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Decenas de altos cargos de la Junta, empresas públicas e incluso sindicatos, implicados en las prejubilaciones irregulares

Actualidad General

Miércoles, 09 de Febrero de 2011 10:46

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Tras la advertencia del Secretario General del PP, Antonio Sanz, de que exigía conocer los nombres de socialistas en la trama de jubilaciones anticipadas irregulares gestionadas por la Junta de Andalucía, en inequívoco mensaje político tras el que se intuía que el PP ya tenía nombres y cargos, la Junta andaluza ha decidido cambiar radicalmente de estrategia y anunciar, ella misma, que ha encontrado, por ahora, 37 casos irregulares de prejubilaciones en diferentes empresas. En ellas, aparece el ex alcalde socialista de El Pedroso, un ex delegado del gobierno andaluz, previsiblemente de Jaén, que trabajó en Cárnicas Molina aunque se prejubiló en Hytemasa y Juan Rodriguez Cordobés, delegado de Asuntos Sociales del ex consejero Isaías Pérez Saldaña. Según fuentes de toda solvencia, las prejubilaciones de Bolidèn pueden aportar nuevos datos de la identidad de cargos del PSOE beneficiados.

Con estos, son ya cinco los socialistas claramente implicados en este tráfico de prejubilaciones. A los ya mencionados hay que añadir el alto cargo del PSOE en Baeza, Antonio Garrido Santoyo, beneficiario del ERE de Mercasevilla, empresa en la que nunca trabajó y el conseguir ugetista Juan Lanzas, orquestador de prejubilaciones varias.

Dado que el dinero, según confesión del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero procedía de un "fondo de reptiles" de alrededor de 650 millones de euros, están implicados cinco consejeros de la Junta, tres de Empleo y dos de Innovación, además de varios directores generales de sus departamentos.

Por si fuera poco, en el caso de las empresas públicas afectadas por prejubilaciones como EGmasa, Cárnicas Molina, Mercasevilla y las que sigan apareciendo, estarán implicados todos los responsables de las operaciones, que, como es costumbre, serán probablemente personas de la órbita muy próxima al PSOE o ligados al propio Partido Socialista.

Cada ERE supone dinero extra para las organizaciones sindicales

Igualmente, Comisiones Obreras y UGT aparecerán implicadas en todos los ERE´s, por los que han cobrado, cuando menos, dinero de las empresas en calidad de "asistencia técnica" o de "intermediación". Esto es, se cobra por despedir o por sacar a trabajadores de la vida laboral. Pero son responsables de lo que firmaron. O bien firmaron los acuerdos con la Junta conscientes de que se iban a producir "añadidos" o no fueron, pero tendrán que contar lo sucedido desde su punto de vista. Igualmente deberán contar qué cobraron y cuánto en cada ERE. También deberán testificar sobre qué se hacía con el dinero sobrante de los ERE, que en algún caso, tenemos perfecta constancia que existió.

No es algo nuevo porque ya se descubrieron operaciones de esta naturaleza en años anteriores.

El 9 de enero de 1995 se publicó con todo lujo de fotocopias que tanto UGT como CCOO habían cobrado 5.750.000 pesetas por negociar con la empresa sueca SKF española una regulación de empleo que supuso la pérdida de 110 puestos de trabajo y una fuerte reducción salarial para los trabajadores que conservaron su empleo. Poco después se hacía público que UGT y CCOO reconocían que era habitual cobrar de las empresas con las que negociaban ajustes.

Lo publicó Álvaro Tizón en El Mundo con estas palabras introductorias: “Los sindicatos cobran sus servicios a las empresas con las que pactan ajustes laborales. Tanto Comisiones Obreras como UGT defienden la legitimidad de estas facturas, y señalan que se trata de una práctica «habitual». Pese a ello, son acuerdos que, normalmente, no dan a conocer a los trabajadores afectados.”

Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo y abogado criticó la “discreción” con la que se acuerdan estos pagos. «Son ajustados a Derecho, y el ocultismo debería desterrarse».

Pero desde el punto de vista sindical, este sistema puede generar la falta de garantías para los trabajadores. ¿Y si una organización sindical acuciada por falta de liquidez acepta una regulación de empleo a cambio de dinero, a pesar de que la misma podría haberse evitado?

Pagos de este tipo fueron detectados en Campsa, Repsol Química o Fesa Enfersa, donde los trabajadores protagonizaron violentos enfrentamientos con la Policía.

También parece haberse realizado en la Administración. En 1990, CCOO y UGT firmaron el III Convenio y alcanzaron un pacto complementario, no publicado en el BOE, que reconocía a estos sindicatos una subvención de 1 millón de pesetas anuales. En junio del 91, el acuerdo fue denunciado a la Audiencia Nacional por otra central, USO. La sentencia obligó a anular la subvención pactada por ambas centrales. También son públicos los pagos realizados tras los ajustes en empresas como SKF, ya citado, o Elcano.

Interviú publicó en noviembre de 2004 que Citibank había reconocido en un juzgado el pago de más de seiscientos cincuenta mil euros a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y FITC por "el esfuerzo que realizaron" durante las negociaciones de cuatro acuerdos laborales. Ese esfuerzo se concretó en cientos de bajas y en pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores. Durante la negociación, Citibank España ordenó pagar 234.000 euros (treinta y nueve millones de pesetas) a los tres sindicato spero, curiosamente, el dinero no se ingresó directamente en las cuentas de las centrales, sino que se abonó a un intermediario, el bufete de abogados Baker & McKenzie.

Mil euros por trabajador fue el importe que pagó Fibracolor a los sindicatos en el ERE (expediente de regulación de empleo) que llevó a cabo el pasado año 2008. En total 280.000 euros se embolsaron los representantes de los trabajadores en un proceso que desembocó en el cierre de la empresa, participada en el 40% por Inditex y en el 26% por el Gobierno catalán.

CGT destapó a través de las actas de un ERE con acuerdo, en el cual se despidieron a 95 trabajadores de la empresa Menaje del Hogar. Tal como aparece en un documento que publica Negocios se hace entrega de 6.500 euros a cada sindicato (CCOO y UGT) a cambio de su inestimable colaboración.

Además del porcentaje que consiguen de algunas empresas como las mencionadas, también pueden cobrar porcentajes por indemnizaciones de despido. Este fue el caso de la empresa Ureche de San Sebastián, con expediente 20/2009/000/000396. “Nos cobraron un 9% del dinero abonado por Fogasa”, afirmaron los despedidos a La Gaceta de los Negocios.

En Andalucía conviene no olvidar que en julio de 2007, Delphi, la Junta de Andalucía y los sindicatos alcanzaron un acuerdo por el que la compañía se comprometía a poner encima de la mesa 120 millones de euros para pagar las indemnizaciones a los trabajadores y ceder a la Administración andaluza el suelo, las instalaciones y la maquinaria de la planta. La empresa había que cerrarla. Antonio Pina, hasta entonces militante del PCE y de IU y líder de Comisiones Obreras en la empresa firmó el cierre y a continuación presentó su solicitud de ingreso en el PSOE. ¿Eso fue todo o hubo compensaciones de otro tipo para los sindicatos firmantes?

La Junta, desbordada por los acontecimientos, trata de controlar los efectos del escándalo descubriendo algunos nombres

Y ya van 37 pero su identidad es por ahora desconocida salvo en los casos ya apuntados y sólo en 12 de las 30 empresas que se están investigando. Enviada esta información a la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y añadiendo los ya descubiertos de la viuda sevillana Carmen Fontela y Antonio Garrido Santoyo, la jueza se verá obligada a formar un "macrocaso" que ya podemos llamar "fondo de reptiles".

Mar Moreno, portavoz del gobierno Griñán, no quiso revelar a la prensa si entre los falsos expedientes se encontraban ex altos cargos o la identidad de las empresas, pero pocas horas más tarde ya se filtraron algunos de los altos cargos implicados que son éstos:

Rafael Rosendo, ex alcalde socialista de la localidad sevillana de El Pedroso (1987-1995 y 1999-2007) y famoso partidario de Pepe Caballos, jun factótum del socialismo sevillano decapitado por Chaves y Griñán, por mediación del ex consejero Viera, ahora implicado en los hechos. .Será por casualidad que el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, el "cantaor" del caso, también fue alcalde de esta población sevillana.

El ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, nombrado en 1998 por el entonces consejero Isaías Pérez Saldaña y que ocupó el cargo hasta 2000, es otro beneficiario

Otro de los altos cargos supuestamente beneficiados es un gobernador civil, ya fallecido, que, según pudo conocer esta redacción, trabajó en Cárnicas Molina, aunque se prejubiló en Hytemasa.

Ahora, tras negarse a investigar parlamentariamente el caso, la Junta sopesa presentarse como "perjudicada" personándose en la causa (y accediendo así a toda la información de las partes) y ha solicitado un informe de fiscalización a la Cámara de Cuentas (como el que ya solicitó para las ayudas a la formación profesional tras el caso Velasco) o la comparecencia inmediata en el Parlamento, posiblemente la próxima semana, del consejero de Empleo, Manuel Recio.

Pero Moreno no ha podido evitar referirse a que en 2005 un informe de la Intervención General de Hacienda -siendo consejero de Economía y Hacienda el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán-, discrepó de este procedimiento. Curiosa y extrañamente, se analizó una muestra aleatoria de 20 expedientes y la conclusión fue positiva por parte de la inspección, cuyos responsables estarán ahora en el punto de mira del proceso judicial.
posdata:copiado

IMA2006,los tuyos tampoco se quedan atras.
mira que eres torpe.
"Si voy al juez a pedir cárcel y no me lo acepta, ¿cómo quedo?". Enrique Crespo, alcalde de Manises por el PP y presidente de la empresa que gestiona la planta depuradora de Pinedo, que da servicio al área metropolitana de Valencia, justificó así ayer haber frenado la presentación de un documento de ampliación de querella que pedía "prisión preventiva" para el gerente y el director financiero de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia, SA (Emarsa), una sociedad pública en la que un juez investiga un fraude de más de 30 millones de euros en trabajos facturados pero no realizados.







El escrito pedía que testificaran el hermano y la mujer del jefe financiero
Crespo, que es también diputado provincial, preside la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), poseedora del 100% de las acciones de Emarsa. El gerente, Esteban Cuesta, es miembro de la dirección del PP en Valencia, que controla Rita Barberá, y el director financiero, Enrique Arnal Llorens, fue concejal de Moncada por Unión Valenciana. La ampliación de la querella, que Crespo ha frenado, para rescindir el contrato con el bufete que la redactó y contratar a otro abogado, pedía "nuevas medidas cautelares" como la prisión preventiva de Cuesta y Arnal "a la vista de la gravedad de los hechos denunciados" y "para asegurar la presencia de los imputados en el proceso". También incluía a cuatro imputados más, entre ellos a José Alcácer García, concejal del PP en Albuixec, como administrador de una empresa que supuestamente participó en un falseamiento masivo del tratamiento y transporte de lodos de la planta depuradora.

Lo que ha hecho la Emshi es enviar al juez toda la documentación en la que se basa y retrasar la presentación del escrito de ampliación de la querella presentada en noviembre que dio pie a la investigación abierta por el juzgado número 15 de Valencia. "Me interesa que se depuren responsabilidades", aseguró Crespo. "¿Pero qué más da que pida cárcel si el juez no lo va a admitir?". Según el presidente del Emshi y de Emarsa, empresa liquidada tras estallar el escándalo, los redactores del escrito, al que ha tenido acceso este diario, olvidaron incluir entre los implicados a los auditores o el secretario del consejo de administración."El juez admitió a trámite la querella el 14 de enero y nosotros le enviamos el día 20 toda la documentación, unos 40 tomos", explicó Enrique Crespo. En efecto, la ampliación de la querella estaba redactada a finales de diciembre y el bufete que la redactó envió a la Emshi un escrito el 6 de enero instando a presentarla "cuanto antes" para que el juzgado pudiera acordar las medidas que estimara oportunas. El 18 de enero, el secretario y el interventor de la Emshi instaban en el mismo sentido en un informe interno a "ejercer las acciones procesales", apoyaban la "necesidad inaplazable" de ampliar la querella y advertían que, "de no presentarse la ampliación de la querella en un plazo inmediato y dado el tiempo transcurrido desde que terminó el expediente" correspondería a los propios funcionarios, debido a su obligación legal de denunciar inmediatamente determinados delitos, "poner en conocimiento del juzgado la documentación".

Crespo respondió enviando esa documentación al juzgado dos días después pero ordenando el cambio de abogados para redactar el escrito al juez. Y el secretario y el interventor de la Emshi, en un "informe complementario", puntualizaban el 25 de enero que no se pronunciaban sobre el contenido del documento de trabajo ya que eso corresponde "a la dirección letrada" y no a los funcionarios. Ambos justificaban el cambio de "dirección letrada" por parte del presidente en que se trata de "una relación de confianza" ante un caso de gran complejidad.

La querella contra los responsables de Emarsa fue consecuencia de una serie de informaciones, que los socialistas llevaron a la fiscalía anticorrupción, sobre el pago a distintas empresas, en varios casos relacionadas con cargos del PP, de servicios nunca prestados o sustentados en contratos irregulares. La iniciativa paralizó la actuación de la fiscalía y propició la apertura de una investigación judicial. Crespo aseguró que se ha hecho una investigación interna en Emarsa que ha llegado hasta donde lo permitían los medios de que dispone la entidad pública. "Le hemos adelantado mucho trabajo al juzgado", comentó, "pero se trata de una investigación de funcionarios hecha con las herramientas de que disponían". Por eso, el presidente de Emshi y de Emarsa pidió prudencia. "Hay que actuar con mucho cuidado", dijo Crespo, que añadió que el escrito de ampliación de la querella que prepara el nuevo letrado estará listo "antes de que acabe febrero".

Si en la querella original por malversación, estafa y administración desleal, se incluía al director gerente y al director financiero de Emarsa, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, respectivamente, así como a dos administradores de empresas de informática y una de una empresa constructora, en la ampliación de querella que Crespo ha echado atrás se añadían dos nombres significativos, el del jefe medioambiental de Emarsa, Adolfo Polo Baixauli, y el del concejal del PP en Albuixec José Alcácer García, en su condición de administrador único de la empresa Hispavas, una de las firmas implicadas en la gestión de lodos de la planta depuradora de Pinedo. Los otros dos nuevos imputados que añadía el escrito son precisamente los gerentes de dos empresas relacionadas también con la gestión de lodos.

Además de solicitar prisión preventiva para los dos directivos de Emarsa, la frustrada ampliación de querella de la entidad metropolitana que Crespo preside solicitaba para Cuesta y Arnal la presentación de una fianza de seis millones de euros cada uno "por ser más ajustada esta suma a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de los ilícitos denunciados". Pedía, por otra parte, que testificaran el hermano y la mujer de Arnal, que facturaron a Emarsa 194.527 euros por cursos formativos y 117.926 euros por servicios de azafatas, respectivamente.

Tras la liquidación de Emarsa, la Generalitat ha dejado en manos de una empresa concesionaria la gestión de la planta depuradora de Pinedo. El Consell pagará 13,5 millones de euros anuales, nueve millones de euros menos de lo que constaba la empresa pública presidida por Crespo y dirigida por Cuesta y Arnal. Emarsa había acumulado, en el momento de su liquidación, unas deudas de 16 millones de euros.

El PSOE de Alcobendas ha criticado la "doble moral" de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por aplaudir la decisión del ya ex alcalde de Boadilla, Juan Siguero, de dimitir tras su imputación en el caso Gürtel "mientras calla ante la imputación del alcalde de Alcobendas por prevaricación, malversación de caudales públicos y negociación prohibida a funcionarios en el 'Caso SotoHenar'.

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava admitió ayer ante el juez del "caso Palma Arena", que el expresidente balear Jaume Matas (PP) le encargó en persona el proyecto del palacio de la ópera de Palma en un desayuno celebrado en Roma ocho meses antes de su adjudicación. Calatrava declaró durante casi dos horas ante el juez José Castro que investiga, dentro de este extenso caso de supuesta corrupción, la adjudicación a Calatrava del anteproyecto del palacio de la ópera en la bahía de Palma, por el que el Govern pagó 1,2 millones y que no llegó a ejecutarse por prohibición de la Junta Electoral, a un mes de los comicios de 2007.

Pero el juez no sólo ha frenado en seco a la Fiscalía. También lo ha hecho con la defensa de Camps, empeñada en demorar la celebración de un juicio en el que el líder del PP valenciano arriesga mucho más política que penalmente, dado que el cohecho impropio sólo se castiga con multa. Ayer, Flors tumbó la petición de los letrados de Camps para que el juez facilitara de nuevo a las partes todas las conversaciones grabadas a los principales imputados en la trama.

Esto ya clama al cielo. Junto a las acciones presuntamente delictivas del Sr. Camps y los otros imputados por el caso de los trajes, ahora resulta que el "piadoso" letrado del PP, da orden de manipular facturas.Lo que dá a entender de que no solo intenta salvar al sr. Camps, si no a todo el Partido Popular. Y me parece intuir, que quieren juzgar al sr.Camps, y solucionar todo el tema con una denuncia, y el resto una vez pasadas las elecciones, y con la victoria en Valencia, se dará por juzgado todo el asunto y a otra cosa .Viva la Justicia.

Pero porque os empeñais en seguir defendiendo lo que no tiene sinrazón. No os dais cuenta que por mas que uno no quiera verlo, siempre ocurre lo mismo -sean de día o de la noche-.
Que razón tenía mi abuela (mujer sabia por su dura vida), POR DONDE PASA EL DINERO, ALGO SE QUEDA.

Tan chusma unos como otros,y mientras cinco millones de parados pasando calamidades,para que yo soy esa nos ilustre cada dia con su verbo y fluidez intelectual,para al final venir a defender a una catelfa de ladrones y demagogos,¿sera el uno de ellos?.

El Alcalde del PSOE del pueblo de Alpandeire,ha sido detenido por la guardia civil por comprar maquinaria de obras robada,y ha dicho que ni piensa dimitir,y que ademas sera el proximo candidato de PSOE para las proximas elecciones municipales sin que haya sido desmentido por su partido,¿como se os queda el cuerpo?.

Es lo mas probale que sea,sino familiar cercano,la chusma siempre cuenta con seudointelectuales dispuestos a batirse el cobre en cualquier foro donde se les critique. estos son los de la lengua aspera, ya sabemos de que. a ver si se le hinchan los huevos ya de una vez a los parados y mandan a su casa a la chusma.saludos al concurrencia.