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CASO ERE Justificaba la necesidad de un contrainforme 'en aras al derecho de defensa'
El TS da quince días a Griñán para replicar a los peritos de la IGAE
Deberá contestar a las conclusiones del último informe de la Intervención General

El ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a su llegada al... El ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a su llegada al Supremo para declarar el pasado abril. EFE
EUROPA PRESSSevilla Actualizado:29/05/2015 19:32 horas
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El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha concedido este viernes un plazo de quince días a la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para que sus peritos de parte elaboren una réplica a las conclusiones del último informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que cuestiona de forma rotunda el sistema de financiación elegido para dotar las ayudas socio-económicas presuntamente irregulares en Andalucía entre 2000 y 2010.

A petición de la defensa de Griñán, que dirige el abogado José María Mohedano, el juez concede el plazo si bien advierte que en su último documento, ampliación del presentado en su día ante la juez de Sevilla Mercedes Alaya, el IGAE no aporta "datos ni argumentos sorpresivos que no se hubieran ya tratado en el primer informe y en la ratificación de Sevilla".

La asignación de este plazo, unida al visto bueno por el magistrado de la aportación a la causa de nueva documentación a petición también de las defensas parece indicar que la decisión final de Jorge Barreiro sobre las imputaciones --sobre cuántos de los cinco aforados solicitará finalmente el suplicatorio a las Cortes-- no será inminente. En su último escrito al tribunal, Griñán justificaba la necesidad de un contrainforme "en aras al derecho de defensa". Recordaba además que los peritos del IGAE tuvieron hasta tres meses para contestar el informe que él solicitó a dos catedráticos de Derecho Tributario de la Universidad Carlos III, ya que esta pericia fue solicitada en febrero y el trabajo no llegó al Supremo hasta el pasado 20 de mayo.

Hurto al control, según la IGAE

En su último informe, los cuatro peritos de la Intervención General señalan, en relación con el instrumento empleado para dotar las ayudas -las denominadas transferencias de financiación- que su "primer y principal efecto fue hurtar su fiscalización a la Intervención Delegada en la Consejería de Empleo, posibilitando así el otorgamiento de subvenciones al margen del procedimiento legal establecido".

Señalaban que sus conclusiones "en la práctica totalidad de los temas tratados", son "radicalmente contrarias" a las obtenidas por los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Lago, autores del informe pericial de parte presentado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán. "En contra de lo indebidamente afirmado" por el informe de los catedráticos de la Universidad Carlos III, según la IGAE, "la naturaleza, el destino, la clasificación presupuestaria" y otros extremos de las transferencias de financiación han venido siendo regulados durante los últimos años por un total de 45 normas que avalarían su tesis de que no conforman un instrumento adecuado para arbitrar ayudas como las cuestionadas en este procedimiento penal.

Además, los peritos insisten en que la concesión de las ayudas tuvo su origen en la "fraudulenta elaboración por el Ejecutivo andaluz del anteproyecto y proyecto de presupuesto del organismo público denominado IFA (luego IDEA) y del de la Consejería de Empleo. Igualmente reiteran los peritos judiciales que el Parlamento de Andalucía fue inducido a error a la hora de elaborar las leyes de presupuestos.

En este punto argumentan que el presupuesto del IFA-IDEA le llegó al Parlamento "fraudulentamente formulado, al contener gastos ficticios que permitían justificar la inclusión en la Consejería de Empleo de la transferencia de financiación indebidamente presupuestada con la que cubrirlos". Añaden que la documentación anexa al presupuesto "no permitía detectar con claridad cuál era el órgano concedente de las subvenciones y, en consecuencia, cuál era la partida presupuestaria adecuada a utilizar". A todos estos argumentos deberán contestar ahora, de nuevo, los peritos de parte de Griñán.

Alaya imputa a once jefes de servicio de Formación de la Junta
Están acusados de prevaricación y de malversación "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones"

Europa Press | Sevilla 02.06.2015 | 15:24
La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha imputado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a once jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía y los ha citado a declarar entre los próximos días 9 y 12 de junio.

En un auto fechado el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada imputa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta, a quienes cita a declarar la próxima semana, y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril, a quien imputa pero no cita a declarar.

Así, y además de a María Carril, la juez ha imputado a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez, y a los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García.

De igual modo, los nuevos imputados son el jefe de servicio de la delegación de Jaén, José Luis Valentín Martos; el jefe de servicio de Almería, Blas Méndez Capel; la jefa de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores; y los jefes de servicio de las delegaciones de Cádiz y Huelva Antonio Juan Vidal Agarrado y José Ángel Gil Flores, respectivamente.

Alaya ha imputado a todos ellos "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".

A su juicio, los imputados habrían permitido que en este último departamento "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".

Además, "omitieron iniciar y continuar los correspondientes expedientes de reintegro, no recuperando así los caudales públicos comprometidos, y confeccionaron las resoluciones de exoneración por las que multitud de empresas, sin justa causa, continuaron recibiendo el pago de subvenciones a pesar de tener múltiples subvenciones anteriores pendientes de justificar".

En el auto, y "para un mejor esclarecimiento de los hechos que se investigan y determinación de las correspondientes responsabilidades penales", la juez libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informe sobre el cargo de secretarios provinciales y secretarios generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), "con identificación de las personas que los han desempeñado, así como especificación de sus funciones".

De igual modo, la UCO deberá informar sobre los jefes de servicio de Formación "en la época" de la exdirectora general de Formación María Teresa Florido, que según su declaración judicial fueron María Carril, Alfredo Bolaños, María Cabanillas y Tomás Domínguez. Así, Alaya pide comprobar la "veracidad" de tal afirmación y las funciones desempeñadas por cada uno de ellos, así como que la UCO informe de la identidad de tales jefes de servicio en el periodo comprendido entre 2009 y 2012.

Alaya también solicita a la Guardia Civil que se determine el periodo en que ejerció el cargo como jefa del servicio de Formación de la Delegación Provincial de Sevilla María del Pilar Galán Ruiz y que se informe sobre las funciones de los coordinadores del SAE Miguel Sivianes y María Luz Fernández, "periodo de dichos cargos e identificación de otros anteriores o posteriores, así como relación que en su caso pudiera tener el primero" con José Sivianes.

Además, la UCO deberá completar el estudio de las resoluciones de exoneración abordadas en su último atestado con las aportadas por el Juzgado y las que en su caso aporte la Junta de Andalucía.

En este atestado, cabe recordarlo, la Guardia Civil elevó a 1.298.722.878,04 euros la cantidad que la Junta de Andalucía habría concedido en ayudas a la formación entre los años 2002 y 2014 sin que se haya justificado por parte de las distintas entidades beneficiarias el destino dado a esas cantidades.

Por último, y en relación a las comunicaciones emitidas por la Intervención General a los diferentes órganos gestores en materia de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas, "en los que se haya incluido alguna propuesta de reintegro, ya sea total o parcial", reclama a la UCO que recabe de los correspondientes órganos gestores "las fechas de inicio de los expedientes, estado en el que se encuentren y si en alguno de ellos hubiese caducado el derecho de reclamación por no haberse iniciado el correspondiente expediente".

En este punto, también solicita que "se identifiquen a las personas que ocupaban los cargos a los que iban dirigidas las referidas comunicaciones" de la Intervención General.

En esta causa, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas --incluidos 13 exaltos cargos de la Junta-- que fueron detenidas el pasado mes de marzo en el marco de la operación 'Barrado', tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.