Mollina - Malaga

El PSOE suele quejarse amargamente de que no controla la prensa escrita en Andalucía. Es cierto sólo en parte. El País, de influenjcia regional multiplicada por sus altavoces radiofónicos, y El Correo de Andalucía sirven con pasión y disciplina a las facciones a las que obedecen. Pero hay otros muchos periódicos y diarios digitales de menor envergadura que están a la disposición del PSOE, muchos de ellos dependientes de las subvenciones públicas que otorgaban las diferentes instituciones controladas por los oligarcas del PSOE. En este capítulo se cuenta cómo el partido triunfante en 1982 intentó controlar toda la prensa andaluza vía compra, vía patrocinio, vía publicidad institucional, utilizando incluso el dinero de todos los andaluces para conseguirlo.

LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL COMO
MEDIO DE PRESIÓN DEL PSOE A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Siempre se ha sabido que del dicho al hecho va mucho trecho. De lo
que dice el espíritu de la Ley de Publicidad Institucional de
Andalucía de 1995 a lo que se ha hecho con ella, va todo un
incumplimiento flagrante y, por ahora, salvo excepciones, impune.
Pero tómese nota que de 1982, fecha de la primera victoria electoral
socialista en Andalucía hasta casi catorce años más tarde, la
publicidad de la Junta andaluza no estuvo regulada por Ley.
Lo que se decía en el preámbulo de tan “noble” Ley era lo siguiente:
“La publicidad es fuente primordial de financiación de los medios de
comunicación, y en la que el peso relativo de la emitida desde la
Junta de Andalucía, sus organismos autónomos y entidades o
sociedades de ella dependientes así como desde otras
Administraciones públicas territoriales, adquiere hoy una notable
relevancia.
Dado que por vía de adjudicación de la publicidad de forma directa
o indirecta dimanante del sector público se puede afectar a la
subsistencia y libre competencia entre los medios de comunicación
social y que éstos son el sustrato insustituible de los derechos
constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Magna, es
exigible en un Estado de Derecho preocupado por la existencia real
de los derechos y libertades que posibilitan la democracia, que el
legislador arbitre los medios para evitar toda competencia desleal
promovida desde el sector público que incida negativamente en el
pluralismo informativo.”
Pues a pesar de que los sistemas de cuantificación de audiencias se
han perfeccionado y que los anunciantes y anunciadores se fundan
en ellos para calcular precios y costos, nada de eso tenía
importancia en Andalucía donde el interés del partido dominante se
ha sobrepuesto a todo lo demás.
Tan cuidadoso es el PSOE, en general, con sus intereses partidistas
en la comunicación que se ha llegado a decir que no es más que
una agencia de publicidad con diputados. Pero la pericia
comunicacional no es suficiente para quien tiene el proyecto de
extender una tela de araña sobre una sociedad. Hay que animar,
además, a los medios afines para que las propias ideas, imágenes y
mensajes muevan la voluntad de la mayoría de las personas hacia
un voto determinado. Igualmente, hay que castigar a los medios
adversarios para que desistan de sus comportamientos críticos. Lo
que se busca no es la libertad sino el control.
El padre legal de este control moderno no fue Gaspar Zarrías, que
no necesitó nunca la legalidad para su trato con los medios, sino
Luis Planas Puchades, que fue embajador en Marruecos, embajador
ante la Unión Europea y por entonces, consejero de la Presidencia
de Manuel Chaves.......