Estepona - Malaga

La juez Alaya imputa a Magdalena Álvarez y al ex interventor general de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE fraudulentos

Mercedes Alaya, jueza del caso que investiga el fraude de los ERE (expedientes de regulación de empleo) pagados con dinero de la Junta ha imputado en el caso a 20 cargos y excargos de los gobiernos socialistas de los últimos doce años de tres consejerías: Economía, Empleo e Innovación. Entre ellos, aparece como imputada la exconsejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, y el actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, número dos de Susana Díaz. También imputa al exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, que fuera quien envió los informes de advertencia sobre el uso irregular del procedimiento para el pago de las ayudas sociolaborales, prejubilaciones a trabajadores y subvenciones a empresas en crisis. El juzgado investiga un fraude de más de 150 millones de euros en una partida que a lo largo de una década sumó 1.500 millones de euros, incluidos gastos.

En un auto fechado el pasado 28 de junio y hecho público esta mañana a las partes, Alaya sostiene, en base a un atestado de la Unidad Operativa de la Guardia Civil, realizado tras interrogar a cargos de la Junta de Andalucía, que el procedimiento de las transferencias de financiación utilizado para pagar los ERE constituían una “figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales”. Alaya insiste como en otras ocasiones que se ha obviado “el procedimiento administrativo legalmente previsto para gastos de esta naturaleza”.

La jueza considera que “ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas las cuales, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que incidiariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción”.

En el caso de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, la jueza dice que como consejera de Economía y Hacienda desde 1994 a 2004 fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003.

LISTADO DE IMPUTADOS

El listado de imputados es el siguiente: Juan Francisco Sánchez García, exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2004 y posteriormente secretario general técnico de la Consejería de Innovación, desde 2004 a 2010 y director de administración y finanzas de IDEA desde mayo de 2010 hasta octubre de 2012.

Javier Aguado Hinojal, secretario general técnico de Empleo de 2004 a 2008; Lourdes Medina Varo, secretaria general técnica de Empleo, desde 2008 a 2012; Magdalena Álvarez, quien fuera consejera de Hacienda desde 2004 a 1994; José Salgueiro Carmona, viceconsejero de Hacienda con Álvarez desde 1990 a 2004; Antonio Estepa Giménez, secretario general de Impuestos y la Intervención General, desde 200 a 2004; Antonio Vicente Lozano Peña, director general de Presupuestos desde 2002 a 2009. (En la actualidad es viceconsejero de Presidencia con Susana Díaz y se considera hombre de confianza de Griñán).

Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta desde 2000 a 2010; Justo Mañas Alcón, viceconsejero de Empleo desde 2010 a 2012; Juan Luque Alfonso, interventor delegado en Empleo desde 2008 hasta ahora; Gonzalo Suárez Martín, viceconsejero de Innovación desde 2004 a 2005; Miguel Serrano Aguilar, director general de IFA/IDEA desde 2004 a 2008; Jacinto Cañete Rolloso, director general de IDEA desde 2008 a 2009; Antonio Valverde Ramos, director general de IDEA desde 2009; Antonio Lara Revilla, director general de IFA desde 2002 a 2003; Francisco Mencía Morales, director general del IFA desde 2003 a 2004; Pablo Millán Márquez, director general del IFA desde 1999 a 2004; JUan Vela Quiroga, director general de Finanzas de IDEA/IFA desde 2004 a 2008.

CHAVES DEFIENDE LA INOCENCIA DE MAGDALENA ÁLVAREZ

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha defendido este martes la inocencia de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE, y ha dudado de que la juez Mercedes Alaya cite también al actual jefe del Ejecutivo, José Antonio Griñán. Chaves era presidente de la Junta andaluza cuando Álvarez era consejera de Economía y Hacienda, cargo en el que la sustituyó Griñán, en el año 2004, cuando ella fue nombrada ministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Chaves ha subrayado que la imputación “no significa absolutamente nada” ni tiene “ninguna implicación”. “Yo estoy convencido de que cuando fue consejera de Hacienda no tuvo absolutamente nada que ver con el tema de los ERE”, ha sentenciado. Según ha dicho, no cree que la juez impute también a Griñán, que sustituyó a Álvarez en 2004 al frente de la Consejería de Economía y Hacienda. “No lo creo”, se ha limitado a responder al ser preguntado si creía que el actual presidente de la Junta será llamado a declarar como imputado.

En cualquier caso, ha reconocido que se acababa de enterar de la imputación de Álvarez y que no conocía las razones de la misma, por lo que ha precisado que “para tener una opinión un poquito más a fondo” tenía que esperar a saber los motivos de esta decisión judicial. “Me imagino que será porque ha sido consejera de Hacienda”, ha indicado.

La respuesta de la Junta

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, ha señalado que el Ejecutivo autonómico mantiene la “prudencia” ante el nuevo auto. A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vázquez no ha querido valorar el auto por “desconocer” en ese momento la totalidad del mismo así como sus argumentos judiciales pero sí ha apelado al “respeto a la presunción de inocencia” de quienes son o “han sido servidores públicos” y que han realizado “una buena gestión defendiendo hasta el último céntimo de euros público”.

Además, el portavoz del Gobierno andaluz ha querido aclarar que la de imputado es una “figura judicial” para que la persona llamada a declarar “vaya acompañada de un letrado”. Es decir, que “imputado no significa ni acusado, ni procesado ni condenado”.

Respeto absoluto por parte del PSOE

Después la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha expresado el “respeto absoluto” de su partido a la decisión de la juez. En este sentido, ha subrayado que la Junta de Andalucía ha estado “colaborando de verdad” con la Justicia en este caso “desde el principio” y que lo que desea el PSOE es que “se llegue cuanto antes a finalizar la instrucción, que se conozca lo que pasó y que puedan conocerse y solventarse todas las responsabilidades”.

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