana se van a quedar sin casa con 80 años de edad», afirma.

La unidad de ejecución, explica, tiene una serie de propiedades que hay que valorar e indemnizar y son los propietarios de éstas quienes, con sus cuotas, lo van a sufragar: «En toda la unidad solo está habitada esta casa, que es grande y se encuentra en perfectas condiciones. Aun así, se valora en la ridícula cifra de 80.000 euros. Además, por compensación con otros propietarios que no pueden aportar suelo, que es lo que debería de ser, se compensa el solar que cedemos con 40.000 euros para construir una plaza pública. A esto añadimos que se debe de hacer frente a 130.000 euros de cargas de urbanización como propietarios de un solar más grande que otros, por lo que el resultado se traduce en el desalojo de unas personas mayores que se quedan en la calle, sin dinero y con un préstamo de 10.000 euros».

El pueblo se está volcando con con María y Vicente y ha iniciado una campaña de recogida de firmas de Change.org, con la que ya han obtenido más de 500 apoyos, y también repartirán pancartas para mostrar públicamente su respaldo a los afectados.

La familia de María y Vicente acusa al Ayuntamiento de que la decisión se trata de «un capricho» y de no querer reunirse con ellos ni tener voluntad de negociar. Sin embargo, el alcalde de la localidad, Julio Martínez (PSPV), asegura que se trata de un «desarrollo urbanístico planteado desde hace 20 años y sobre el que se han cumplido todos los requisitos legales, por lo que se va a ejecutar».

«La primera vez que se ha propuesto una alternativa seria sobre este tema es la petición por parte de la familia de que se quede en pie una parte de la vivienda. Desde el Ayuntamiento se les notificaron los requisitos para que esto fuera posible y se les ha dado el plazo de un mes para que presenten la documentación. Si encaja, lo estudiaremos», señala Martínez, quien añade que «no es el único procedimiento por el que se han derribado viviendas en Vinalesa».

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