Mollina - Malaga

La duda me atormenta....................

puede algun forero bien informado sobre lo que pasa con Aznalcollar?



estoy hech un lio...

Borrado por su Autor.

Jacinto Cañete, ex director general de la Agencia Idea, y el ex delegado de Economía y ex director general de la Junta Andrés Luque eran, hasta ahora, los dos únicos ex altos cargos salpicados por las sospechas de amaño en el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar que investiga la juez Patricia Fernández. Ambos, según la otra finalista del concurso minero y denunciante, Emerita Resources, mediaron a favor del consorcio al que finalmente el Gobierno andaluz otorgó la explotación, Minorbis-Grupo México. Y Luque, incluso, habría firmado con la matriz de Minorbis -el grupo cordobés Magtel- un contrato de cinco años por 600.000 euros.

A estos dos nombres hay que sumar un tercero que igualmente podría verse alcanzada por el escándalo: Aurora Cosano, delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo hasta hace sólo unos días, destituida precisamente a raíz de su detención e imputación en la operación Barrado, dirigida por la juez Mercedes Alaya para investigar el fraude en los cursos de formación.

Cosano estaba al tanto de las supuestas irregularidades en el procedimiento de adjudicación de los derechos mineros de Aznalcóllar que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla y que podrían constituir presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y fraude en subvenciones.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, la ex delegada territorial de Economía fue advertida expresamente de las supuestas irregularidades en el concurso de Aznalcóllar ya a principios de febrero, casi un mes antes de que se produjese la adjudicación oficial del yacimiento a Minorbis, la filial de Magtel.

Cosano recibió el 3 de febrero un escrito en el que Emerita Resources advertía ya del cúmulo de irregularidades que había detectado en el procedimiento administrativo. Como el hecho de que la Junta se negase sistemáticamente a mostrar el expediente o como que la adjudicataria, Minorbis, hubiese sido constituida el 25 de abril de 2014, nueve días después de la finalización de presentación de ofertas en la primera fase del concurso.

El 23 de febrero, cuando ya se había hecho público que Minorbis era la elegida, Cosano recibió un nuevo escrito en la sede de la Delegación de Economía que volvía a insistir en las sospechas de amaño y en el que Emerita Resources anuncia la interposición de un recurso contra la resolución de la mesa de contratación.

Ni en este caso ni en el anterior, según las fuentes consultadas por este periódico, Cosano tomó medida alguna al respecto de las supuestas irregularidades que ahora investiga la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía a instancias de la juez Fernández.

Junto a estos escritos, reglamentariamente presentados a través del registro de la Delegación de Economía, Cosano recibió también un completo dossier con la misma documentación que ahora tiene en sus manos la magistrada y que ha dado pie a la apertura de diligencias previas.

La denunciante sostiene que el concurso fue amañado con el exclusivo fin de que la ganadora fuese la que ha sido, México-Minorbis. Y, para ello, asegura en su denuncia, no sólo se cometieron irregularidades en el procedimiento administrativo -con valoraciones injustificadas del proyecto-, sino que además ha habido «presiones» a los funcionarios que lo han tramitado.

Emerita Resources cree que en el concurso la Administración andaluza ha tomado decisiones ilegales a sabiendas; que la empresa ganadora tenía influencias en la Junta que ha usado y que, incluso, alguno de los implicados podría haber recibido, a cambio, alguna compensación.

¿En qué se basa Emerita Resources para decir que México-Minorbis y la Junta tiene relaciones privilegiadas y ha habido, por lo tanto, tráfico de influencias? Pues en que, como asegura en el texto de la denuncia, en Magtel (de la que es filial Minorbis) «trabajan destacados miembros del PSOE, así como altos cargos y directivos de la Consejería de Industria».

En eso y en que el presidente de Magtel alardeó en una reunión con Emerita de que ellos tenían «la llave» del concurso y anunció que a su salida llamaría un alto cargo de la Junta. A los cinco minutos de marcharse, sonó el teléfono.

En el objetivo de la juez Alaya

Aurora Cosano es uno de los dos altos cargos del Gobierno socialista de Susana Díaz detenidos esta semana junto a otros 14 ex altos cargos y directivos de consorcios-escuela de la Junta en el marco de la primera gran operación de la juez Mercedes Alaya contra la corrupción en los cursos de formación bautizada Barrado.

Los altos cargos en ejercicio detenidos fueron los delegados de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, y Huelva, Eduardo Manuel Muñoz, que fue alcalde socialista de Nerva. Ambos fueron destituidos de manera fulminante por el Consejo de Gobierno cuando ni siquiera habían prestado declaración ante la UCO y, por tanto, sin dar lugar a que pasaran a disposición judicial. Otros de los detenidos estaban ocupando cargos públicos en fundaciones de la Junta o en el Partido Socialista.

La juez Alaya ha detectado un sistema de funcionamiento presuntamente ilegal común en todas las sedes provinciales del SAE a la hora de gestionar los fondos para cursos de formación. Dicho sistema habría posibilitado un fraude masivo que podría construir delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en los ex altos cargos detenidos.

El hecho de que todas las direcciones provinciales del SAE operaran del mismo modo hace pensar a los investigadores que en estos centros no se actuaba de forma aislada sino siguiendo unas directrices comunes. La investigación estaría encaminada, por lo tanto, a averiguar si en este caso, como en el de los ERE, existe una estructura piramidal y quién o quiénes estaban situados en la cúspide.

ASO AZNALCÓLLAR
La Junta sabía que no había agua un año antes de adjudicar Aznalcóllar
La Confederación del Guadalquivir se lo advirtió ya en febrero de 2014

La directora de Minas respondió el mismo día que resolvió el concurso investigado

Un vecino de Aznalcóllar observa la antigua corta de los Frailes de... Un vecino de Aznalcóllar observa la antigua corta de los Frailes de la mina, abandonada tras el vertido. JESÚS MORÓN
CHEMA RODRÍGUEZSevilla Actualizado:23/05/2015 11:55 horas
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El 25 de febrero de 2015 la Dirección General de Industria, Energía y Minas adjudicó los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar al consorcio formado por Minorbis (filial de Magtel) y la multinacional Grupo Mexico por un periodo de 30 años. Lo hizo a sabiendas de que la extracción de mineral era poco menos que inviable porque no había agua disponible para el procesamiento del metal obtenido.

La Junta de Andalucía no sólo conocía el problema del agua el día que adjudicó la mina, sino desde un año antes. Así lo acredita la documentación oficial a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía y que demuestra que la Administración autonómica pudo ocultar información durante el procedimiento administrativo que derivó en la adjudicación del yacimiento.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) remitió el 19 de febrero de 2014 un oficio a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo firmado por el comisario de Aguas, Rafael Álvarez, en el que éste advertía de que el agua del embalse del río Agrio -con la que funcionó la mina de Aznalcóllar hasta su cierre por el desastre ambiental de 1998- ya no estaba disponible al haber sido asignada a otros usos, tanto industriales como energéticos y agrícolas.

En el oficio, el comisario de Aguas de la CHGexplica a la Junta que el Ministerio de Medio Ambiente anuló el 8 de abril de 2005 los derechos de uso de las aguas del Agrio a favor de Boliden Apirsa, la multinacional sueca que tenía la concesión de la mina de Aznalcóllar cuando se rompió la balsa de residuos y se produjo el vertido tóxico que llegó a amenazar al Parque de Doñana.

Iniciativa de la CHG

En ese mismo acto, Medio Ambiente revirtió a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la presa y las instalaciones adyacentes y en virtud del Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, de 2013, se asignó el agua a otros usos.

El escrito lo remitió la CHG por iniciativa propia tras tener conocimiento de la convocatoria del concurso y sin que la Junta andaluza se hubiese interesado siquiera previamente por la situación de los recursos hídricos necesarios para reabrir la mina.

De hecho, la CHG no recibió la primera noticia del gobierno de Susana Díaz hasta el mismo día en que resolvió el concurso que actualmente investiga el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla.

Ese día, el 25 de febrero pasado, la directora general de Minas, María José Asensio -a la que la juez Patricia Fernández señala como la máxima responsable de las irregularidades en el concurso- envía una carta a la CHG en la que se limita a solicitar «colaboración sobre cualquier circunstancia que deba ser considerada en el ámbito de las competencias que su institución tiene atribuidas».

En especial se refiere al cambio de titularidad de la autorización de vertido otorgada por la Confederación. De la disponibilidad de recursos hídricos Asensio no dice ni una sola palabra.

La que sí aportó una solución a la falta de agua fue la empresa Emerita Resources -la otra aspirante a la mina que llevó ante los tribunales el concurso- que contaba con el visto bueno de la propia CHG y que consistía en ampliar el embalse del Agrio.

En relación a este asunto, Ecologistas en Acción denunció ayer que el «aparente olvido» de la Junta al licitar la mina sin que haya agua disponible «demuestra la prepotencia» del Gobierno andaluz y el «afán electoralista» de este concurso minero internacional.

El responsable de minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, denunció que esta circunstancia evidencia, en su opinión, que la Junta «ha apostado una vez más por la política de hechos consumados» en este concurso minero, un «proyecto irrealizable» impulsado «por puro afán electoralista y que juega con la ilusión de toda una comarca».

Para Ramos, a las «irregularidades» en el concurso, que investiga un juzgado sevillano, «habría que añadir la principal y es que se ha fomentado la puesta en marcha de un proyecto inviable por falta de uno de los recursos clave: el agua».

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en funciones, María Jesús Serrano, pidió ayer prudencia a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir» a la hora de valorar si hay agua suficiente para explotar la mina de Aznalcóllar, informa Mª Amelia Brenes.

«Hay que ser prudente y cautelosos en este tema», señaló a preguntas de los periodistas de Jaén, asegurando que «no se puede frenar el desarrollo de una comarca, la oportunidad de generar empleo, de esta forma y a la ligera». Recordó, asimismo, que «lo único que se ha hecho es una adjudicación de los derechos mineros, que además está suspendida porque así lo ha determinado la presidenta».

«Ellos son los competentes en la cuenca del Guadalquivir y tendrán que estudiar, cuando se presente el proyecto de ejecución y de explotación, cuáles son los recursos que necesita, porque hasta ahora mismo no se ha presentado», insistió.

Gracias amigo Rotondas por tus explicaciones....


me has aclarado muchas dudas...aunque a veces me parece estar leyendo una novela........


con un guiòn muy malo y con muchos protagonistas....y con tants protas, uno se hace un lio...


Pero la intenciòn es buena....gracias!!