Mollina - Malaga

La juez cree que "habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud" 9 millones de la Consejería de Empleo.
La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga las presuntas irregularidades halladas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), ha imputado a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, quien mediante un "entramado" de empresas "habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud" 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.

En un auto dictado este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya imputa también a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, quienes "a través de un entramado de empresas" ubicadas la mayoría en la Sierra Norte de Sevilla "y valiéndose de sus contactos personales con la Junta" obtuvieron de la Consejería de Empleo ayudas por valor de 29.074.760,26 euros.

La propia Junta de Andalucía pidió a la juez el pasado mes de octubre –solicitud que fue reiterada en enero– que imputase a Ángel Rodríguez de la Borbolla, que ha formado parte de los órganos de administración de varias empresas relacionadas con el sector del corcho, a alguna de las cuales la Junta incluye en una "presunta trama de empresas vinculadas", que ascenderían a 18 empresas, y que podrían haber cometido un fraude de 20 millones de euros, según informó en su día la consejera de Presidencia, Mar Moreno.

Según explicó Moreno, el día 28 de octubre los servicios jurídicos de la Junta hicieron entrega en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de un informe sobre esa supuesta "trama de empresas vinculadas", en el cual solicitaba además la imputación de los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y Sayago Lozano, y los empresarios o miembros en consejos de administración de empresas Rafael Ávila Mayo, Alfonso Seoane Yarza, Eduardo Lora Ruiz y José Enrique Contreras Sáenz de Tejada.

Pues bien, en el auto la magistrada pone de manifiesto que, con ocasión de la declaración como imputado que prestará este miércoles el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, ha tenido oportunidad de estudiar la documentación aportada por la Junta en relación a las ayudas concedidas a empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla.

Imputados por la próxima declaración de Guerrero

Una vez llevado a cabo el estudio de esta documentación, prosigue la magistrada, "resulta necesario traer al procedimiento en calidad de imputadas a determinadas personas a fin de que los letrados que designen puedan estar presentes en las nuevas declaraciones que se tomen, y en especial" en la de Guerrero fijada para este miércoles, todo ello con el objetivo de "salvaguardar el derecho de defensa y el principio de contradicción".


Por ello, "procede" imputar al hermano del expresidente de la Junta, quien "mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla habría obtenido, con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas" recibió "ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo y que oscilarían alrededor de los 9.009.108 euros con cargo a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA".

En relación a José Enrique Rosendo y José María Sayago, la magistrada pone de manifiesto que, "indiciariamente, a través de un entramado de empresas ubicadas la mayoría en la Sierra Norte de Sevilla y sirviéndose de sus contactos personales con la Junta de Andalucía, obtuvieron de la Consejería de Empleo y a través de la agencia IDEA un importante número de ayudas con cargo a los fondos públicos, sin mediar solicitud, sin existir procedimiento y sin haber acreditado los fines para las que fueron concedidas", ayudas que, según la juez, ascendieron a 29.074.760,26 euros.
De este modo, los tres nuevos imputados pueden personarse "desde este momento" en las actuaciones mediante abogado y procurador, "pudiendo los letrados asistir a la declaración" de Francisco Javier Guerrero.